Necesariamente Incomoda….Sin Derechos Humanos NO hay Democracia y sin las Mujeres menos!…

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Graciela Machuca Martí­nez—-

 

 

**México obligado a cumplir con principios propersona y de no regresividad.

**La corrupción no es pretexto para restringir derechos de mujeres, nií±as y nií±os.

**Quien haya defraudado al Estado debe ser investigado, procesado y sentenciado.

**Tanto esperar la Democracia para que?…es pregunta.

 

La lucha de la sociedad civil, así­ como de otros sectores comprometidos con la democracia en México se ha basado en la construcción de una cultura de derechos humanos, de equidad de género, de inclusión y no discriminación, de protección al medio ambiente, entre otros temas que han conformado por aí±os su agenda y que han costado muchas vidas de mujeres y hombres activistas que convirtieron estas demandas en su proyecto de vida.

 

 

A estos temas  hay que agregar los de transparencia y rendición de cuentas, por medio del Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental, pilares fundamentales que permitieron que la sociedad mexicana, poco a poco, fuera construyendo su necesidad de estar informada y saber que como ciudadaní­a tiene el derecho de elegir el destino del paí­s.

 

 

Sin todo este entramado construido desde la sociedad civil, el sector académico, los centros de investigación, periodistas y organizaciones polí­ticas y sociales comprometidas con la sociedad y no con un proyecto polí­tico personal, no se hubiera logrado el éxito que tuvieron en difusión  investigaciones periodí­sticas como la Estafa Maestra y la Casa Blanca, que sirvieron para dar el último golpe al sistema polí­tico creado desde el Partido Revolucionario Institucional y con ello hacer posible, que un electorado harto de tanta corrupción e impunidad haya decidido por la única opción que tení­a al frente, su única esperanza, y no precisamente porque fuera la mejor opción.

 

 

Ahora esa opción polí­tica-electoral tiene en sus manos la Presidencia de la República, la mayorí­a del Congreso de la Unión, la mayorí­a de los congresos estatales y una gran cantidad de presidencias municipales y por ende la facultad legal, polí­tica, moral y ética de diseí±ar, elaborar y poner en marcha polí­ticas públicas que den respuesta a los temas de la agenda de la sociedad civil, respuestas serias y eficaces que nunca tuvieron durante las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional de Acción Nacional.

 

 

Pero ahora que Andrés Manuel López Obrador y su equipo tienen la posibilidad de cambiar al paí­s se olvida que por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos la sociedad mexicana se hartó de los gobiernos priista y panista. Quienes se encuentran engolosinados con las facultades que da el poder y el uso de una normatividad diseí±ada para  que opere un gobierno autoritario y vertical, han decidido sacar  adelante su  proyecto polí­tico a costa de echarle menos cemento y ponerle alambra recocido en lugar varillas a las estructuras de los derechos humanos, equidad de género, inclusión y no discriminación, así­ como a la protección del medio ambiente.

 

 

Diseí±ar una nueva estructura gubernamental sin la transversalidad de los ejes que ahora están siendo sacrificados es un pase de entrada a la antidemocracia, al populismo, a mantener una imagen pública que no le alcanzará ni a López Obrador ni a Morena para las elecciones intermedias si no dan un golpe de timón en este momento o al menos antes que diseí±en los presupuestos públicos para el aí±o 2020, pero para ello deben elaborar y aprobar leyes, construir polí­ticas públicas con la sociedad  civil, la cual debe contribuir a su evaluación, pero de acuerdo a la agenda actual del gobierno federal y su Poder Legislativo esto solo es un sueí±o.

La realidad es que sin presentar fundamentos presupuestales con  perspectiva de derechos humanos, el gobierno federal determinó suspender el apoyo a estancias infantiles y refugios para mujeres ví­ctimas de violencia, como una reacción a la corrupción que se encontró en  el sistema.

