Sumisión legislativa al Ejecutivo
POR ESTO
CHETUMAL, 31 de mayo.- En tan solo 15 días, antes de concluir el período ordinario de la XV Legislatura, los diputados del Congreso local aprobaron una serie de polémicas propuestas que afectan al ciudadano, a los transportistas y comprometen el presupuesto de Quintana Roo, con procedimientos sin transparencia y manipulaciones para actuar de espaldas a la sociedad, sólo para cumplir servilmente las órdenes que les dio el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
Un puí±ado de diputados obedecieron al pie de la letra los designios marcados por el gobierno del estado, para que se reduzca el tamaí±o de la vivienda, para que Uber y otras plataformas digitales de transporte puedan operar sin necesidad de concesión, y más recientemente el arrendamiento para ”herramientas tecnológicas» en seguridad por 2 mil 900 millones de pesos, que será asignado de manera directa a una empresa sin transparentar los tratos.
Son temas respaldados por consigna, preparados al ”vapor» y aprobados en ”caliente», de los que incluso hay diputados que no conocen su contenido, dando su voto a favor únicamente por cumplir órdenes de sus partidos y el gobierno en turno.
El pasado 16 de mayo, la XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó lo que llamaron la reforma urbana, promovida por el diputado con licencia Juan Carlos Pereyra Escudero, que incluyó la polémica Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, así como la Ley de Acciones Urbanísticas, que habían sido rechazadas por el Colegio de Biólogos de Quintana Roo por considerarlas incongruentes y sobrepasar las leyes generales.
Con la nueva Ley de Acciones Urbanísticas, que sustituyó a la Ley de Fraccionamientos, se degradan los niveles de vida para las familias quintanarroenses, al autorizar la construcción de casas más pequeí±as para los de clase baja, media y alta; contribuyendo con ello a los problemas sociales que genera el hacinamiento.
Aunque los diputados han intentado justificar las nuevas medidas para las casas, alegando que ahora serán más grandes porque en la ”práctica» se hacían más chicas, la ley es clara al seí±alar que los lotes unifamiliares de las categorías económica, popular y tradicional, tendrán un frente no menor a 6.0 metros, una superficie no menor a 108 metros cuadrados y un área libre mínima del 15 por ciento.
Anteriormente, los lotes de fraccionamientos urbanos de tipo interés social y/o popular no podían tener un frente menor de 7.20 metros, ni una superficie menor de 110 metros cuadrados y un área libre mínima del 20 por ciento.
Igual se achican los lotes unifamiliares de categoría media, que ahora podrán tener un frente no menor a 7.2 metros, una superficie no menor a 144 metros cuadrados y un área libre mínima del 20%; a diferencia de la ley anterior que autorizaba lotes con un frente no menor de 10 metros, ni una superficie menor de 200 metros cuadrados y un área libre mínima del 20 por ciento.
También se reducen los lotes unifamiliares de las categorías residencial y residencial plus, que tendrán un frente no menor a 8 metros, una superficie no menor a 180 metros cuadrados y un área libre mínima del 25 por ciento. En este caso hablamos de una disminución de 4 metros de frente y casi el 50 por ciento de superficie, ya que en la ley anterior los lotes para esta categoría no podían tener un frente menor de 12 metros ni una superficie menor de 300 metros cuadrados, así como espacios libres con un mínimo del 30 por ciento de la superficie total de cada lote.
El pasado 28 de mayo, los diputados locales aplicaron un ”madruguete» a los taxistas al aprobar sorpresivamente la nueva Ley de Movilidad para el estado de Quintana Roo, con la cual se autoriza la entrada de Uber y demás plataformas digitales de transporte para que puedan operar libremente en el estado.
La Ley de Movilidad fue planchada el mismo día en comisiones y aprobada inmediatamente por el Pleno legislativo, durante la Sesión Ordinaria número 28, ya sin tener que esperar una consulta popular que se planteaba amaí±ada para que les diera el pretexto de aprobar la entrada de Uber, la cual los diputados ya tenían como consigna dictada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
Para facilitar los planes del gobierno del estado en cuanto al tema Uber, la XV Legislatura creó a modo una nueva Ley de Participación Ciudadana, el pasado 28 de marzo, metiéndola y aprobándola de urgencia para que el mandatario estatal pueda solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) la consulta popular de plataformas digitales de transporte, propuesta para el día de las elecciones en el municipio de Benito Juárez, aunque al final ya no se hizo y la Ley de Movilidad quedó ”planchada» sin tomar en cuenta a los taxistas.
