Colapsado el sistema nacional de defensa y protección de derechos humanos

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Necesariamente Incómoda

**La poca credibilidad polí­tica y técnica de la CNDH perdida por improvisaciones.
**Falta de justicia por violencia contra mujeres genera inconformidad social.
Graciela Machuca Martí­nez
El fraude electoral de 1988 que llevó a la presidencia de la república a Carlos Salinas de Gortari y las condiciones que desde el extranjero le pusieron para suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC-1994), obligaron al gobierno mexicano de ese entonces a crear lo que ahora es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como una dependencia de la policial de la Secretarí­a de Gobernación.
Han pasado tres décadas que la defensa, promoción y protección de los derechos humanos se institucionalizó en México, se llevó a rango constitucional hasta el 10 de junio de 2011 con una reforma de gran calado, con la que el Estado mexicano reconoció la existencia de los derechos humanos y la obligación del gobierno de respetarlos.
Conforme se fue consolidando la CNDH, por mandato constitucional todas las entidades federativas tuvieron que crear una ley de Derechos Humanos con su respectiva comisión, las cuales, a pesar de la autonomí­a de los gobiernos estatales, se convirtieron en apéndices de estos, terminaron como meras comparsas, no solo de los gobiernos del PRI, sino del PAN, del PRD y al final de Morena.
Desde luego que ha habido momentos de luces en organismos como la misma CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o en ciertas administraciones la de Morelos, Oaxaca, Chihuahua o San Luis Potosí­, las cuales se vieron obligadas a retomar la inercia que ya habí­an generado desde el movimiento social y polí­tico las organizaciones de la sociedad civil.

LA INEFICACIA DE LAS CEDH

Ante la ineficacia de la mayorí­a de estas instituciones, los movimientos sociales y polí­ticos del paí­s fueron exigiendo la creación de otros organismos especializados, como las comisiones de ví­ctimas, las comisiones de personas desaparecidas o los mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y de esta manera, las comisiones estatales se fueron haciendo las desentendidas de dichos temas y del resto siguieron actuando por omisión y silencio, con personajes simuladores que no han sido mas que bultos arrinconados que obedecen a intereses de quien se deben en el cargo.
De esta manera se convirtieron en entes burocráticos. Por ejemplo, está documentado, que el presupuesto de la CNDH, durante el gobierno de Enrique Peí±a Nieto, fue mucho más elevado que el asignado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El sistema jurí­dico mexicano no ha permitido que el sistema nacional de protección de derechos humanos emita resoluciones vinculatorias, porque de ser así­ se convertirí­a en un cuarto poder, al sancionar al Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Este dilema se ha convertido en una trampa jurí­dica y polí­tica, para que este sistema solo tenga como instrumento de coerción su autoridad moral y polí­tica para sancionar a las personas servidoras públicas violadoras de derechos humanos, el problema está en que muchas de esas comisiones nunca lograron esa autoridad moral, porque desde un principio solo sirvieron a los gobiernos en turno.
Desde luego que urge una reforma integral a todo el sistema público defensor de los derechos humanos en México, pero dicha reforma no puede ser a la medida del gobierno en turno, ni tampoco para convertirlo en un ente perseguidor de los polí­ticos del pasado, debe convertirse en una instancia que investigue y sancione, con los medios legales y polí­ticos a su alcance, tanto los violadores de derechos humanos del pasado y del presente.
El proyecto del actual gobierno es crear una Procuradurí­a del Pueblo, con facultades por arriba de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con criterios más polí­ticos que de derechos humanos y para ello se le ocurrió al presidente de la república nombrar a Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra, precursora de múltiples movimientos en pro de la búsqueda de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia que tuvo lugar en la década de los setentas, porque uno de sus hijos, identificado como guerrillero de la Liga 23 de Septiembre fue ví­ctima de desaparición forzada por parte de elementos del Ejército Mexicano.
La designación de Piedra Ibarra como ombudsperson nacional fue duramente cuestionada tanto por expertos en defensa de derechos humanos como por familiares de ví­ctimas, pero Andrés Manuel López Obrador, ya tení­a en prenda la Medalla Belisario Domí­nguez, que el Senado de la República entregó el aí±o pasado a Rosario Ibarra de Piedra, quien decidió no llevársela a su casa, sino se la dejó al presidente de la república como garantí­a de que si defenderí­a los derechos humanos y investigarí­a la desaparición de personas, como la de su hijo.
El presidente de inmediato le regresó la estafeta y decidió proponer al Senado a Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, a pesar de que se le advirtió que esta persona no reúne los requisitos mí­nimos para desempeí±ar tan importante cargo, porque el hecho de ser ví­ctima directa de la desaparición de su hermano, eso no le da la autoridad técnica ni la experiencia para cumplir con las facultades constitucionales del organismo.
Con su nombramiento y con los resultados de los primeros meses de su gestión, Rosario Piedra Ibarra destruyó la poca autoridad moral y polí­tica que le quedaba a la CNDH. El resto solo era cuestión de dí­as, la toma del edificio del ese organismo que se encuentra sobre la calle de Tacuba en la Ciudad de México, fue resultado de la incapacidad de la titular y del equipo que llegó con ella para atender asuntos tan sensibles como son los casos de violencia contra las mujeres y particularmente el caso de violación de una nií±a.
La toma del referido edificio, primero por parte de familiares de una ví­ctima, quienes a las pocas horas fueron reforzados por organizaciones feministas, produjo que en el resto del paí­s sean tomadas, una a una, las sedes de esas comisiones estatales de derechos humanos que representan la simulación.
Quizás el proyecto de AMLO de desarmar el sistema nacional de derechos humanos y crear una procuradurí­a o defensorí­a del pueblo no llegue a concluirse, pero la ruta seguida hasta el momento, nos indica que las violaciones a derechos humanos seguirán durante el actual gobierno federal y la CNDH quedará tan desvencijada que no contará con la fuerza para investigar las violaciones a derechos humanos que se lleguen a documentar durante el actual sexenio y por ende, las cometidas antes del primero de diciembre de 2018 también serán sepultadas por el pasado.

