Riesgoso servicio para Q. Roo
POR ESTO
CHETUMAL, 30 de abril.- Mientras que en Quintana Roo, se pretende reducir el tema de Uber a una consulta popular el próximo 1 de julio, en otras ciudades del país, la empresa digital de transporte continúa acumulando quejas y denuncias de sus usuarios, más recientemente, el problema de renta de cuentas y robo de identidad, con lo cual se ofrece un servicio irregular que ha servido para cometer robos, asaltos, abusos sexuales y otro tipo de delitos.
Recientemente, se dio a conocer que en la Ciudad de México existe un mercado de renta de cuentas de Uber, que ha facilitado el ”robo de identidad», en el que los mismos socios rentan por unos 400 pesos semanales su cuenta y su contraseí±a a chóferes externos, para que éstos puedan trabajar sin que sean los titulares registrados en la cuenta de Uber. El contacto para rentar cuentas, autos u ofrecer servicios de chofer, se puede establecer por redes sociales en grupos de Facebook o en publicaciones en Twitter.
El problema es que esta práctica fomenta el ”robo de cuentas» y los fraudes; o más grave aún: los daí±os, robos y otro tipo de delitos de los que son víctimas, los usuarios.
Incluso, se ofrecen servicios para alterar los registros de la plataforma de Uber, para quitar historiales negativos, simular viajes y hasta crear cuentas nuevas.
Lo anterior se dio a conocer, luego del caso de una joven espaí±ola, que fue asaltada el pasado 23 de marzo por un chofer que había robado la cuenta de un socio de Uber, luego de abordar la unidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Tras el incidente, la empresa reconoció que éste no es un caso único, tras confirmar que en México han existido problemas donde personas se hacen pasar por socios-conductores con la intención de cometer ilícitos. Aunque la empresa rechazó especificar cuántos y en qué ciudades.
El robo de identidad de chóferes de Uber, con propósitos que van desde prestar el servicio de manera irregular hasta el asalto y el abuso sexual, se ha registrado por parte de medios de comunicación y redes sociales, por lo menos desde el 2016.
Lo cierto es que ningún servicio de ERT o plataformas digitales de transporte, se hace responsable por los daí±os o delitos que los chóferes puedan ocasionar a sus usuarios, razón por la que en distintos lugares, se ha recomendado a la población que implemente sus propias medidas de seguridad, lo que los ha llevado a desconfiar de estos prestadores de servicios, al igual que lo hacen con los taxistas tradicionales.
Uno de los delitos más recordados es el feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla, secuestrada, violada y asesinada por un chofer de Cabify, de nombre Ricardo Alexis, en septiembre de 2017. En su momento, la empresa suspendió operaciones en el estado de Puebla, luego de que el gobierno de la entidad cancelara sus permisos. La principal irregularidad por parte de Cabify, fue haber contratado al chofer después de que él mismo fuera dado de baja de Uber.
El problema no sólo se reduce a México, sino que en otros países también han enfrentado conflictos similares, como en Estados Unidos, donde recientemente se dieron a conocer más de una decena de casos de presuntas víctimas de abuso sexual por parte de conductores de Uber, las cuales reclaman que se ponga fin al proceso de arbitraje y sus denuncias se atiendan directamente en los tribunales.
Pero así como estos casos existen muchos más que ni siquiera se dan a conocer, ya que este tipo de empresas digitales de transporte se resisten a estar sujetas a las leyes locales, sino que tienen políticas internas para atender y dar seguimiento a los problemas que se presenten, además que en sus contratos se deslindan de todo problema que pueda ocurrir a los usuarios.
Por otro lado, ante la falta de una regulación más estricta, la empresa Uber aumentó en la primera semana de abril más de 40 por ciento, su tarifa base en los viajes que realiza en Guadalajara y Puerto Vallarta, del estado de Jalisco.
Además, actualmente analiza un aumento de sus tarifas en diferentes ciudades del país, debido al creciente precio de las gasolinas, el encarecimiento del mantenimiento de las unidades y el nivel de inflación, así como para cubrir las ”contribuciones» o impuestos determinados por las autoridades de aquellos estados donde operan; aunque en el resto de los transportistas esto no se les permite, ya que ellos, se sujetan a lo que determinen las autoridades de transportes locales y/o federales.
Además, la semana pasada, se dio a conocer que los Uber dejarían de operar en la ciudad de Torreón, Coahuila, por no contar con la información, ni presentar la documentación solicitada y estipulada dentro de la Ley de Transporte y Movilidad de dicho estado; además de ser considerado como un servicio inseguro para los usuarios, pues resulta que hasta su sistema de identificación ha sido hackeado y se están falsificando identidades de los conductores.
En abril pasado, en el estado de Nuevo Léon, los transportistas denunciaron y entregaron una lista de al menos 500 unidades de Uber que presuntamente operan fuera de la plataforma, identificadas con placa y modelo de vehículo.
En su entrega, los transportistas de Nuevo León acusaron la pasividad de sus autoridades para ejercer acción en contra de las unidades sin permiso y funcionamiento irregular.
Mientras Uber sigue acumulando quejas y denuncias a lo largo y ancho del país; en Quintana Roo, se pretende dejar en manos de una consulta popular su entrada y permanencia.
Graciela Machuca
