Palabra de Antí­gona: La Igualdad en la cancha oficial

Por Sara Lovera

El 30 de agosto se publicó en el Diario de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), instrumento rector para las acciones del gobierno tendientes a conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La propuesta del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es integral y prácticamente toca todos los problemas identificados por el movimiento de mujeres y las instituciones, en los últimos aí±os. En todos propone polí­ticas y acciones.

Sus metas parecen inalcanzables o podrí­an considerarse, como sucede con otros programas, ambiciosas pero poco creí­bles.

A la vuelta de 40 aí±os de feminismo, de polí­ticas y seí±alamientos internacionales en el centro un problema básico es que la sociedad no ha cambiado. Que amplios sectores siguen pensando que las mujeres valen menos que los hombres. Por tanto se justifica la discriminación, no se la identifica y millones de mujeres viven exclusión social y violencia; lí­mites a sus derechos y violación a las leyes. De ahí­ que igualdad sustantiva significa igualdad en la vida cotidiana, ya que la ley o la norma no son suficiente, no se cumple o se le da la vuelta. Se desconoce.

Llama la atención que reconozca que a pesar de leyes y acciones, las mexicanas están lejos de conseguir una vida digna, libre y sin violencia; una vida plena y con oportunidades reales en los que, el programa, dice, va incidir sistemática y profundamente. Es ley y compromiso.

El documento plantea, por ejemplo, que sus lí­neas de acción, sus programas, lo que diagnostica y propone debe ser de conocimiento y observancia obligada por todos los órganos de la administración en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. Coincide con el Artí­culo 1º de la Constitución relativo a la defensa, promoción y respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Se funda en las leyes de igualdad, por una vida sin violencia para las mujeres, la de no discriminación y todos los tratados y compromisos firmados por el Estado en los últimos 40 aí±os. Normativas nacionales e internacionales.

Es, tal como aparece el perfil del gobierno actual, una pieza fundamental en el camino reformador. Se funda en una de las cinco lí­neas del Plan Nacional de Desarrollo, (mandatado por la Constitución) y, por tanto, se puede exigir, evaluar y observar antes de la fácil descalificación.

Es verdad que llevarlo a cabo y con éxito tiene grandes dificultades. La primera es el sistema económico, consustancialmente depredador de lo humano; la otra es la desconfianza social al gobierno de Enrique Peí±a Nieto, ahora reflejada en una multitud de protestas, movilizaciones y demandas ciudadanas.

Creo que no es tiempo para  la descalificación anticipada; otra dificultad, central, es la incomprensión dentro de los órganos e instituciones oficiales y de amplias capas de la población, para realmente concebir a las mujeres como seres humanos, con derechos  para construir otra sociedad. Hoy vivimos un panorama devastador  tras 12 aí±os de desgobierno, la violencia creciente y la inoperancia de la legalidad. Tal cual, todo  ello contribuye a que las cosas no avancen. Sin duda.

El reto es derribar esos obstáculos y nadie puede suponer que es rápido, que depende de una persona o un grupo; menos de la crí­tica sin bases sociales, puesto que no tenemos realmente una organización social de mujeres que atempere la desgracia; tampoco podemos pensar que se resuelve en los discursos cuya plaí±idera actitud ignorante es si nombran o no a las mujeres.

Yo creo que urge primero conocer el programa, analizar y vigilar con seriedad y constancia. Lo que el programa dice y mandata, es absolutamente trascendente. ¿Quiénes tienen que hacerlo realidad? Primero los y las funcionarias; luego las y los legisladores —propone una cruzada de armonización legal- y después las y los ciudadanos. También los partidos polí­ticos y lo que se llama sociedad organizada.

Está integrado por seis objetivos transversales —quiere decir para todas las dependencias del gabinete y toda clase de órganos autónomos-; delinea 36 estrategias y 314 lí­neas de acción. Promete autoevaluarse y contiene 18 indicadores con metas para el 2018. O sea, un maravilloso repertorio para observar, dar seguimiento y pedir cuentas.