LAS MUJERES Y LA CNDH

El movimiento que se ha generado desde las familias de las ví­ctimas de violencia contra las mujeres, secundado por organizaciones feministas, para poner en evidencia la fragilidad e ineficiencia de los organismos públicos de derechos humanos, no se trata de simples actos de protesta, sino que se deben observar con una mirada prospectiva.
Hay un comunicado que empezó a circular recientemente de parte de las organizaciones que se sumaron a la toma del edificio de la CNDH en la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México y que revela la complejidad del asunto y que, en todo momento ya rebasó a la titular de la CNDH, quien a pesar de que aceptó reunirse con las inconformes, tuvo que aceptar, que la autonomí­a de la institución fuera vulnerada con la intervención de la Secretarí­a de Gobernación.
Este documento dirigido a la población en general y a ví­ctimas de violencia en particular, sostiene que ”…el bloque negro no es una célula de ni una menos, no pertenecemos a ninguna colectiva ni accionamos por una paga. Somos un conjunto de colectivas integradas por ví­ctimas directas de este sistema que a su vez abrazamos también a familias de ví­ctimas como nuestra compaí±era Erika Martí­nez. Nuestro trabajo en la okupa ha sido legí­timo desde que pisamos un pie en estas instalaciones y el apoyo que hemos brindado a las madres (familiares) de ví­ctimas de desaparición y feminicidio y de nuestras compaí±eras ha sido desinteresado y con la convicción de que si tocan a una respondemos todas».

EL PLEITO DE LAS ”OKUPA»

Quienes suscriben, manifiestan que se ven ”en la necesidad de aclarar esto y de deslindarnos de cualquier acción o discurso de Yesenia Zamudio. Nosotras no tenemos problemas con ninguna persona dentro o fuera de la Okupa, reconocemos la lucha de la Sra. Zamudio y celebramos el que la Corte Interamericana haya aceptado revisar su caso. Le deseamos de todo corazón mucho éxito y que encuentre justicia.
”Queremos aclarar que esta toma fue decisión de nosotras por nosotras y para nosotras y el Frente Ni Una Menos nos apoyó con el refuerzo legal que se necesitaba para redactar un pliego petitorio que nos permitiera tomar las instalaciones. Esta toma no se hizo por un solo caso o persona, se hizo por las personas que estuvieron dentro, de las que siguen dentro y de las que están afuera viviendo violencia. Es muy cierto que hay compaí±eras que se han marchado, algunas más están considerando irse pero también hay más que quieren seguir construyendo junto a nosotras un espacio seguro y libre de violencia, convencidas de que esta no termina y este es el sentido de nuestra lucha.
”Pedimos a organismos internacionales que no nos desamparen y sean garantes de nuestra seguridad y nuestras peticiones. Les pedimos a ustedes compaí±eras de la CDMX, de la periferia y de otros estados que no nos abandonen por discursos que nosotras no emitimos y de los que otras personas no se hacen responsables. Esta Okupa es de todas nosotras, no solo de las que tomamos las instalaciones, sino de todas y cada una de nosotras que esperamos encontrar aquí­ un lugar para desarrollarnos y poder ser sin ser juzgadas o criminalizadas
”Hacemos un llamado a toda aquella mujer que haya sido violentada para venir al refugio y encontrar aquí­ resguardo, protección y seguridad. Repudiamos el seí±alamiento de compaí±eras puesto que estamos conscientes que está acción las vulnera y expone a ser violentadas por otras personas».
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Colectiva Moradas, Elizbeth Martí­nez creadora de Muí±eca Empoderada, Crianza Feminista, Me Too México, Mamá Abortera, Colectiva feminista de economí­a IPN, Radicalizate IPN, Colectiva ícrata Guinda, Frente Feminista Yucatán, Brujas Púrpuras Aborteras, Mujeres organizadas de Santo Domingo Coyoacán, Colectiva Siempre Vivas Siempre Libres, Morras Organizadas de Atizapán de Zaragoza, Mujeres Organizadas de Chicoluapan, Frente Feminista Radical Puebla, Elisa Mondragón, Raí­ces de Rebeldí­a, Fanny Martí­nez, Morrigan Ross, Jareni JM, Milpa Alta Sorece, Mujeres en Rebelión, Bloque Negro Jrz, Foro Feminista de Michoacán, Libertad Feminista de Michoacán, Colectiva Independiente Revueltas, Olimpia: Colectivo de estudio, Mariel Serna, Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil A.C., Laura Gisela Garcí­a, Guillermina Sánchez Valle y Mujeres en Acción.

En los estados, grupos organizados de mujeres hicieron presente la lucha feminista, cada quien en su contexto, con protestas en las cedes de las CEDH, aunque las voces misóginas también se patentaron con escandalosas descalificaciones, en Quintana Roo hay quien se escandaliza más por las pintas de una oficina de DH en Cancún que por las 43 mujeres asesinadas en lo que va de 2020, ni por la nií±a asesinada tras ser violada en Cancún.

En Chetumal la memoria colectiva falla y ya no recuerda a los huérfanos que dejaron las mujeres que fueron asesinadas en su hogar por sus parejas, ni los horrores y golpizas que les propinan a diario, el caso de Adysbel Pupo Núí±ez que hasta ahora se encuentra en la impunidad.

La lucha feminista, sigue y seguirá!…….por las 10 mujeres que a diario son asesinadas por sus parejas en nuestro paí­s……..

Graciela Machuca

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