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Necesariamente Incómoda

En la sección Libertad de Expresión y Periodismo, Polí­tica por el 31 agosto 2018 a las 12:12 pm

Graciela Machuca M*

–Asesinatos de periodistas sin respuesta del Estado mexicano.
–Quintana Roo, foco rojo y la responsabilidad del congreso local.
–Demagogia del gobierno federal en torno al Mecanismo de Protección.

Sin duda, en México seguiremos contando uno a uno los casos de personas periodistas asesinadas porque ni el gremio periodí­stico ha dado muestras de unidad y fortaleza, ni el Estado mexicano tiene el mí­nimo interés de resolver a fondo este asunto, mientras cientos de familias se quedan en la orfandad o con la esperanza de que algún dí­a aparezcan sus seres queridos que se encuentran desaparecidos en Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Michoacán o Tamaulipas, solo por mencionar algunos estados, donde más de una treintena de periodistas se encuentran desparecidos.

2018 ha sido un aí±o fatal para el periodismo quintanarroense, porque en unos cuantos meses ya suman tres periodistas asesinados, sin que las autoridades de procuración de justicia del ámbito federal y estatal ofrezcan avances de las investigaciones de los dos primeros casos y ahora se suma el lamentable asesinato de Javier Rodrí­guez Valladares, camarógrafo del Canal 10 de TV que opera en Cancún.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles 29 de agosto, cuando Rodrí­guez Valladares se encontraba reunido con una persona, al parecer en tratos para la compra-venta de un automóvil y en ese momento ambos fueron asesinados a balazos, A Javier también le fue robado su teléfono celular y su vehí­culo.
La Fiscalí­a General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a las pocas horas emitió un comunicado por medio del cual afirmó que el periodista asesinado se encontraba fuera de su horario laboral y sin uniforme de la empresa para la cual laboraba, por lo que los hechos no tienen nada que ver con la libertad de expresión, Boletí­n que el propio fiscal circuló.

En Quintana Roo, la institución de procuración de justicia solo está para criminalizar a las ví­ctimas y para justificar su incapacidad para investigar con base en métodos cientí­ficos y con ética profesional.

Las amenazas, el hostigamiento, las campaí±as de desprestigio, la agresión fí­sica, los ataques cibernéticos en contra de periodistas, no solo han quedado en eso, porque la lista de atentados fatales va en aumento, como ocurre en otras entidades del paí­s.

El 30 de junio de 2018 fue asesinado en Felipe carrillo Puerto, José Guadalupe Chan Dzib, colaborador del periódico digital Playas News; el 24 de julio siguiente asesinaron a Rubén Pat Cauich, director de Playa News en Playa del Carmen. A esta historia hay que agregar que en diciembre del 2009 fue asesinado Alberto Velázquez en Tulum, director del diario Expresiones.

Este 30 de agosto, Dí­a Internacional de la Desaparición Forzada, se recuerda que está en calidad de desaparecido Oscar Dí­az Peniche, exdirector de Novedades de Quintana Roo y Grupo Turqueza.

Sobre estos atentados a la libertad de expresión, ni la ahora Fiscalí­a General de Justicia del Estado, ni la Fiscalí­a Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Procuradurí­a General de la República (PGR) han dado muestras de eficacia en su trabajo de investigar tanto las causas como la identidad de los responsables materiales e intelectuales.

La indignación, el miedo, el terror y la desesperanza nos corroe el alma, el espí­ritu, la vida, cuando comprobamos, una vez más, que a las autoridades de procuración de justicia no les importa la integridad fí­sica y emocional de las mujeres periodistas y de los hombres periodistas, porque prefieren que haya silencio, terror, muerte, olvido, antes de que salgan a la luz públicas sus actos de corrupción e incapacidad.

En Quintana Roo, cuando la XV Legislatura local decidió abrogar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con la complicidad de personas que se dicen integrantes del gremio periodí­stico oficial, se envió un mensaje polí­ticamente claro, en el sentido de que quedaba el campo libre para asesinar periodistas, porque al poder Legislativo, no le interesa lo que suceda con el gremio periodí­stico y los resultados ya los tenemos a la vista: tres periodistas asesinados, uno en junio, otro en julio y uno más en agosto.

Ahora, espero la respuesta de quienes promovieron que la ley de protección se abrogara, quienes sin conocer de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos avalaron su abrogación, motivados por un impulso netamente visceral respaldados en el poder. El poder Legislativo decidió ese acto criminal y por ello tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo, porque las legisladoras y los legisladores faltaron a su promesa de hacer cumplir la Constitución, entre sus obligaciones estaba la de fortalecer esa ley y generar polí­ticas públicas de prevención contra la violencia contra periodistas.

Del gobierno federal, hay mucho que decir, pues a pesar de operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ni a la Cámara de Diputados ni al presidente de la República, mucho menos a los secretarios de Gobernación en turno, les interesa que la protección sea eficaz.
En la misma tarde que asesinaron a Javier Rodrí­guez Valladares en Cancún, Quintana Roo, desde la Ciudad de México, un colectivo de organizaciones civiles dedicadas a promover la libertad de expresión, emitieron un pronunciamiento para exigir al Estado mexicano mayores recursos para el referido mecanismo de protección. Dí­as antes hicieron lo propio la oficina en México del alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dicho pronunciamiento sostiene que por segunda ocasión el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), informa que los recursos para implementación de medidas se han agotado, poniendo en un mayor riesgo a las 702 personas que actualmente son beneficiarias de esa institución.
El Espacio OSC se suma a la exigencia de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), haciendo un llamado al Gobierno mexicano para destinar recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Mecanismo, el cual tiene como objetivos implementar medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección para garantizar la vida, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

El Mecanismo ha expresado contar con una insuficiencia presupuestal en el fideicomiso del «Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas», por lo que dichos recursos podrí­an agotarse en las próximas semanas, generando un incumplimiento en la implementación de medidas de personas que actualmente son beneficiarias, así­ como impidiendo que nuevas personas en riesgo fueran protegidas adecuadamente. Si bien el citado Fondo no financia todas las medidas de protección, sí­ aquellas destinadas a personas defensoras y periodistas que, de acuerdo al análisis de riesgo, mantienen un mayor nivel de riesgo por lo que se requieren medidas más drásticas.

*Graciela Machuca Martí­nez, consejera suplente del Consejo Consultivo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; corresponsal en Quintana Roo del Noticiario Detrás de la Noticia y Directora de la Revista Maya sin Frontera que se edita en Quintana Roo.

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