México: el cuarto poder en el alambre

MIREIA Pí‰REZ CARRETERO 24 OCTUBRE 2018

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”Observatorio Crí­tico de los medios»

«Un periodista no es un cliente rentable», le dijo al reportero mexicano Jacob Morales al intentar contratar un seguro de vida. En su paí­s matan un promedio de 8 periodistas cada aí±o -sólo un 10% de los casos se resuelven y la mayorí­a trabajan entre salarios miserables, amenazas, presiones y encarcelamientos. Informadores mexicanos acogidos en Barcelona denuncian la disminución de fondos para proteger el colectivo, una situación que no se prevé que mejore con el nuevo gobierno de López Obrador.

El 23 de marzo de 2017, un poco después de las 7 de la maí±ana, asesinaron a tiros la periodista Miroslava Breach, corresponsal en Chihuahua del diario mexicano La Jornada, en la puerta de su casa. El asesino dejó una nota en el lugar de los hechos: «esto te pasa por lenguona». Breach habí­a sabido narrar complejas relaciones entre crimen organizado, empresa y polí­ticos del estado de Chihuahua, «el laboratorio neoliberal de lo que acabarí­a siendo México», según la recuerda Luí­s Hernández Navarro, jefe de opinión en el mismo diario.

Un par de dí­as después del asesinato, el periodista de La Jornada y del semanario Riodoce Javier Valdez tuiteaba una consigna desgraciadamente oportuna: «Que nos maten a todos, en la condena para informar sobre este infierno». El 15 de mayo asesinaban Valdez a tiros a la salida de la redacción de Riodoce a Culiacán.

A Miroslava la Mataron por miedo y lengua larga. Que nos matan a todos, si esa es la condena de muerte por reporte este infierno. No al silencio.

– Javier Valdez (@jvrvaldez) 25 de marzo de 2017

Breach y Valdez son sólo dos de los 139 periodistas asesinados en México en los últimos 18 aí±os según los datos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sólo un 10% de los casos recogidos han sido resueltos a estas alturas. Más allá de los asesinados, Luisa Martí­nez, profesora mexicana en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que la situación que viven los periodistas en México va más allá de la violencia visible, de aquella que mata. Este clima de inseguridad comprende amenazas, presiones y encarcelamientos, y tiene consecuencias psicológicas muy difí­ciles de calcular.

Informar entre el miedo y la precariedad

El periodistas Jacob Morales y Luis Daniel Nava trabajan por el medio El Sur de Acapulco, una ciudad de 670.000 habitantes donde hubo más de 900 homicidios en 2017 -2529 en todo el estado de Guerrero-, según datos del mismo diario . Tanto Nava como Morales denuncian los salarios miserables que reciben para informar. Trabajan sin contrato ni seguro de salud y cobran de media unos 100 pesos por crónica, que equivalen a poco más de 4 euros. Son en Barcelona acogidos por un programa de estancias temporales para personas amenazadas por ejercer su profesión, organizado por la Mesa para México y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Hasta hace unos meses, Morales cubrí­a las movilizaciones contra la presa hidroeléctrica de La Parota. En el mes de enero, se encontró en medio de un enfrentamiento en el que la policí­a mexicana abrió fuego contra un grupo de policí­as comunitarios (civiles armados y elegidos en asamblea por las comunidades). Pocas semanas después, Morales recibió amenazas de muerte. Tras trasladarse a la capital de Guerrero, Chilpancingo, el estado le ofreció una protección que él rechazó, debido a la implicación de varias instancias gubernamentales en los asesinatos y amenazas a periodistas. Finalmente terminó aceptándola para evitar posibles represalias: «Cuando matan a un periodista, las autoridades intentan exhibir públicamente que no ha sido asesinado por su ejercicio profesional y justificar que tení­a ví­nculos con el crimen organizado». Ni siquiera la iniciativa privada se hace cargo: Morales explica que, al querer contratar un seguro de vida, la aseguradora se habí­a negado a hacerle porque «un periodista no es un cliente rentable».