El gremio taxista se dijo traicionado por el actuar tan autoritario del gobierno y legislatura en turno, ya que sin mayor consulta autorizaron la entrada de Uber a Quintana Roo, pero con una regulación que todavía debe estudiarse a fondo, pues los transportistas sienten que será una competencia muy desleal y que sólo busca acaparar el turismo del norte del estado, amenazando su trabajo y el sustento de miles de familias que dependen de la ”taxeada».
La muestra final de su sometimiento servil al Poder Ejecutivo la dieron los diputados el pasado 30 de mayo, justo en la sesión de clausura del período ordinario, donde en menos de 24 horas aceptaron, dictaminaron y aprobaron al gobierno del estado la contratación de un arrendamiento puro de hasta 2 mil 900 millones de pesos, que será utilizado para adquirir ”herramientas tecnológicas» en materia de seguridad, aunque sólo aplicará para la ciudad de Cancún y no en todo el estado.
Los diputados no quisieron transparentar ante los ciudadanos la iniciativa, y por eso no la incluyeron en la orden del día de la sesión del martes en la noche, sino que al finalizar los puntos de la misma hicieron que el presidente de la mesa directiva la pusiera a consideración del pleno, de manera sorpresiva y sacándosela de la chistera.
Ya el miércoles los diputados simplemente la dictaminaron y la aprobaron si cambiarle ni una coma ni un tilde, y seguramente también sin leer la iniciativa, como ha sucedido con la mayoría de las reformas y leyes que han aprobado por órdenes del gobernador.
La enorme erogación compromete el presupuesto estatal, porque contempla que los pagos mensuales serán de 39 millones de pesos, que por el plazo de 51 meses del arrendamiento arroja una cantidad de mil 900 millones de pesos, sin que se explique correctamente para qué se ocuparán los mil millones restantes.
Además, este gasto en materia de seguridad no incluye la construcción del edificio que albergará el C5, tampoco implica la adquisición de equipamiento para elementos policíacos, ni cámaras adaptadas a las patrullas.
Mucho antes de que la propuesta fuera presentada y el costoso arrendamiento se aprobara, era algo que ya se había preparado con anticipación, dando instrucción a los diputados para que solamente dieran su voto a favor, sin cuestionar y sin decir nada.
La semana pasada, el día 23 de mayo, la XV Legislatura preparó el terreno al gobierno del estado para manejar este arrendamiento como mejor le convenga, ya que primero aprobó una serie de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, con lo cual se exceptúa del requisito de licitación a aquellos servicios preparatorios o accesorios para la contratación de créditos y financiamientos, así como los relacionados a la seguridad pública del estado.
Con esta propuesta, que fue presentada por el gobernador Carlos Joaquín González, se permite que las dependencias y entidades bajo su responsabilidad puedan fincar pedidos y celebrar contratos de manera directa, sin llevar a cabo las licitaciones en aquellos servicios preparatorios o accesorios a la contratación de financiamientos, tales como los servicios prestados por empresas de los sectores bancario o bursátil, relativos a operaciones de adquisición de divisas, valores, productos y activos financieros.
También se incluye la celebración de contratos de fideicomiso, los servicios financieros, los prestados por agencias calificadoras, los de estructuración financiera, colocación de valores, recaudación, administración de fondos y demás operaciones previstas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
De igual manera, se exceptúan de la licitación los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, la adquisición de recursos materiales, equipo y tecnología necesarios para destinar a la seguridad pública, lo cual se relaciona con el arrendamiento en materia de seguridad de hasta por 2 mil 900 millones de pesos, aprobado hace dos días; por eso el gobierno tenía la urgencia de hacer estas modificaciones, sirviéndole los diputados como un mero conducto para lograr su objetivo.
La XV Legislatura ha sido fuertemente cuestionada por distintas asociaciones civiles en el Estado, porque los diputados están haciendo todo lo que criticaron de gobiernos anteriores, que es actuar a espaldas de la ciudadanía, de manera autoritaria, con falta de transparencia, derrochando los recursos públicos y siguiendo sus intereses personales, los de sus partidos y el gobierno en turno.
Graciela Machuca
