¿Ignorancia o valores entendidos en el Congreso de Quintana Roo? -

Graciela Machuca Martínez
Sería una inadecuada consideración decir que todas las personas que integran la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo están cortadas con la misma tijera, ya que soy sabedora de la calidad política y ética de varias de ellas, cuya respuesta y trabajo por el bien de Quintana Roo la estamos esperando.
Sin embargo, es pertinente retomar la inconformidad de la ciudadanía respecto al resultado de las comparecencias de quienes encabezan las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, quienes fueron convocadas a rendir cuentas ante el Congreso, de acuerdo a lo establecido en la fracción XVI del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo que a la letra dice: Solicitar la comparecencia de servidores públicos para que informen, cuando se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia.
Quienes integran la XLI Legislatura, así como sus asesores, deben recibir cuanto antes capacitación en materia legislativa con la finalidad de que tengan claro a qué llegaron a la Cámara de Diputados y no confundan su cargo con el de integrantes de un cabildo o del Poder Legislativo: llegaron a hacer uso de una curul para legislar y defender, con la ley en la mano a la sociedad quintanarroense, no se les debe olvidar que son representantes populares, que de acuerdo a nuestro sistema político, ellos representan al pueblo en uno de los Tres Poderes que gobiernan al Estado de Quintana Roo, por si no lo sabían, los otros dos poderes son el Judicial y el Ejecutivo.
El Artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece cuales son las facultades del Poder Legislativo, así como otros artículos del mismo ordenamiento constitucional.
Pero además, existe la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Quintana Roo, que a su vez, mandata lo establecido en el Reglamento Interno del Congreso. En Quintana Roo por tener una de las Constituciones más recientes y avanzadas del país, se cuenta con los elementos para que nadie se confunda en el ejercicio de facultades dentro de la administración pública estatal.
Durante las comparecencias que van hasta el momento, de personas servidoras públicas, para dar continuidad al contenido del Informe del Gobierno del Estado, alguien les vendió la idea a las diputadas y a los diputados, que carecían de facultades y de conocimientos especializados para preguntarle, con pelos y seí±ales, a quienes iban en representación del Poder Ejecutivo.
El resultado fue una mala imagen del Poder Legislativo, porque quienes representan al pueblo, no estuvieron a la altura de la soberbia y altanería de la mayoría de servidores públicos, quienes trataron a los representantes del pueblo, como si fueran sus empleados y estos demostraron ignorancia o servilismo, simplemente demostraron que les faltan tablas, experiencia y ética política para cumplir con su compromiso desde que el electorado votó por ellas y ellos en las elecciones pasadas y también desde que rindieron protesta de ley como integrantes de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.
El hecho que en la Constitución y en otros ordenamientos legales del estado, se contemplen las comparecencias de servidores públicos, ya no responden a mero lucimiento personal y político de las personas servidoras públicas que van a comparecer, sino a un derecho humano que se llama Derecho a la Información que no solo tienen quienes conforman la Legislatura, sino toda la sociedad.
Una comparecencia va más allá de la forma y del acuerdo de voluntades e intereses comunes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se trata de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. En resumen se trata de una forma de hacer política.
A las mujeres y hombres que integran la Legislatura de Quintana Roo se les olvida que existe el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: ”Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley».
En el Artículo 12 de la Constitución de Quintana Roo, además, de reproducir el párrafo antes de la Constitución Federal ordena que: ”En el Estado de Quintana Roo, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esos mismos ordenamientos establezcan».

El Artículo 7º de la constitución local establece: ”Son Ley Suprema en el Estado de Quintana Roo, las disposiciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución. Los ordenamientos que de ellas emanen forman la estructura jurídica de Quintana Roo».

Pero el presidente de la Junta Directiva del Congreso de Quintana Roo, Gustavo Miranda García, contradice a las constituciones federal y estatal, así como a los tratados internacionales suscritos por México, cuando se le ocurrió decir que ”la confrontación no favorece a nadie», luego de ser cuestionado por la ”tibieza» y falta de compromiso de las legisladoras y los legisladores de hacer valer el Derecho a la Información que tiene la sociedad quintanarroense.
Este seí±or que representan al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que fue adecuado se hayan evitado preguntas que seí±alen errores a los encargados de las secretarías.
Según él, el único afán para hacerlo es el de conseguir popularidad personal por encima del bien común para la ciudadanía.