 

 

Un gobierno, hoy en dí­a, se construye con polí­ticas públicas y estás deben tener enfoque de derechos humanos, cualquier acción unilateral de los gobiernos, serán  eso, acciones de gobierno sin tomar en cuenta a la sociedad para su ejercicio. Un ejemplo aterrador y preludio de los tiempos convulsos que vienen para el paí­s, es la creación de la guardia nacional con mando y estructura militar, no hizo falta un Golpe de Estado, el presidente de la República, por voluntad propia le entregó la seguridad pública del paí­s al Ejército Mexicano, esa misma institución que de sus brigadas de élite salieron los más sanguinarios para conformar al cartel de Los Zetas.

 

 

La seguridad pública de un paí­s no debe estar en manos e los militares, eso está probado con experiencias de otros paí­s y los expertos  en derechos humanos lo han documentado muy bien. Sacar al Ejército a las calles fue una decisión de Felipe Calderón Hinojoza que provocó que la violencia se incrementara en las calles y que las cifras de personas muertas y desaparecidas rebasaran nivel nunca antes vistos en el paí­s.

 

 

Enrique Peí±a Nieto decidió que los militares tendrí­an que  estar un tiempo más en las calles y terminó su gobierno y no pudo regresarlos a los cuarteles y la violencia continúa; ahora el presidente López Obrador considera que su presencia en las calles es necesaria y urgente porque las policí­as civiles no pueden solas con la delincuencia, pero para que la presencia militar en las calles fuera constitucional, lo más fácil es modificar la Constitución, al fin y al cabo la Carta Magna no tiene voz para protestar ante tanto ultraje.

 

 

Ninguno de estos temas tienen que analizarse por separado, porque los derechos humanos tiene que aplicarse de manera universal y transversal en toda la polí­tica pública nacional y ésta debe estar regida como lo dice el Artí­culo Primero de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos por principios básicos como el propersona y el de no regresividad.

 

 

Ambos principios no están en la mira del nuevo gobierno, cuyos propios operadores principales si tuvieron en sus manos y por obligación de ética polí­tica  deben conocer un documento que en el aí±o 2018 elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se llama Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, que los tres niveles de gobierno deberí­an estar utilizando para operar.

En  su contenido podemos los apartados siguientes:

  1. Hacer Posibles los Derechos Humanos: A. Planeación, Polí­ticas y Presupuestos Públicos con Enfoque de Derechos Humanos; B. Armonización Normativa.
  2. Legalidad, Seguridad y Justicia para los Derechos Humanos: A. Polí­ticas Generales para Recuperar la Seguridad Pública con Derechos Humanos; B. La Ilegalidad, Impunidad y Corrupción como Causa de Violaciones a los Derechos Humanos; C. Verdad, Justicia y Reparación para las Ví­ctimas; El Sistema Penitenciario y los Derechos Humanos.

III. Temas de Atención Urgente para la Vigencia de los Derechos Humanos: A. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; B. Contra la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; C. Contra la Violencia Feminicida; D. Contra la Violencia y Agresiones en contra de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. E. Contra la Trata de Personas.

  1. Empoderamiento y Protección de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad: A. Personas con Discapacidad; B. Nií±as, Nií±os y Adolescentes; C. Personas Mayores y Familias; D. Personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana; E. Población Indí­gena y Afrodescendiente; F. Igualdad entre Hombres y Mujeres; G. Migrantes.
  2. Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: A. Para la Vigencia de los DESCA; B. Empresa y Derechos Humanos.
  3. Compromisos Internacionales: A. Ratificación de Instrumentos Internacionales; B. Otras Acciones en el ímbito Internacional.

 

 

Los contenidos de este documento es lo que deberí­an tener en su radar y como parte medular de plan de trabajo toda persona servidora pública, desde el presidente de la República hasta el que tiene el salario más bajo, todas son importantes para el desarrollo del paí­s, a todas se les paga del dinero del pueblo.

Los organismos públicos de Derechos Humanos no son el ejemplo a seguir y por ello son bienvenidas todas las propuestas para hacer más eficaz su labor, pero no deben estar en la mira gubernamental para quitárselos del camino.

