Palabra de Antí­g ona, Diputadas al Co ngreso

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Por Sara Lovera

La LXII Legislatura que iniciará en septiembre próximo, contará con casi 37 por ciento de mujeres de seis distintos partidos polí­ticos. En total 183, según el análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), cifra que podrí­a variar a favor o en contra, tras procesos que están en disputa.

Esto es ocho puntos porcentuales más que en la actual legislatura. Ello, dice el CEAMEG, sólo y nada más porque los partidos polí­ticos fueron sentenciados por el TRIFE a simplemente cumplir con la ley. Los partidos siguen en actitud de resistencia para otorgar en tiempo y forma el 2 por ciento de sus ingresos -prerrogativas de ley- para asegurar la capacitación de nuevas lí­deres. Además de sus tradicionales mecanismos de control o su ignorancia supina respecto a los derechos de las mujeres.

También los partidos, cuellos de botella para la participación polí­tica de las mujeres, si los dirigen los hombres tradicionales, pondrán escollos para avanzar en hacer efectivas leyes que hoy son solamente de papel y que podrí­an ser aplicadas, mitigar el graví­simo problema de la violencia contra las mujeres y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Una demanda central es legalizar el aborto.

Del PRI y Verde, si logran tener acuerdos en el Congreso, habrá 83 mujeres que pueden no tener la misma visión, pero si alianza; de la izquierda 50 mujeres y de la derecha tradicional 36. Es decir un cúmulo de mujeres que podrí­an hacer la diferencia. Se ha llegado a sólo 4 dí­gitos del 40 por ciento de ley, pero al mismo tiempo esta vez se rebasó el ansiado 30 por ciento que ha propuesto la ONU como mí­nimo para asegurar una masa crí­tica femenina en las cuestiones de Estado.

Lo grave de este asunto es que muchas mujeres llegan a las cámaras sin ningún interés por los derechos humanos de las mujeres. Con franjas de desconocimiento elemental sobre éstos y con visiones distorsionadas de la oportunidad de poder usar su curul y la tribuna para empujar y resolver los problemas de la desigualdad. No se trata de que lleguen y ya. Esto es un pendiente histórico.

Si la gran mayorí­a de las que serán diputadas pertenecen a institutos polí­ticos conservadores, como PRI/PVEM/PAN, no podemos estar muy contentas. Todas las que vienen de esta ideologí­a torcida serán 123, o sea, la perspectiva es más bien negativa frente al tamaí±o del reto, aunque podrí­amos pensar que muchas pueden actuar con autonomí­a.

La última encuesta de INEGI, sobre violencia indica que cerca de 18 millones de mexicanas sufren algún tipo de violencia en sus hogares, sin considerar los millones de mujeres afectadas por la cadena de violencia institucional, los apresamientos ilegales, las desapariciones, las asesinadas (más de 2 mil al aí±o) y por supuesto las que viven violencia por el sólo hecho de ser pobres, indí­genas o sin opciones por edad, etnia o condición social y familiar.

LAS CIFRAS Y LOS RETOS

Las mujeres ganaron en elecciones de mayorí­a, votadas por quienes acudieron a las urnas el 1 de julio, 91 y 92 llegarán por la ví­a de las listas plurinominales.

En la mayorí­a, 45 por la colación PRI-Verde; 18 más por el PRI; del Frente Progresista (PRD-PT-MC) 20 mujeres, y 8 del Partido Acción Nacional.

Las que llegaron por lista (92), la mayorí­a fue de Acción Nacional con 28; luego el PRI con 23; PRD con 21; el Partido del Trabajo llevará cinco; el Movimiento Ciudadano cuatro, y por la votación conseguida el Partido Nueva Alianza, otras cinco, ninguna de ese partido ganó de mayorí­a.

Es decir, habrá una bancada femenina muy plural, que afrontará nuevos retos especialmente lo que significa desafiar a sus entidades de la República para armonizar las leyes de violencia e igualdad en códigos, constituciones, reglamentos, ideas, muy desiguales y que con frecuencia significan atajos para lograr poner en práctica lo que se acuerda desde el centro. Un gran problema.

Las fuerzas femeninas y los abogados del paí­s, en entidades muy dispares, no reconocen que la máxima ley para garantizar la igualdad y los derechos humanos a las mujeres es la Constitución, avanzada aí±os luz respecto de las legislaciones locales.

El otro problema que las diputadas tendrán que enfrentar es cómo llegar a una acuerdo para presidir las comisiones estratégicas. La de Feminicidio, la de Equidad y Género, el partido que dirigirá el CEAMEG y otras comisiones tan importantes como desarrollo social, salud, migración, población, seguridad y presupuesto donde las mujeres con conciencia de mujeres podrí­an hacer la diferencia.

Ello no significa desaprobar la importancia simbólica de esta bancada de 183 mujeres, tras muchos aí±os en que las mujeres no llegaban a más del 20 por ciento, las que se ganaron el nombre de juanitas por renunciar inmediatamente para dejar el lugar a un varón —lo que no se podrá hacer hoy- y la sensación de incomunicación sistemática, por la falta de interés en las cosas de la mitad de la población.

Algunos grupos de mujeres ya festejan estos números. Los muchos aí±os de esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por promover la ciudadaní­a femenina están dando frutos.

Lo contrario a esta sensación satisfactoria, es saber que lo que en el paí­s se juega en estos tiempos, es la gobernabilidad, la violencia y, por supuesto, la democracia. Saber que el proceso presidencial es al menos ilegí­timo, porque precisamente en la venta y coerción del voto, las mujeres del pueblo fueron fundamentales, su doble carga, su dependencia milenaria y su pobreza, no las coloca como actoras para la democracia sino todo lo contrario. Este también es un escollo que no se puede evadir. No festejar, sino asumir el tamaí±o del problema del paí­s, es lo que ahora toca. Veremos.

Graciela Machuca

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