La débil legislación para proteger periodistas en México
Necesariamente Incómoda
**El Mecanismo de Protección infectado de no periodistas.
**Urgen responsabilidades para Federación y entidades federativas.
*Irregularidades en el Mecanismo deben ser investigadas por la SFP.
Graciela Machuca Martínez
El fracaso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en México tiene sus orígenes desde el proceso de aprobación de la ley que lo creó durante los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojoza y en la falta de voluntad política para diseí±ar instrumentos técnico-administrativos para su operación.
Recordemos que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue aprobada por el Congreso de la Unión en respuesta a las presiones internacionales que tenía el país por el incremento de asesinatos de ambos sectores de la población; la administración calderonista buscó calmar las aguas en el extranjero y dar una respuesta a la sociedad civil organizada de manera interna, pero sin la intención de resolver de fondo el problema de la violencia, solo buscó cubrir las apariencias.
Sé echó a andar un mecanismo de protección de sin estructura material, humana y técnico-administrativa, requerimientos indispensables para ejercer el presupuesto etiquetado para el ejercicio 2012 a través de un fideicomiso público, que más bien parece privado, por las restricciones para conocer su funcionamiento, incluso por integrantes de la Junta de Gobierno del organismo.
La transición del gobierno panista al priista provocó que el presupuesto signado se empezará a ejercer hasta ya avanzado el segundo semestre de 2013, cuando el número de personas beneficiarias ya iba en aumento y solo se les pretendía proteger con promesas y esperanzas, a pesar, de las gestiones a título personal que hicieron varias de las personas servidoras públicas que estaban en el organismo en ese momento y que desde luego no recibían el apoyo de la subsecretaria de Derechos Humanos, la entonces panista Lía Limón García, quien después fue diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, hija del exsubsecretario de Educación, Miguel Limón Rojas (1995).
El gobierno de Enrique Peí±a Nieto tuvo y se vio obligado a operar el Mecanismo, a pesar de que no era una de sus prioridades y prueba de ello, fue la disminución del presupuesto real que se le fue asignado durante su gobierno, sin la mínima intención de quitarse de encima a la empresa RCU vinculada con reconocidos funcionarios calderonistas, quienes dejaron asignados en el Mecanismo a personas que les siguieron cuidando las espaldas y el negocio durante todo el sexenio.
Este tipo de contubernios y desinterés político por resolver de fondo la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos generaron una serie de vicios e irregularidades legales y técnicas que permitieron que la institución optara por prácticas ineficientes con la finalidad de cuidar las formas en el exterior, por donde siempre se pregonó la existencia de un mecanismo de protección, pero las personas beneficiarias viven en carne propia la negligencia institución y la impunidad.
La ley de la materia define como periodista a: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
Mientras que como persona defensora de derechos Humanos a: Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones.
Estas definiciones fueron estructuradas con base en criterios internacionales, a lo cual México está obligado, sin embargo, no se elaboraron los protocolos indispensables para definir a quienes se les podía adoptar como personas beneficiarias, tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias, ello motivó que los criterios de adopción fueran flexibles y discrecionales, a la vez.
De allí que varias personas que no se dedican de manera profesional al periodismo sean beneficiarios. Además, nunca se definieron jurídicamente los criterios para que llegaran a su fin las medidas de protección, por lo tanto, decenas de casos ya se convirtieron en una carga para el Mecanismo, pero constitucionalmente no los pueden desproteger, porque una de las condiciones mínimas es que las condiciones de seguridad cambien a su favor en su lugar de residencia donde se pusieron en riesgo por ejercer su profesion de periodista o de personas defensora de derechos humanos, lo cual es imposible garantizar por todos los rincones del país.
El criterio de la Junta de Gobierno, ha sido aceptar a toda persona que diga que es periodista o defensora de derechos humanos, invocando el principio de buena voluntad, pero ante las fallas técnicas en las evaluaciones de riesgo reciben algún tipo de medida de protección ”casi» todos y en ese ”todos» se han colado personas que tienen otros intereses menos el de ejercer el periodismo y su derecho a defender derechos humanos, pero hasta el momento el Mecanismo no tiene la capacidad para depurar su padrón en proteger a quienes realmente están en riesgo por su labor profesional.
Un número considerable de casos tienen antecedentes documentados tanto por periodistas como por autoridades locales que se trata de personas que utilizan el quehacer periodístico para extorsionar y llega el momento que extorsionan a alguien que no lo tolera y vienen las amenazas o las agresiones y por estas razones piden de inmediato la protección del mecanismo, pero como otro de los criterios es que la Junta de Gobierno no puede tener criterios morales para la protección y no hay evidencias jurídicas de las extorciones les dan protección y, con ello, un salvoconducto para seguir delinquiendo.
Una de las debilidades del gremio periodístico a nivel nacional es su desorganización, la falta de cohesión gremial y profesional, es por ello que ha sido imposible constituir una auténtica organización que cuide de los intereses laborales y profesionales de quienes ejercemos el periodismo, así como de los derechos de las audiencias.
Aunque es urgente la organización del gremio periodístico a nivel nacional por la situación de gravedad que se vive en diversos aspectos como es el laboral y el de seguridad, se requiere de un proceso de autoanálisis y compromiso social de quienes ejercemos esta actividad.
Durante las últimas décadas los intentos han sido muchos, pero lamentablemente las razones de sus fracasos son multifactoriales, entre los que destacan el individualismo del gremio y el oportunismo de algunos, así como la defensa de intereses políticos y económicos de empresarios y de integrantes de la clase política.