Graciela Machuca Martí­nez

 

 

**México obligado a cumplir con principios propersona y de no regresividad.

**La corrupción no es pretexto para restringir derechos de mujeres, nií±as y nií±os.

**Quien haya defraudado al Estado debe ser investigado, procesado y sentenciado.

**Tanto esperar la Democracia para que?…es pregunta.

 

La lucha de la sociedad civil, así­ como de otros sectores comprometidos con la democracia en México se ha basado en la construcción de una cultura de derechos humanos, de equidad de género, de inclusión y no discriminación, de protección al medio ambiente, entre otros temas que han conformado por aí±os su agenda y que han costado muchas vidas de mujeres y hombres activistas que convirtieron estas demandas en su proyecto de vida.

 

 

A estos temas  hay que agregar los de transparencia y rendición de cuentas, por medio del Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental, pilares fundamentales que permitieron que la sociedad mexicana, poco a poco, fuera construyendo su necesidad de estar informada y saber que como ciudadaní­a tiene el derecho de elegir el destino del paí­s.

 

 

Sin todo este entramado construido desde la sociedad civil, el sector académico, los centros de investigación, periodistas y organizaciones polí­ticas y sociales comprometidas con la sociedad y no con un proyecto polí­tico personal, no se hubiera logrado el éxito que tuvieron en difusión  investigaciones periodí­sticas como la Estafa Maestra y la Casa Blanca, que sirvieron para dar el último golpe al sistema polí­tico creado desde el Partido Revolucionario Institucional y con ello hacer posible, que un electorado harto de tanta corrupción e impunidad haya decidido por la única opción que tení­a al frente, su única esperanza, y no precisamente porque fuera la mejor opción.

 

 

Ahora esa opción polí­tica-electoral tiene en sus manos la Presidencia de la República, la mayorí­a del Congreso de la Unión, la mayorí­a de los congresos estatales y una gran cantidad de presidencias municipales y por ende la facultad legal, polí­tica, moral y ética de diseí±ar, elaborar y poner en marcha polí­ticas públicas que den respuesta a los temas de la agenda de la sociedad civil, respuestas serias y eficaces que nunca tuvieron durante las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional de Acción Nacional.

 

 

Pero ahora que Andrés Manuel López Obrador y su equipo tienen la posibilidad de cambiar al paí­s se olvida que por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos la sociedad mexicana se hartó de los gobiernos priista y panista. Quienes se encuentran engolosinados con las facultades que da el poder y el uso de una normatividad diseí±ada para  que opere un gobierno autoritario y vertical, han decidido sacar  adelante su  proyecto polí­tico a costa de echarle menos cemento y ponerle alambra recocido en lugar varillas a las estructuras de los derechos humanos, equidad de género, inclusión y no discriminación, así­ como a la protección del medio ambiente.

 

 

Diseí±ar una nueva estructura gubernamental sin la transversalidad de los ejes que ahora están siendo sacrificados es un pase de entrada a la antidemocracia, al populismo, a mantener una imagen pública que no le alcanzará ni a López Obrador ni a Morena para las elecciones intermedias si no dan un golpe de timón en este momento o al menos antes que diseí±en los presupuestos públicos para el aí±o 2020, pero para ello deben elaborar y aprobar leyes, construir polí­ticas públicas con la sociedad  civil, la cual debe contribuir a su evaluación, pero de acuerdo a la agenda actual del gobierno federal y su Poder Legislativo esto solo es un sueí±o.

La realidad es que sin presentar fundamentos presupuestales con  perspectiva de derechos humanos, el gobierno federal determinó suspender el apoyo a estancias infantiles y refugios para mujeres ví­ctimas de violencia, como una reacción a la corrupción que se encontró en  el sistema.

