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El caso Basilia y la ineficacia del estado

En la sección Actualidad por el 26 febrero 2011 a las 7:23 am

Basilia Ucán Nah se convirtió brevemente en una figura nacional cuando su caso se dio a conocer a principios de febrero. La mujer, indí­gena maya de Felipe Carrillo Puerto, fue detenida ilegalmente por la Policí­a Judicial del estado, y luego de un procedimiento amaí±ado e irregular, fue encarcelada a la espera de un juicio por lenocinio y corrupción de menores, que concluyó con una condena a 12 aí±os de prisión.

Hasta allí­, sucintamente, los hechos. El entorno del caso desnuda otras fallas que ataí±en directamente al estado y sus funciones. Ningún organismo oficial de defensa de las mujeres, por ejemplo, llevó adelante una asistencia permanente para Basilia. No hubo funcionaria pública o diputada o regidora que se interesara por el destino de esta mujer maya.

El Instituto Quintanarroense de la Mujer recibe cada aí±o decenas de millones de pesos, pero aún así­ parece haberse convertido en una enorme máquina burocrática sin capacidad de reacción para casos concretos. El IQM apoya a ”las mujeres», pero la dinámica que tiene le hace difí­cil, parece, apoyar a una mujer concreta, de carne y hueso.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por otra parte, se enteró del caso por los diarios. El actual Ombudsman, Enrique Mora Castillo, reaccionó rápido ante los hechos, y confirmó la existencia de graves irregularidades en el proceso, intentando cumplir su función. Sólo el tiempo dirá si cumplió cabalmente esa tarea, o si su impulso fue una reacción a la atención prestada por los medios de comunicación a este tema. El ex ombudsman, Gaspar Armando Garcí­a Torres, cuya

función en la CEDH coincidió con el caso, es ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que es justamente la instancia que tiene la última palabra sobre el caso Basilia. Poco puede decirse de su actuación.

El caso llama la atención, más de allá de sus pormenores, que son desgarradores, porque pone al descubierto todas las citadas fallas del sistema, por la morosidad que han tenido todos esos actores para reaccionar. Hubo tres aí±os de tiempo para que los diferentes organismos asumieran el papel, primero, de investigar el caso, y luego, si lo ameritaba, apoyar a la mujer y exigir justicia.

Nadie lo hizo, y el apoyo para Basilia surgió de mujeres carrilloportenses que no aceptaron la afrenta, y del interés que supieron despertar en organismos nacionales y peninsulares de derechos humanos.

La pesadilla de Basilia comenzó el 18 de marzo de 2007. Fue detenida arbitrariamente por elementos de la Policí­a Judicial; se la acusaba de regentear a dos mujeres menores de edad, a quienes habrí­a llevado asiduamente hasta una cuarterí­a de la zona a tener relaciones sexuales con hombres.

De acuerdo al procedimiento, la mujer habí­a sido seí±alada por las menores de edad, según consta en las declaraciones de éstas. Basilia Ucán declaró ante el Ministerio Público por esos hechos, y luego quedó detenida en la espera de un juicio.

La otra versión de los hechos, que fue constatada por la CEDH, es distinta. Basilia nunca fue asistida por un traductor, a pesar de que sólo habla maya, ni formalmente por un defensor de oficio. Por si solos, esos hechos deberí­an generar la nulidad del proceso.

Pero aún hay más. Ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Ramón Jesús Aldaz Bencomo, las menores dijeron que habí­an sido presionadas para hacer las declaraciones que inculpaban a Basilia, y que en el momento de esa diligencia no habí­an estado acompaí±adas ni de sus padres ni de autoridades del DIF. Otra irregularidad determinante para el caso.

La pregunta parece ser porqué una autoridad se tomó tantas molestias para meter en la cárcel a una mujer que encontró en la calle casi por casualidad. La respuesta podrí­a estar en las palabras del otro detenido por este caso, Ambrocio Granados Mohedano, el dueí±o de la cuarterí­a donde supuestamente sucedieron los hechos.

El hombre dijo que él sólo rentaba los cuartos, y que no tení­a relación alguna con lo que se pudiera o no hacer allí­, pero dijo otra frase inquietante. Aclaró que ”omití­a el nombre de las personas que rentaban los cuartos porque eran personas que ocupaban funciones públicas en Carrillo Puerto, que trabajaban en el gobierno o eran policí­as». Esa frase, increí­blemente, nunca abrió una lí­nea de investigación.

Todas estas irregularidades, mientras no llamaban la atención de autoridades u organismos locales, sí­ lo hicieron con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustí­n Pro Juárez (Prodh) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Yucatán.

Estos organismos coincidieron que en este caso hay una doble discriminación contra Basilia, por indí­gena y por mujer; falta de voluntad para investigar la posible conexión de figuras públicas con la explotación de menores, y una clara seí±al de que la Justicia quintanarroense no cumple con los estándares mí­nimos de derechos humanos en casos de personas marginales o de bajos recursos.

La posibilidad de que trabajadores del juzgado pudieran haber pedido dinero para liberar a Basilia Ucán, es la perla final de un caso sorprendente.

Otro aspecto que deja claro el caso Basilia es que la lucha por los espacios de género en Quintana Roo parece haber quedado en la mera disputa de espacios de poder. Realmente, no parece que la mujer quintanarroense se haya empoderado, lo que serí­a el objetivo final del proceso. Mucho menos si esa mujer es pobre e indí­gena. Simplemente, algunas han llegado a compartir el poder de los hombres, cuyo beneficio no trasciende de sus propias carreras polí­ticas o cuentas bancarias.

A la hora del cierre de esta columna, el caso no ha tenido ninguna resolución en el Tribunal Superior de Justicia del estado. Ojalá que el Máximo Tribunal comience a enderezar un poco esta turbia historia.

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