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Deterioro de la Libertad de Expresión en México durante la pandemia

En la sección Libertad de Expresión y Periodismo por el 23 julio 2020 a las 11:43 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

El pasado 15 de julio, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (Casede) dio a conocer su informe Libertad de Expresión en México 2020 en el que hace una serie de reflexiones sobre el deterioro de este derecho humanos en el país debido al discurso y acciones políticas que se generan desde los diversos niveles de gobierno, aunque destaca el documento que dicho deterioro es más acuciante en el ámbito estatal y municipal.

La asociación civil sostiene que además de los riesgos derivados de la cantidad de homicidios, amenazas, acciones de acoso judicial e intimidaciones que deben enfrentar periodistas y personas defensoras de derechos humanos todos los días en el país, “es importante agregar la constante estigmatización y desacreditación hacia periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles, intelectuales, etc., que surgen desde la presidencia de la república e instancias gubernamentales en las conferencias matutinas”.

La versión completa de este informe anual de Casede está a disposición del público en: https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/554-informe-libertad-de-expresion-2020/file

En el documento se recuerda que persisten vulnerabilidades como condiciones laborales precarias, falta de conocimiento y uso de protocolos de prevención de riesgos, autoprotección y códigos de ética. A esto se suman condiciones estructurales como marcos legales e institucionales de protección y justicia débiles e ineficientes, concentración de medios de comunicación, leyes que criminalizan o restringen la protesta social, el conservadurismo, la discriminación y la estigmatización.

Además, “En este contexto, la expansión del virus SARS-COV-2, el tipo de coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, ha visibilizado y, en muchos casos, exacerbado los riesgos y las vulnerabilidades señaladas. La necesidad de generar y obtener información acerca de un virus sobre el cual aún se conoce poco, ha propiciado diversos efectos sobre el periodismo y la defensa de los derechos humanos”.

De acuerdo al análisis de Casede, “el gobierno federal decidió adoptar la misma estrategia de comunicación de centralizar y controlar la información relacionada con los niveles de contagio del virus, la enfermedad y letalidad del mismo. En el proceso las autoridades de salud y el presidente de la república, han dado mensajes contradictorios (el uso de cubrebocas o señalar que reanudarán actividades al mismo tiempo que se muestra al 99% del país en color rojo de acuerdo con el semáforo epidemiológico) e incluso equivocados (el llamado del presidente López Obrador a ‘portarse bien’ para no contagiarse)”.

Sostiene Casede que la poca información sobre el virus y la necesidad por controlarla ha generado en redes sociales y medios de comunicación el fenómeno de la infodemia, definido por la Organización Mundial de la Salud como “una cantidad excesiva de información –en algunos casos correcta, en otros no– que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan” (OPS,2020).

Para esta organización no gubernamental, el contexto de infodemia ha desafiado a periodistas y medios de comunicación, visibilizando la necesidad de capacitarse y profesionalizarse, tanto en términos técnicos como éticos, de distinguir información técnica sobre el virus (SARS-COV-2) con respecto de la enfermedad (COVID-19), así como la interpretación de indicadores, entre otras.

“Asimismo, ha mostrado que son muy pocos los medios de comunicación que brindan a sus periodistas la capacitación y los medios para prevenir contagios y resguardar su salud durante la cobertura periodística de campo. Por otra parte, la estrategia de comunicación del gobierno federal, replicada para informar sobre la epidemia en el país, imposibilita contrastar la información con otras fuentes debido a la centralización de la misma”, precisa el informe sobre Libertad de Expresión en México 2020.

Manifiesta Casede que “cuando algunos medios y periodistas acuden a otras opiniones de personas también expertas en epidemiología o virología, o bien buscan testimonios de personal médico, de enfermería o familiares de personas hospitalizadas, en su mayoría son descalificadas y se señala al medio o periodista de intentar desinformar. En contraste, las mismas autoridades gubernamentales evitan ese tipo de señalamientos hacia medios de comunicación y comunicadores que abiertamente llaman a la población a no seguir las medidas de cuidado en materia de salud.”

En la parte introductoria del Informe se argumenta que en los niveles estatales y municipales “se ha complicado aún más el acceso a la información pública relacionada con el desarrollo de la epidemia en términos del número de contagios, sectores sociales más vulnerables, capacidad hospitalaria, disponibilidad de recursos médicos, etc. Ciertos periodistas y medios independientes en Nuevo León, Coahuila o Sinaloa han realizado coberturas periodísticas sustentadas en datos, además de verificar sistemáticamente la información que circula en medios de comunicación y redes sociales”.

A pesar de ello, “son la minoría y, cabe decir, también han enfrentado descalificaciones y señalamientos negativos por parte de autoridades locales. Más allá del periodo marcado por la epidemia, diversos testimonios recabados durante la elaboración de este Informe, refieren que las autoridades estatales y municipales no sólo han encontrado maneras para obstaculizar el acceso a la información, sino que la difusión de datos falsos o la relativización de las estadísticas propicia un clima de desconfianza en la sociedad sobre la difusión y el tipo de información”.

De igual forma, “la dinámica de violencia y control territorial de los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en el país, también es una de las causas de los riesgos para la cobertura de noticias y las líneas editoriales de medios de comunicación, así como de la defensa de derechos relacionados con el territorio, con las personas migrantes, con las personas jóvenes o con las familias de personas desaparecidas”.

El riesgo es mayor cuando se imbrican los intereses y acciones de poderes políticos, criminales y empresariales a nivel local. “El creciente clima de polarización política es una de las causas principales detrás de la proliferación de los ataques, tanto virtuales como presenciales, en contra de periodistas y personas defensoras. Es preocupante que desde la propia presidencia de la república se genere desinformación que coloca a la opinión pública en las antípodas del pluralismo, orillándola a la visión maniquea del amigo/enemigo.
Casede se hace la misma pregunta que nos hemos planteado quienes trabajamos por los derechos de periodistas desde hace varios años:
¿por qué México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión?

El Informe Libertad de Expresión en México 2020 parte de “la convicción que la voz de quienes se encuentran diariamente en las trincheras de la información y los derechos humanos debe ser el punto de partida para entender y proponer soluciones a las complejas y diversas problemáticas que enfrenta la libertad de expresión en México”.

Invito a leer el contenido de este documento que está integrado principalmente por testimonios de un grupo de periodistas en activo y personas defensoras de derechos humanos en diferentes entidades del país, quienes, al igual que en Quintana Roo tienen el pulso de lo que sucede a diario al ejercer la Libertad de Expresión.

El documento aporta experiencias de las condiciones de victimización, de la sensación de abandono por parte del Estado a nivel federal y estatal, así como de los medios de comunicación.

Se incluyen testimonios sobre el “trabajo diario que realizan en territorios sometidos tanto por la violencia gubernamental y de la delincuencia organizada, como por el conservadurismo, la discriminación y la estigmatización de grupos sociales, clericales y empresariales.”

Se trata de una radiografía de las condiciones adversas en que se ejerce la Libertad de Expresión en todas las entidades del país.

*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

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