 

 

Un gobierno, hoy en dí­a, se construye con polí­ticas públicas y estás deben tener enfoque de derechos humanos, cualquier acción unilateral de los gobiernos, serán  eso, acciones de gobierno sin tomar en cuenta a la sociedad para su ejercicio. Un ejemplo aterrador y preludio de los tiempos convulsos que vienen para el paí­s, es la creación de la guardia nacional con mando y estructura militar, no hizo falta un Golpe de Estado, el presidente de la República, por voluntad propia le entregó la seguridad pública del paí­s al Ejército Mexicano, esa misma institución que de sus brigadas de élite salieron los más sanguinarios para conformar al cartel de Los Zetas.

 

 

La seguridad pública de un paí­s no debe estar en manos e los militares, eso está probado con experiencias de otros paí­s y los expertos  en derechos humanos lo han documentado muy bien. Sacar al Ejército a las calles fue una decisión de Felipe Calderón Hinojoza que provocó que la violencia se incrementara en las calles y que las cifras de personas muertas y desaparecidas rebasaran nivel nunca antes vistos en el paí­s.

 

 

Enrique Peí±a Nieto decidió que los militares tendrí­an que  estar un tiempo más en las calles y terminó su gobierno y no pudo regresarlos a los cuarteles y la violencia continúa; ahora el presidente López Obrador considera que su presencia en las calles es necesaria y urgente porque las policí­as civiles no pueden solas con la delincuencia, pero para que la presencia militar en las calles fuera constitucional, lo más fácil es modificar la Constitución, al fin y al cabo la Carta Magna no tiene voz para protestar ante tanto ultraje.

 

 

Ninguno de estos temas tienen que analizarse por separado, porque los derechos humanos tiene que aplicarse de manera universal y transversal en toda la polí­tica pública nacional y ésta debe estar regida como lo dice el Artí­culo Primero de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos por principios básicos como el propersona y el de no regresividad.

 

 

Ambos principios no están en la mira del nuevo gobierno, cuyos propios operadores principales si tuvieron en sus manos y por obligación de ética polí­tica  deben conocer un documento que en el aí±o 2018 elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se llama Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, que los tres niveles de gobierno deberí­an estar utilizando para operar.

En  su contenido podemos los apartados siguientes:

  1. Hacer Posibles los Derechos Humanos: A. Planeación, Polí­ticas y Presupuestos Públicos con Enfoque de Derechos Humanos; B. Armonización Normativa.
  2. Legalidad, Seguridad y Justicia para los Derechos Humanos: A. Polí­ticas Generales para Recuperar la Seguridad Pública con Derechos Humanos; B. La Ilegalidad, Impunidad y Corrupción como Causa de Violaciones a los Derechos Humanos; C. Verdad, Justicia y Reparación para las Ví­ctimas; El Sistema Penitenciario y los Derechos Humanos.

III. Temas de Atención Urgente para la Vigencia de los Derechos Humanos: A. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; B. Contra la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; C. Contra la Violencia Feminicida; D. Contra la Violencia y Agresiones en contra de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. E. Contra la Trata de Personas.

  1. Empoderamiento y Protección de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad: A. Personas con Discapacidad; B. Nií±as, Nií±os y Adolescentes; C. Personas Mayores y Familias; D. Personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana; E. Población Indí­gena y Afrodescendiente; F. Igualdad entre Hombres y Mujeres; G. Migrantes.
  2. Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: A. Para la Vigencia de los DESCA; B. Empresa y Derechos Humanos.
  3. Compromisos Internacionales: A. Ratificación de Instrumentos Internacionales; B. Otras Acciones en el ímbito Internacional.

 

 

Los contenidos de este documento es lo que deberí­an tener en su radar y como parte medular de plan de trabajo toda persona servidora pública, desde el presidente de la República hasta el que tiene el salario más bajo, todas son importantes para el desarrollo del paí­s, a todas se les paga del dinero del pueblo.

Los organismos públicos de Derechos Humanos no son el ejemplo a seguir y por ello son bienvenidas todas las propuestas para hacer más eficaz su labor, pero no deben estar en la mira gubernamental para quitárselos del camino.

Graciela Machuca

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