Avanza el punto «¨de acuerdo anti Dragon Mart -

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Cancún, Qroo. La diputada perredista Graciela Saldaí±a Fraire (PRD) ingresó, el pasado 10 de octubre, un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados solicitando a las autoridades estatales y federales investigar los permisos para la construcción del proyecto chino Dragon Mart en el municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, tal como lo anticipó este medio.

Durante la sesión ordinaria celebrada en la fecha mencionada, la legisladora expuso que se trata de un proyecto que ”está violando todo permiso, toda garantía y todas las leyes (…). A mí me gustaría que, por favor, (el punto) se tomara en cuenta, porque lo hemos estado discutiendo».

”No cuenta con los permisos federales en la cuestión ambiental de la Semarnat; no cuenta con resolutivos por parte de la Profepa, puesto que ya hubo un daí±o a las 561.31 hectáreas con que cuenta (…) No tiene ningún permiso y ésa es la situación», agregó, al tiempo que pidió que el punto de acuerdo se aprobara como urgente y de obvia resolución.

Denunció que existe interés del gobernador Roberto Borge en el Dragon Mart, dado que en la entidad se ha decidido ”no actuar hasta que no empiecen a construirlo».

El proyecto, dijo, afecta a la industria, comercio y empleos, además de encontrarse a escasos metros de un área natural protegida, por lo que exigió la intervención de la Profepa y la Semarnat.

AFECTACIONES

La Diputada resumió en cinco puntos las supuestas afectaciones que traería consigo la aprobación del Dragon Mart:

Primera: Implica violaciones al programa de ordenamiento local de Cancún, además de que la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada no precisa los puertos de desembarque y en la zona cercana al proyecto se encuentra el segundo arrecife más grande del mundo, por lo que es prioritario evitar cualquier tipo de afectación.

Segunda: Se debe corroborar y descartar que no existan vestigios arqueológicos en la zona. El Instituto Nacional de Antropología e Historia debe llevar a cabo estudios correspondientes que, por ley, la empresa está obligada a realizar.

Tercera: La operación del complejo implicaría prácticas de dumping operadas en una especie de ínsula china dentro del territorio mexicano; sin el empleo de mano de obra mexicana, pero sí con el trabajo de empleados chinos bajo condicionantes laborales y salariales propias de aquel país, en franca violación a lo establecido por las leyes federales del trabajo e inversión extranjera y de leyes del comercio exterior.

Cuarta: Miles de plazas laborales estarían amenazadas, poniendo en riesgo la estabilidad social y económica de familias mexicanas en Quintana Roo y el resto del país.

”Las empresas mexicanas se encontrarán en seria desventaja, ya que implica prácticas de comercio desleal, contrabando triangulado, competencia desigual, problemas aduanales, comerciales y de respeto a la propiedad intelectual».

Quinta: Al establecerse el complejo a escasos tres kilómetros de la franja costera, se estaría violando el Artículo 27 constitucional, recientemente reformado.

Esta propuesta fue firmada por los diputados guanajuatenses Francisco Arroyo Vieyra y Miguel Alonso Raya. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía para su dictamen.