Dos mil 900 mdp no tendrían transparencia
POR ESTO
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo dio a conocer que la solicitud del arrendamiento puro por el orden de 2 mil 900 millones de pesos del Gobierno del Estado y autorizado por el Congreso del Estado presenta más dudas que respuestas en torno al manejo de recursos y su aplicación.
Dentro de su análisis, el organismo sostiene que siempre es fundamental y reconocer que se requieren propuestas de gran magnitud para enfrentar los retos de seguridad en el estado, sin embargo, también es importante tener proyectos orientados y sobretodo, apegados a normatividad de procesos financieros y contrataciones.
De tal manera, el Observatorio Legislativo sostuvo en sus observaciones que, en la iniciativa de decreto y en su autorización por parte del Congreso, no se seí±ala como referente normativo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, misma que establece diversas reglas que se deben de cumplir.
En ese sentido, el organismo supone que esto es por considerar que al ser un arrendamiento puro no debe considerarse esta normatividad, sin embargo, debemos considerar que la SHCP pueda hacer alguna observación.
Como segunda observación está la cantidad de recursos que se avaló, ya que en principio el monto solicitado está en los niveles superiores a los 100 millones de unidades de medida ”UDI», por lo que puede caer en los supuestos que en diferentes artículos de la citada ley establece.
El artículo 2, fracción VII seí±ala expresamente que cualquier financiamiento que se contrate es una Deuda Pública, por lo que se debe de considerar que sí se está incrementando los niveles de deuda pública del estado.
Asimismo, el artículo 2, fracción XI de la Ley de Disciplina Financiera precisa que el arrendamiento es un financiamiento. Al respecto de acuerdo a los criterios contables se debe evaluar el proyecto de contrato para ver la correcta clasificación de la operación de arrendamiento, deberá evaluarse si es un arrendamiento capitalizable, además de los conceptos seí±alados en el decreto.
5.- En el artículo 25, se establece que al contratarse este tipo de financiamiento se está obligado a contratarlo en las mejores condiciones del mercado y que deberá inscribirse en el Registro Público íšnico de la Secretaría de Hacienda. Estos seí±alamientos se precisan y ratifican en el artículo 27, de la citada ley.
Más aún, el artículo 29 establece que en estos montos es obligatorio el proceso de licitación. El registro de operaciones está establecido en el artículo 4, de la ley.
Ante esta situación, el Observatorio Legislativo indicó que estará pendiente de los siguientes procedimientos de esta autorización, para saber en qué criterios se ubica y la opinión de la SHCP respecto a la consideración de estas contrataciones. Lo que sí es una observación importante es saber que el procedimiento de selección, contratación y definición de tecnología se dé con total transparencia.
Graciela Machuca