El mandato es claro: todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben incluir en sus programas la perspectiva de género y eso significa identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las mujeres y las nií±as en las esferas familiar, escolar, laboral, comunitaria, social y polí­tica, e identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica también realizar acciones. Es decir, propone una revolución.

Proigualdad va a necesitar voluntad polí­tica y profundidad. Una cosa que me llama poderosamente la atención es su diagnóstico sobre los medios de comunicación. Ahora las y los ciudadanos han elaborado, sin perspectiva de género propuestas para las leyes reglamentarias de la reforma a los medios. Es decir, no tenemos en la sociedad, ni en los grupos de interés, ni entre las y los especialistas o los que así­ se llaman,  la convicción de la que presumen. Para componer este paí­s se requiere incluir la igualdad entre mujeres y hombres, no hay democracia ni propuesta, sin este componente social, de profunda comprensión.

Es decir, una propuesta ciudadana con perspectiva de género debió entrar al tema de los contenidos de los medios, más allá de la llamada de atención sobre la publicidad. No existe un órgano oficial o civil que analice la programación, el dicho de miles de personajes que se hacen de un micrófono, de centenares de periodistas cuyo lenguaje y discurso vive sin ética de género y desarrolla prácticas discriminatorias todos los dí­as.

Las acciones afirmativas a favor de mujeres y nií±as son indispensables para  eliminar las desigualdades. Pero tienen que estar en la vida de relación cotidiana, en la escuela, en los sindicatos, en las organizaciones, en los medios, en la escuela,  en los partidos polí­ticos, en las empresas, en todas partes. No basta con el propósito oficial. Y este es un gran reto, porque vivimos todaví­a en el caos, en la desvergí¼enza y la corrupción. Pero, ojo, es falso que no se puedan realizar acciones, mientras cambiamos el sistema. Hoy no podemos posponer tareas urgentes, como disminuir la violencia como modo de resolver problemas, por ejemplo, y eso pasa por nosotras y nosotros.

El programa expone que las acciones positivas tendrán  particular atención en las mujeres indí­genas, en las mujeres adolescentes y jóvenes, en las adultas mayores, en las nií±as y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en las mujeres en condición de pobreza, en las jefas de familia; sin olvidar a las que son afectadas por el cambio climático y los desastres naturales y las reclusas, entre otras, grupos de mujeres que deben tomarse en cuenta cuando se elaboren los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales. Y agregarí­a en las instituciones y órganos de la sociedad civil. ¿Si no es así­ qué estaremos reclamando?

Entra al fondo del asunto, reconoce que la cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de las nií±as, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, «naturalizando» la desigualdad de género. Ante esta realidad, prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologí­as tienen un nuevo papel que desempeí±ar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación y la erradicación de la violencia. ¿Con qué instrumentos? Los que debieran formar parte de la segunda oleada que reglamentará la nueva estructura de los medios.

Este punto arriba descrito es para mi algo sustantivo. En la vida diaria, cada mexicano y mexicana convalidan la discriminación y la violencia contra las mujeres sostenidas por esos medios aberrantes. ¿Cómo cambiarlos?

Habrí­a que aprovechar este compromiso empezando ahora mismo. Y no es una postura cristina o simple, mientras no exista una masa crí­tica que combata la discriminación, no podemos esperar con visión subordinada que sean solamente el gobierno y sus agentes quienes podrí­an hacer realidad tamaí±o programa. Se necesita recuperar la humanidad del desbarajuste social a donde hemos llegado.

Por lo pronto hay que dar la bienvenida al programa, conocerlo, diseccionarlo, masificarlo. Esa es una tarea de información y difusión de gran alcance. Además es un instrumento polí­tico y un medio permanente para pedir que camine. Pero ojo, si no lo conocemos no podemos exigirlo. Al INMJERES le toca explicarlo y a las autoridades de todas las dependencias tomarlo en serio. Si no sucede esto como premisa, entonces podremos afirmar que se trata de un plan sin dientes. Hoy tenemos casi 19 mil millones de pesos para desarrollar acciones, como se dice, de género. Hay que ver en qué se pone y cómo, ayudará, pero tampoco es suficiente.

Veremos.

Graciela Machuca