Clic Para Compartir

La protección para periodistas en México fuera de las prioridades del gobierno

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 21 mayo 2020 a las 3:23 pm

Necesariamente Incómoda

**Otro periodista es asesinado en Sonora, a pesar que contaba con protección.
Graciela Machuca Martínez
Es evidente que al gobierno de México no le interesa la protección de quienes ejercemos el quehacer periodístico y de quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos, porque a pesar de ser beneficiario de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue asesinado el 16 de mayo, el periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del rotativo Tiempo y “Medios Obson”, quien fue víctima de una agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora.
El gremio periodístico nacional, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, exigen una vez más que las autoridades de procuración y administración de justicia realicen su trabajo. La Fiscalía de Sonora ha dado muestras de profesionalismo en otras investigaciones, por lo que se espera que en esta ocasión actúe con eficiencia y profesionalismo para encontrar las evidencias científicas para esclarecer el caso y llevar ante un juez a los responsables.
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), considera alarmante la falta de efectividad, eficiencia y vigencia de los mecanismos públicos para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Condenó “enérgicamente el homicidio del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del rotativo Tiempo y “Medios Obson”.
Con este homicidio suman ya 159 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde el año 2000 y el sexto caso en lo que va del 2020.
El sábado 16 de mayo a las 15:00 horas, el periodista Armenta Ávalos fue agredido por sujetos desconocidos que le dispararon con armas de fuego al salir de un comercio en Ciudad Obregón, Sonora, donde había sostenido una reunión con elementos de seguridad pública de la localidad; en el sitio perdió la vida el comunicador y un integrante de dicha corporación policial, quien fungía como uno de sus escoltas, el otro resultó gravemente herido.
Armenta Ávalos había sido amenazado de muerte por integrantes del crimen organizado, por lo que solicitó que el Mecanismo de Protección le brindara protección, sin embargo, las medidas fueron insuficientes, porque se permitió que elementos de seguridad pública municipal le dieran la protección personal, a pesar de que estos elementos no fueron capacitados para tal propósito.
La Secretaría de Gobernación y el gobierno de la República consideran que su obligación de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos ya está cumplida cuando la Junta de Gobierno emite medidas de protección, pero hasta el momento no se han percatado que este mecanismo no está cumpliendo con su cometido, porque a pesar de no contar con los recursos técnicos y humanos suficientes e idóneos, exdirectivos se han dedicado a saquearlo, llevándose al personal a otras encomiendas que tienen, dejando al mecanismo sin el personal debidamente capacitado.
Esperemos que en la próxima junta de gobierno del Mecanismo se deslinden responsabilidades y sus integrantes dejen de echarle la culpa a las víctimas.
La lista de casos que el Mecanismo no ha querido incorporar es grande. Hay varias personas periodistas y defensoras de derechos humanos, que tuvieron que salir de su lugar de residencia desde hace muchos años, (pero no han tenido la suerte de ser recomendados)pero a pesar de tocar las puertas del Mecanismo y de la FEADLE (dependencia que requiere todo un espacio para analizar su ineptitud, que hasta hoy solo ha sido garantía de impunidad), no les hacen caso. Los actuales servidores públicos de esta institución saben muy bien de quienes se trata, porque a pesar de que se les ha insistido que se atiendan los casos, les dan largas para después volverles a ofrecer que pronto serán atendidos.
Ya es tiempo que el Mecanismo sea reestructurado de manera integral, que se elabore una nueva ley, partiendo que el ejercicio periodístico y ejercer el derecho a defender derechos humanos sean actividades de interés público con rango constitucional, porque solo de esa manera se podrá conformar un mecanismo que realmente proteja a este sector.
También existe otra opción, que el gobierno mexicano reconozca a nivel internacional que no tiene la capacidad para garantizar la libertad de expresión, que asuma los costos políticos de ello y desaparezca el Mecanismo, creado a las carreras a finales del gobierno de Felipe Calderón Hinojoza. Fue al gobierno de Enrique Peña Nieto el que se encargó de estructurar los instrumentos financieros-administrativos para que operara, pero como no fue un proyecto de ese sexenio, dejó que los tentáculos del grupo de Genaro García Luna siguieran decidiendo que se hacía o dejaba de hacer en el Mecanismo mediante Organizaciones supuestamente defensoras de periodistas.
Actualmente, esta institución trabaja como en los tiempos de Peña Nieto, sin recursos, sin personal idóneo, sin fortaleza institucional. Solo le sirve al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como garantía de que en México se protege a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, igual que como se hacía en los tiempos de Calderón y Peña. Quien diga lo contrario que se lo vayan a preguntar a las familias desamparadas de periodistas a quienes les han arrebatado la vida por ejercer su actividad profesional.
Durante el seminario digital “Pandemia, democracia y Derechos Humanos”, organizado por el Tec de Monterrey, la Unesco y el INAI, se dijo que en México se han documentado 44 casos de agresiones contra periodistas desde que se decretó la emergencia sanitaria. 193 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del primero de enero a la fecha, el reconocido Jorge Ruiz del Ángel, director general adjunto de Reacción Rápida y Recepción de casos del citado Mecanismo.
El relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, sostuvo que en México prevalece una crisis de seguridad contra periodistas que “nunca ha sido desactivada por diferentes factores, no por falta de voluntad de las autoridades, pero sí por factores de violencia, de vulnerabilidad”, así como por las distintas regiones, por lo que hizo un llamado a fortalecer el mecanismo de protección contra este gremio al recordar que el último asesinato cometido en Sonora se trató de un beneficiario del Mecanismo.

Edison Lanza, resaltó la importancia de avanzar en dar pasos hacia “una madurez” entre la relación que sostienen las autoridades con los periodistas, ya que advirtió “implica un discurso oficial frente a los medios”, así como en la regulación de la publicad de manera clara y transparente para que haya periodismo independiente y tenga capacidad de crítica y que no tenga temor de sufrir represalias, así como el discurso y desprestigio a los medios pues dijo los “funcionarios tienen que soportar la crítica y dar explicaciones y no generar frases de estigmatización o señalamientos que no conducen a nada” justo lo contrario es lo que ocurre sobre todo en los municipios.

*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplente del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Deja un comentario