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Dos versiones de la violencia intrafamiliar

En la sección Mujeres3 por el 7 marzo 2009 a las 3:05 pm

La noche del 4 de abril de 2007, Ricardo Ávila consumió una botella de vodka, se emborrachó, y sucumbió a la vieja costumbre de golpear a su esposa y sus dos hijos. Corpulento, con un metro noventa de estatura y 100 kilogramos de peso, se convirtió, como siempre, en un vendaval imparable para su familia. Esa noche, sumó a la acostumbrada violencia física la imprevisible amenaza de un cuchillo.
Graciela Aguirre, su esposa, intentó defenderse como pudo. Su hija de 15 años, y su hijo de cuatro, ya habían sufrido de la furia paterna. Uno de los actos de defensa de la mujer lo ejecutó con uno de los cuchillos que el mismo hombre había traído para amenazarla. Fue un golpe tirado al azar, desesperado, pero el cuchillo terminó enterrado en el cuello de su esposo. El hombre cayó al suelo y se desangró. Lo había matado.
La mujer pasó seis meses en prisión y otros quince en libertad condicional, registrada por una tobillera electrónica, mientras continuaba el juicio en su contra.
El pasado 17 de enero, el fallo judicial de su caso conmocionó a la Argentina. Un Tribunal Oral del partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, la absolvió del crimen de su esposo, porque, en un hecho inédito, el fiscal del juicio (diferente al de la instrucción) no realizó acusación alguna porque consideró que la mujer había actuado en defensa propia.
El fallo tuvo repercusiones mediáticas de todos los tintes. Hubo alegrías de diversas asociaciones que protegen los derechos de las mujeres y que están preocupadas por el incremento de la violencia intrafamiliar, pero desde algunos sectores hubo también críticas para el fiscal, que no encontró delito a investigar en un asesinato, más allá de sus circunstancias particulares.
En medio de la polémica y de los discursos, unas palabras del juez del Tribunal Oral Criminal 4 de La Matanza, Franco Fiumara, concentraron quizá todos los dimes y diretes. “Puedo asegurar que dormí muy tranquilo, y muy pocas veces me dio satisfacción la Justicia en pleno como lo he sentido ayer”, dijo Fiumara en una entrevista.
EL ICEBERG
Lo que este caso hizo, en realidad, fue sacar otra vez a la luz el tema de la violencia intrafamiliar en Argentina, que cada vez preocupa más a diversos sectores de la sociedad. El ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, reconoció que si las instituciones funcionaran como deben, se podría haber evitado la continuidad del maltrato contra la mujer, y la posterior muerte del hombre.
Un ejemplo claro de este sistema disparejo y que funciona a cuentagotas, se vivió 24 horas antes de la absolución de Graciela Aguirre. En la sureña provincia de Chubut, la Cámara del Crimen de Puerto Madryn condenó a una mujer por arrojarle agua hirviendo a su marido, lo cual le produjo la muerte.
Valeria Pérez Aquino, de 58 años, sufrió durante toda su vida en pareja un trato “muy violento” por parte de su marido, según las pericias psicológicas que se le hicieron. Sin embargo, la justicia consideró que como en el momento en que lo atacó éste estaba acostado en la cama, no fue defensa propia. Ahora le esperan entre 8 y 25 años de prisión.
Este caso también esconde otra parte del problema. Valeria Pérez es boliviana, habla quechua, y no entendió una palabra del juicio que se le seguía. Sólo atinó a pedir perdón de rodillas en el último día del juicio, pero ese acto fue insuficiente. Ahora su caso toma otro rumbo: es una mujer golpeada, torturada psicológicamente durante años, marginada, y confinada a una cárcel, que podría convertirse en el precipitado final de esa vida. Más allá de comparaciones, esta mujer se convierte en la imagen de miles de argentinas y latinoamericanas que podrían sufrir destinos similares, por el entorno de violencia en el que viven.
Atrás de estos dos casos disímiles hay una gran preocupación en ciertos sectores de la sociedad por el incremento de la violencia intrafamiliar. Hasta tal punto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha desde septiembre de 2008 la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona en su ámbito, y está abierta las 24 horas.
En esa oficina, un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y médicos “reciben a la víctima, se labra un acta que funciona como denuncia, se hace una evaluación de riesgos y se deriva, en caso de que la persona quiera, a la justicia”, según explicó Analía Monferrer, quien está a cargo de dicha oficina.
Desde su apertura y hasta el 31 de enero de 2009, esta repartición recibió 2080 denuncias de mujeres y 350 denuncias de hombres afectados por la violencia doméstica. Sólo el cinco por ciento de esas denuncias no tuvieron una derivación judicial, lo cual amerita una reflexión.
“Nosotros pensábamos que iban a ser muchos más los casos que iban a desistir de seguir el proceso judicial o de asistencia, y sin embargo cuando se ofrece este tipo de coordinación, las personas se animan a seguir”, explicó a la prensa Analía Monferrer, “por eso, cuando se observa un homicidio, es porque antes hubo denuncias por amenazas que no tuvieron respuesta satisfactoria”.
Siguiendo ese razonamiento, el problema real, como sucede en México, parece estar escondido detrás de un sistema que no funciona, y de estadísticas insuficientes o poco creíbles. En Argentina casi no hay estadísticas sobre violencia intrafamiliar, pero diversos organismos, como Anmistía Internacional, hablan de un crecimiento muy importante de las denuncias.
Los registros del Poder Judicial hablan de que los casos se cuadruplicaron entre 1995 y 2006, y entre 1997 y 2003 se cometieron 31 violaciones con homicidios y mil 284 mujeres fueron asesinadas. El 68 por ciento de los imputados por esos crímenes son hombres, y tienen relación de esposo, concubino, novio o ex pareja de la víctima.
De acuerdo al Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina en el año 2008, elaborado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, el año pasado 207 mujeres perdieron la vida por violencia intrafamiliar en el país. Pero la recolección de los datos surge desde un  seguimiento a diversos medios de información, ante la diversidad y escasez de las estadísticas oficiales.
Atrás de esa maraña de información está la dura realidad, que es imposible de mensurar por los escasos datos confiables que existen. Antes de matar a su marido, Graciela Aguirre deambuló por comisarías para hacer denuncias que se archivaban, porque no tenía testigos. “Yo no tendría que haber pasado por todo esto. Estar presa en mi casa, privándome de muchas cosas como de llevar a mi hijo al colegio, de poder llevarlo al médico. Me da un poco de rabia”, le dijo a diario Clarín la mujer, luego de ser absuelta. También dijo que la madre de su esposo conocía del caso, y nunca hizo nada por protegerla.
Acaso esas palabras y esos datos sean al fin el muestrario más exacto de una problemática muy común a todos los países latinos (incluidos los europeos) y marquen la necesidad de encarar el tema con soluciones de fondo. Muchas muertes podrán evitarse y muchas vidas podrán salvarse si se toman las decisiones correctas.

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