Necesariamente Incomoda…. Muerte y uso de recursos gubernamentales en las campaí±as

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Graciela Machuca Martí­nez—–

 

 

Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Este precepto bí­blico lo podemos aplicar de manera directa en lo que ha ocurrido y ocurre en el proceso electoral del presente aí±o en México, respecto al uso de recursos públicos de los tres niveles de gobierno en las precampaí±as y campaí±as de candidatos a algún puesto de elección popular.

 

La ciudadaní­a se ha podido percatar que  los partidos polí­ticos y la mayorí­a de los candidatos independientes han utilizado y utilizan recursos públicos y privados que no están regulados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y cuando se presentan denuncias ante las llamadas fiscalí­as de asuntos electorales, sus titulares se hacen de la vista gorda.

 

Ejemplos tenemos muchos desde Baja California, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz hasta Quintana Roo. Una revisión minuciosa de la prensa, así­ como de las denuncias presentadas ante los órganos electorales, nos revela que el uso de recursos públicos, así­ como privados, están a la orden del dí­a, pues  partidos polí­ticos  y personas candidatas gastan dinero y utilizan todo tipo de recursos como si los sacarán de una veta inagotable.

 

Además del daí±o que se le causa a la hacienda pública por echar mano de recursos que los municipios, estados y federación, deben utilizar  estrictamente para acciones de gobierno, también se utilizan recursos humanos que están al servicio gubernamental, porque es el gobierno la instancia que les paga con recursos provenientes de los impuestos.

En Quintana Roo

Por ejemplo, aún está pendiente la investigación sobre el accidente de febrero pasado, en el que estuvo involucrado el vehí­culo en el que viajaba la ahora candidata a presidenta municipal de José Marí­a Morelos, Quintana Roo y su equipo de trabajo.

En esa ocasión, además de seis lesionados, incluyendo a Sofí­a Alcocer Alcocer, murieron la abogada Elena Gutiérrez y José Ramón Sosa Pech. Las ví­ctimas mortales, además de un custodio que resultó lesionado, a pesar de desempeí±arse como servidores públicos estaban trabajando para la entonces precandidata al gobierno municipal  y esposa del secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo.

Han pasado los meses, la elección será en unos dí­as y sobre el peritaje del accidente automovilí­stico no se supo  nada y mucho menos sobre qué estaban haciendo tres personas servidoras públicas, formando el equipo de trabajo de una campaí±a electoral partidista.

 

 

Oaxaca

Este ejemplo de Quintana Roo se dio dentro de la coalición que conforman los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, mientras que en Oaxaca, otro caso de mal uso de recursos humanos se dio dentro de la Coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, cuyos dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal, se niegan a responsabilizarse de sus omisiones y/o complicidades.

 

Recordamos que el pasado 2 de junio fue asesinada, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la fotógrafa y periodista Marí­a del Sol Cruz Jarquí­n, jefa de Información  de la Secretarí­a de Asuntos Indí­genas (SAI) del gobierno del Estado.

 

Cruz Jarquí­n fue enviada, por su jefe inmediato a realizar actividades de comunicación y difusión de la campaí±a del candidato a presidente municipal Hegeo Montero López, precisamente, hermano de Porfirio Montero López, secretario de la SAI.

 

La madre de la fotógrafa asesinada, la periodista Soledad Jarquí­n Edgar, ha solicitado al presidente nacional del PRI, René Juárez, que asuma su responsabilidad, pues permite que se estén utilizando recursos humanos al servicio del gobierno del estado para campaí±as electorales, pero a más de dos semanas de la petición solo ha guardado silencio.

 

A Marí­a del Sol Cruz Jarquí­n, no se le incluye en la lista de comunicadoras asesinadas porque estaba al servicio del gobierno del estado y tampoco se le incluye como mujer ví­ctima de violencia polí­tica, porque el PRI, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no la quieren reconocer como su colaboradora, porque solo estaba comisionada por el hermano del candidato a presidente municipal de Juchitán.

Además, otras voces que dicen defender derechos humanos de las mujeres, se niegan a defender su caso, porque Marí­a del Sol Cruz Jarquí­n tuvo la desfortuna de ser asesinada junto con otra joven  mujer, Pamela Terán, candidata a segunda consejal, a quien se le criminalizó, sin ser sometida a juicio, al ser hija de Juan Terán, una persona que está bajo proceso penal al imputársele delitos de delincuencia organizada.

Sobre los móviles y autores de los asesinatos de Marí­a del Sol Cruz Jarquí­n y de Pamela Terán, así­ como del primo de  la candidata a regidora, Rodolfo Guerra, la Fiscalí­a General del Estado de Oaxaca no ha dicho absolutamente nada, a pesar de que ahora la encabeza un conocido académico y defensor de derechos humanos, Rubén Vasconcelos Méndez.

 

La Fiscalí­a no ha mostrado capacidad para investigar, el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojoza, no ha querido responsabilizarse de que desde su gobierno se estén utilizando recursos para operar las campaí±as polí­ticas del PRI y,  los partidos polí­ticos, que se están beneficiando con este desvió de recursos, han guardado silencio.

Los accidentes y los daí±os colaterales en este paí­s ocurren, pero la pregunta es, por qué  personas servidoras públicas son comisionadas a trabajar en las campaí±as polí­ticas, si los partidos polí­ticos tienes suficientes recursos públicos autorizados para ello. La respuesta es corrupción y doble moral de los candidatos y partidos polí­ticos.

Graciela Machuca

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