Graciela Machuca, directora del medio Maya sin Fronteras del estado de Quintana Roo, coincide en seí±alar la criminalización de los periodistas asesinados por parte del Estado. Denuncia que, si bien existen compromisos estatales para la protección de los periodistas, la falta de fondos para mantenerlos pone en riesgo la seguridad de los informadores y de los defensores de derechos humanos que se han acogido. «Entre los aí±os 2014 y 2018, el presupuesto para el fondo de protección ha ido descendiendo considerablemente», explica. «Desde el 1 de octubre de este aí±o, el fondo público que financia el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra a cero» y, por tanto, «no hay dinero para pagar a la empresa concesionaria «. Ella misma recibió amenazas para cubrir los ví­nculos de las organizaciones de tráfico de personas con las autoridades.

En cuanto a las posibilidades de cambio que ofrece el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Machuca es de la opinión que la escalada de violencia no acabará pronto.

En todo caso, una resolución llegarí­a a medio o largo plazo «sólo en tanto que exista una voluntad polí­tica de ejercer cambios en las instancias de derechos humanos» y que se incluya también el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. La periodista enfatiza la necesidad de ejercer un cambio profundo, ya que «sobre el papel hay muchas propuestas escritas que no se llegan a reflejaren la realidad», denuncia. Hay que recordar, además, que el presidente electo ha sido denunciado recientemente por organizaciones como el CIMAC, la Red Nacional de Periodistas y la organización Periodistas a Pie por el trato machista a una periodista.

Los propios medios aplican algunos mecanismos de protección. En La Jornada cambian de zona algunos reporteros después de que publiquen informaciones sensibles o evitan que los artí­culos comprometedores aparezcan firmados. constantemente si el valor de la información que publican compensa el peligro que representa para los periodistas hacerla pública.

Ante la falta de protección por parte de autoridades y empresas periodí­sticas, grupos de periodistas han creado redes de apoyo, como la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero. Nava destaca la importancia de tejer redes de apoyo entre periodistas, tanto a nivel estatal como nacional e internacional, para establecer protocolos propios de seguridad entre profesionales.

Deberes pendientes de los medios de nuestra casa Estados como Guerrero arrastran hace aí±os las consecuencias de la dura represión a las luchas cí­vicas y populares del perí­odo de los aí±os 70, conocido como la guerra sucia, que ha continuidad hasta hoy, apunta Hernández. Podemos situar, sin embargo, el inicio del ciclo de la violencia moderna en 2006 con la declaración de «guerra contra el narcotráfico» del presidente panista Felipe Calderón (2006-2012). El despliegue del ejército, supuestamente para combatir el crimen organizado, ha generado un fuego cruzado entre cárteles y fuerzas armadas pero también entre diferentes cárteles, que ha escalado hasta el punto actual con la connivencia de instancias polí­ticas a varios niveles. «Más que de corrupción, yo hablarí­a de captura del estado.

Hay partes de México que ya están completamente gangrenadas «, afirma Hernández. En este contexto, los asesinatos y amenazas contra los profesionales de los medios son un sí­ntoma más de un fenómeno amplio. Según Hernández, a un periodista es la manera de sentenciar que «el relato que existirá será aquel que ellos permiten que exista». Cuando preguntamos qué podemos hacer desde los medios de los Paí­ses Catalanes, tanto Hernández como Machuca lo tienen claro: informar de la situación en México y hacer hincapié en la gravedad de la represión. Machuca destaca que ha sido gracias a presión internacional que el gobierno ha admitido públicamente la violencia contra los periodistas y que se ha comprometido a protegerlos, aunque resulte insuficiente. Según Hernández, los medios extranjeros debemos fiscalizar las redes clientelares que van más allá de las fronteras mexicanas.

Explica cómo la prensa de aquí­ ha hablado muy poco de los agentes del tejido empresarial o judicial espaí±ol que han tenido que ver con el hecho de que la justicia estatal pusiera en libertad Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila detenido en Madrid por ví­nculos con el crimen organizado. Por ejemplo, Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo que articula los intereses de las empresas turí­sticas espaí±olas en la Rivera Maya, y el juez Baltasar Garzón, que trabajó como asesor del PRI (partido de Moreira) y tiene ví­nculos con el juez Santiago Pedraz, que puso Moreira en libertad. Este tipo de conexiones y redes transnacionales deben ser fiscalizadas desde los medios, ya que, como recuerda la periodista Majo Siscar, miembro de la Mesa para México, «Espaí±a es el segundo socio de México y hay que exigirle responsabilidades «.

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Graciela Machuca

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