Aprueban dictámenes en la comisión de gobernación
El Congreso del Estado, reconoce los Derechos de los Pueblos Indígenas
Los diputados, varones todos, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas aprobaron reformar la Constitución Política del Estado de Sonora, a fin de reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la entidad.
El presidente de la Comisión, Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, dijo que el asunto próximamente será llevado a Pleno para su análisis y votación por la totalidad de los y las legisladoras(es) sonorenses.
El diputado José Luis Germán Espinoza, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, explicó la importancia de reformar el Artículo Primero de la Constitución Política del Estado de Sonora, a fin de adecuarla a las disposiciones que en materia de derechos y cultura indígena se seí±alan en el artículo segundo de nuestra Carta Magna.
”Tenemos la oportunidad de reivindicarnos con los grupos étnicos de nuestra entidad», expresó el legislador quien recordó que en legislaturas pasadas se realizaron foros en la materia y se determinaron las principales necesidades sociales, económicas y políticas de los ocho pueblos nativos de Sonora.
Los diputados David Secundino Galván Cazares y Damián Zepeda Vidales consideraron necesario modificar el texto del dictamen incluyendo a grupos indígenas que han llegado en fechas recientes a habitar el estado, para garantizarles también sus derechos y cultura.
Al respecto los legisladores Faustino Félix Chávez y Roberto Ruibal Astiazarán dijeron que la redacción debe ser analizada con detenimiento a fin de evitar contraponerse a disposiciones de índole electoral. Tras esta consideración, el dictamen fue aprobado por unanimidad.
En este tema de la ley de derechos, cultura y organización indígena del estado De Quintana Roo podemos decir que:
El 14 de noviembre de 1997, salió el primer decreto (No. 90) que reforma los artículos 8 y 29, el 20 de octubre del 2006, se derogó la fracción VIII del articulo 17 con el decreto 105, sobre este mismo decreto se reformo el articulo II el 17 de diciembre de 2007.
La finalidad de esta Ley: Es el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y municipal, en la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos.
Los aspectos trascendentales del ordenamiento estatal son:
«¢ Reconocimiento a la Cultura Maya.
«¢ Reconocimiento de otras etnias
«¢ La obligación del Estado para proveer lo necesario para la preservación de los usos y costumbres de la cultura maya.
«¢ El Estado y su obligación para garantizar a las comunidades mayas, los servicios de salud y desarrollo.
«¢ Reconocimiento al Gran Consejo Maya, del Congreso Maya, de sus dignatarios y a los centros ceremoniales de la cultura maya.
«¢ El establecimiento por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la Procuraduría de Asuntos Indígenas.
Antecedentes de la Ley:
Su primera publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo derivó del decreto número 140, expedido por la Honorable VIII Legislatura del Estado, en fecha 31 de julio de 1998. Muy importante seí±alar es, que desde esta fecha dicho ordenamiento no ha sufrido reforma alguna.
El objetivo de esta Ley de justicia indígena:
Establecer el Sistema de Justicia Indígena para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre los miembros de las comunidades a que se refiere la presente Ley; atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Aun, y a pesar de los intentos de ver y dar a los indígenas políticas públicas que los beneficien y que les respeten hasta ahora solo han sido en el papel, este domingo 31 de enero se publico en el periódico el Universal por la periodista Liliana Alcántara la siguiente información:
El sistema de justicia discrimina a indígenas, en México hay una tendencia creciente a criminalizarlos y a usar el derecho penal para reprimirlos, alertan organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Los indígenas sometidos a un proceso penal, enfrentan un sistema judicial que tiene ”graves deficiencias», pero que además los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista, coinciden la Organización de Estados Americanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaí±a de Guerrero Tlachinollan, que seí±alan que los procesos que enfrentan están plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas y falta de traductores.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal reportó en noviembre pasado que en las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal, aunque la PGR dice que son más de mil.
Violación, homicidio, lesiones y robo son delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas. A nivel federal, los más recurrentes son contra la salud: siembra, cultivo, transporte de droga.
Mauricio Camacho, responsable de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, explica que Coahuila es la única entidad que no tiene indígenas encarcelados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Reconoce que los retos del sistema judicial son la asistencia de traductores en los procesos —hay 62 lenguas reconocidas y 364 variantes— y la observancia de usos y costumbres.
En conclusión esta información es en lo general muy interesante de como en casi todas las entidades del país suceden procesos que intentan por un lado, dar un marco teórico- jurídico que estaría buscando igualdad y protección a sus culturas y a los propios grupos Indígenas, sin embargo en los hechos sucede algo que invisibiliza, violenta y vulnera los derechos humanos de este importante sector de la población mexicana, en polvo.
Ana L. Pacheco y Graciela Machuca
Graciela Machuca
