Quintana Roo: LA NUEVA LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS EN QUINTANA ROO, SALDRí DEL EJECUTIVO

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Graciela Machuca—-

¿Contra quien protegerá Carlos Joaquí­n a las y los periodistas, contra el funcionariado, contra el narcotráfico o crimen organizado?—

El costo de la libertad de prensa en Quintana Roo, ¿lo tendrá una ley?—

Tal vez, pienso yo, que en la coyuntura que se veí­a venir para proteger la vida de las y los comunicadores, el gobernador Carlos Joaquí­n González, se adelanto a los tiempos, y en el mero cumplimiento al mandato presidencial, se le hizo fácil echar atrás la ”ley de protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas» surgida en el gobierno pasado, que diseí±o un grupo de comunicadores.
Hay muchos comentarios al respecto por parte de las y los periodistas:

«¢ Que el gobernador se desquitará de aquellos que armaron la extinta ley, hoy abrogada, porque se ha dicho en corrillos de comedores, que ese grupo de periodistas no apoyo al mandatario estatal en su campaí±a.
«¢ Que es tán descabellada la medida de abrogar dicha Ley que esta acción
fue impugnada por Art 19 y CNDH revisada por la SCJN.
«¢ Que es la venganza de otro grupo de periodistas que no participaron en la ley y que se regocijan por la abrogación de la misma.
«¢ Las y los abogados sostienen que le faltan elementos jurí­dicos, y que a final de cuenteas, ha sido una ley que nunca entro en vigor porque le faltaban dientes.
«¢ La vox populi seí±ala que es la actitud más retrograda del actual gobernante, porque esa ley no se hizo en su gobierno, sino el pasado gobernante que ha sido llamado a cuentas por sus corruptelas de todo tipo.
«¢ La ”Ley Borge» como le llaman, tiene en si una serie de seí±alamientos, supuestos, condenatorios, ante la ausencia y el fin de un gobierno que ofreció ”amistad» en su tiempo y que hoy, ”muerto el rey, viva el rey».
«¢ Otros más se amparan en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, articulo 1º constitucional en el ámbito de los derechos humanos. Nada equivocados, solo que toda reforma requiere de instrumentación jurí­dica legal en cada uno de sus apartados para la aplicación de la norma.

Por su parte, el gobernador, Carlos Joaquí­n González en entrevistas ha sostenido, que se requiere de foros de consulta, nada malo, solo que muchas veces, sino es que siempre, la ciudadaní­a no cree en foros, porque son hechos a modo, y son formas para justificar el objetivo final que empuja al ejecutivo. La pregunta para el actual gobernante es ¿realmente le preocupa la vida de las y los comunicadores?

La pregunta tiene que ver con el espectro social que ofrece una de los estados más jóvenes de la republica (después de Baja California Sur) donde la ley que quiera impulsar poco podrí­a hacer ante la presencia del narcotráfico que asolea por todo Quintana Roo y donde la presenta se protege solita, en la autocensura para evitar muerte segura ante la embestida del narcotráfico que atenta contra todo.

¿Que tipo de ley de protección a las y los periodistas impulsará el Gobernador Carlos Joaquí­n González?

Los protegerá del crimen organizado o del funcionariado que integran su gabinete, y de los cuales, la prensa registra muy bien su actuación como empleados de la administración pública.

Considero que el ejecutivo más que abrogar la ley ya vigente, que aunque le faltaban dientes, debió enriquecerla con mayores elementos, respetando el trabajo de ese grupo de comunicadores que laboraron en el diseí±o. No debió abrogarla, porque esa actitud lo coloca en desventaja de opiniones de grupos que se ven agredidos/as. Y más cuando los llamados ”seguidores» de su gobierno, alabadores de sus obras, sin rubor, asumen el papel de periodistas democráticos defensores de su verdad y no del pueblo que pide a gritos la verdad. Se olvidan que en el ajuste de cuentas cuando estorban no hay género, ni siglas, ni colores, al amparo del crimen organizado, los periodistas corren riesgos, y aun así­, osan llamar a la división para quedar bien con el actual gobierno.

Hoy en todo el paí­s el llamado del presidente Enrique Peí±a Nieto a las entidades federativas ha sido en razón de poner en marcha mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Estos mecanismos que aun se cocinan en varios estados de la república, solo se tienen en seis. El llamado lo hizo en razón de ola de crí­menes contra periodistas perpetrados por el narcotráfico, como ejemplo de ello, el asesinato de Javier Valdez Cárdenas , corresponsal de la Jornada en Sinaloa.
Mecanismos que deben ir acorde a la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor el 25 de junio de 2012, misma que fue diseí±ada para garantizar la seguridad de quienes estén en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión o el periodismo en México.
Siguiendo la norma nacional, las y los periodistas entregaron la ley, hoy abrogada, en agosto de 2012 a la XIV legislatura local, bajo el sustento de dos leyes tanto la federal como dos de los estados, Chiapas y Guerrero, pioneros en protección y fomento a periodistas.

A final de cuentas como corolario, hasta hoy, ninguna ley protege hoy por hoy a los guerreros, a las y los soldados de la prensa.

Quintana Roo, como entidad joven ya deja mucho que decir con la presencia de los carteles del narcotráfico, que colocan en una situación difí­cil la vida de las y los comunicadores. ¿Que tipo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas estará diseí±ando el gobernador y el grupo que lo asesora?

Lo cierto es que el gobernador se enfrenta en Quintana Roo con periodistas de diversos medios con presencia en unos 30 periódicos, 12 de ellos en Cancún, 46 estaciones de radio, 5 televisoras, 18 revistas, y una serie de paginas web, con corresponsales en todos los medios nacionales impresos, radio y televisión, a quienes tendrá que garantizar su vida e integridad.

Más bien, el gobernador debe estar ocupado como hacer llegar información veraz y oportuna con proyectos informativos en materia de los principales problemas de inseguridad, fenómenos naturales y enfermedades que les aquejan, en sus principales lenguas como son la maya, tzotzil, chol y kanjobal, Ingles y Frances, para atender a 1, 501, 562 habitantes, de los cuales 750, 024 son mujeres y 751, 538 son hombres, y que en esta población machista, se agreden y asesinan a las mujeres .
Y debe privilegiar el grado promedio de escolaridad de la población de 15 aí±os y más que es de 9.6, lo que equivale a poco más de secundaria concluida. Y que es superior a la media nacional (9.2) donde debe prevalecer la congruencia para que la comunicación sea el camino para seguir avanzando, en la unidad.
Las y los comunicadores deben privilegiar la cordura ante el escenario incierto que presenta la entidad. Una congruencia es reconocer el trabajo elaborado a lo largo de seis aí±os para lograr una ley de protección a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. La elaboración no es fácil, es todo un proceso de armonización de leyes, y de la realidad que se vive.

Graciela Machuca

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