Desde la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir publicarán un desplegado en relación a nuestra querida Lydia Cacho por las recientes amenazas que recibió.
Queridas amigas y compaí±eras
Aunque todavía no está totalmente listo el texto, se los enviamos para que lo vean y si están de acuerdo con él, les pedimos que envíen la firma de apoyo de su organización a más tardar el jueves 9 de agosto a las 14:00 horas, ya que estamos pensando publicarlo el viernes 10 en el periódico Reforma.
Les pido que por favor envíen sus firmas de apoyo también a la siguiente dirección: redessociales@cddmx.org
Ciudad de México, Agosto 8 de 2012
CARTA ABIERTA
Felipe Calderón Hinojosa
Alejandro Poiré Romero
Marisela Morales Ibaí±ez
El pasado 28 de julio, la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, volvió a ser amenazada de muerte por el ejercicio de su trabajo periodístico. La naturaleza y forma de esta intimidación ha escalado. Sin que se escuchara alerta alguna, a través de la bocina de su radio, una voz masculina le advirtió que dejara de meterse con ellos para después lanzarle una seria amenaza de muerte.
En tres ocasiones, la periodista ha sido amenazada de muerte y ha interpuesto las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero la autoridad no ha respondido. Debido al constante nivel de riesgo que padece, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en agosto de 2009. A la fecha, el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad con los seí±alamientos del organismo internacional.
Entre enero y junio de 2012, seis periodistas han sido asesinados por el ejercicio de su labor y 11 más han tenido que recurrir a desplazamientos forzosos. El mayor perpetrador de la violencia sigue siendo el Estado a través de funcionarios públicos locales, municipales y federales. La impunidad es la regla y no la excepción. En este contexto, la periodista Lydia Cacho ha tenido que abandonar el país y, por fortuna, se encuentra a salvo.
La mayoría de las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra periodistas han estado precedidas de amenazas. En el presente caso se enfatiza que el tamaí±o del peligro deriva no sólo del mensaje en sí, sino especialmente de la forma de su comunicación, pues se requiere de alta tecnología para intervenir telecomunicaciones.
Indignadas ante esta situación y en solidaridad con Lydia, quién ha demostrado sobradamente compromiso y congruencia con la defensa de los derechos humanos de las nií±as, las organizaciones firmantes exigen al Estado mexicano:
«¢Cumplir cabal y efectivamente la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para proteger a la periodista y defensora de derechos humanos de las mujeres
«¢Brindarle seguridad y garantizar el libre ejercicio de su trabajo
«¢Responder a su obligación de investigar los hechos y emprender todas las acciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas
Es muy grave que cualquier persona viva bajo la intimidación y que se vea forzada a salir de su país, pero mucho más grave cuando se trata de una mujer que ha dedicado su vida a reguardar los derechos humanos de las mujeres a través de su labor periodística.
No puede haber silencio ante situaciones como ésta. La impunidad no puede seguir siendo la norma de la justicia en México.
¡La sociedad civil organizada exige justicia!
Graciela Machuca