Las violaciones a los derechos de periodistas son una realidad que se ha perpetuado en el gobierno mexicano, sea quien sea el presidente de la república o los gobernadores, por lo que nunca es tarde para hacer un llamado a la conformación de un frente de periodistas que tenga el objetivo de defender sus derechos y los de las audiencias, pero para ello, el gremio se debe deslindar de casos que siguen daí±ando la tarea de quienes estamos convencidos de la función social del periodismo, porque no debemos olvidar las siguientes palabras: ”Cualquier cosa que un patrón quiera ver publicada es publicidad; cualquier cosa que no quiera ver en el periódico es noticia», publicadas en 1918 en el periódico The Fourth State atribuidas al periodista L.E. Edwardson, del Chicago Herald y que posteriormente, han sido reconocidas como de la autoría de diversos personajes, entre ellos a George Orwell.
Es lamentable y triste ante los verdaderos periodistas leer en la prensa casos como los siguientes:
”La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos (AMPDA) acusó a su homónima, Periodistas Desplazados de México, de ventilar indignamente todo el material que ha sido usado para atacar al presidente de la asociación, Gildo Garza Herrera, con lo que violan la Ley del Mecanismo, pues ponen en riesgo su vida.
”Omar Bello Pineda, Presidente de la Asociación, reveló que todo parte de la separación de una organización inicial; Periodistas Desplazados de México, de la que él, y Gildo Garza, son fundadores también.
”La situación que nos orilló a abandonarla y reconstruir todo, es que el empresario Amir Ibrahim Mohamed Alfie, aprovechó nuestra falta de recursos para llevar a la legalidad al colectivo. Cuando descubrimos una serie de arbitrariedades dentro del acta constitutiva, nos dimos cuenta que todos los integrantes podían gestionar recursos por medio de la Asociación, y en base a esto, descubrimos que había sostenido jugosos contratos de publicidad con el Gobierno de Quintana Roo».
El informante sostuvo que no iban a permitir que la organización se convirtiera en un objeto de lucro, por lo que la abandonaron al percibir la hostilidad del empresario, y desde ahí, ellos, quienes se quedaron con Periodistas Desplazados de México, iniciaron una campaí±a de desprestigio que, incluso, alcanzó de una manera dolosa a la madre de Garza Herrera.
”Lo que ocurre es que Amir y todos los que conforman la Asociación de Periodistas Desplazados de México se integraron al mecanismo sin ser periodistas; si hoy se dedican a esa profesión está bien, pero ninguno de ellos sufre riesgo para que el Mecanismo les mantenga un refugio; se desperdician recursos en quien no los necesita, y la llegada de Gildo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos significa para ellos ser extirpados de los beneficios de la institución».
”De acuerdo a integrantes de la AMPDA, Garza Herrera se había comprometido a solicitar una auditoría del Mecanismo de Protección a Periodistas ante el contubernio entre miembros del Consejo y asociaciones afines que acaparan todos los recursos dejando a verdaderos periodistas en estado de indefensión». https://mensajepolitico.com/exigen-periodistas-frenar-el-saqueo-al-mecanismo-de-proteccion-de-la-segob/
A través de una carta abierta dirigida a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Miguel íngel Mora Marrufo, presidente la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, a la Mesa de Seguridad de Baja California, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al Sistema Estatal de Protección y Atención de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Baja California, el colectivo #YoSíSoyPeriodista ”manifiesta su total rechazo a la intención mostrada por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México de revisar y ampliar las medidas de seguridad para Mariano Soto Cortés, beneficiario de este sistema, a pesar de que actualmente purga una condena de cinco aí±os de prisión semi-presencial por el delito de extorsión, luego de que la semana pasada sufrió un supuesto atentado del que resultó con lesiones producidas por arma de fuego.»
De acuerdo a los inconformes, la persona referida ”confesó y se declaró culpable en septiembre de 2019, ante una Juez en Tijuana, Baja California por extorsionar desde el aí±o 2017 a diversas personas, mediante la página de ”Tijuana Sin Censura» que administra en Facebook, pues obligó a un empresario aduanero a que le hiciera depósitos mensuales en sus cuentas bancarias durante un aí±o, a cambio de no desprestigiarlo.
”Dichos delitos los cometía bajo el amparo que le brindaba el Mecanismo con los protocolos necesarios para garantizar su seguridad y evitar que fuera encontrado por autoridades estatales, que según él, lo perseguían.
https://www.periodismonegro.mx/2019/09/27/semi-libertad-seudo-periodista-extorsionador-tijuana/
”Desde el 2018 el colectivo #YoSíSoyPeriodista ha venido advirtiendo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sobre las prácticas ilegales en las que incurrió Soto Cortés desde que este organismo lo consideró un «periodista desplazado y amenazado por ejercer su libertad de expresión» en la página ”Tijuana sin Censura», desde donde lanzaba insultos, difamaciones y calumnias, violando además repetidamente las limitantes establecidas a los medios de comunicación por el Sistema Penal Acusatorio, pues nunca respetó la presunción de inocencia, ni evitó la revictimización de las personas a las que exponía.
”El hecho de que el Mecanismo haya escondido en la Ciudad de México a Mariano Soto Cortés, no evitó que amenazara a cuatro periodistas de Tijuana (Dora Elena Cortés, Odilón García, Said Betanzos y Sonia de Anda) que por ello debieron ser incorporados en el mismo sistema que al susodicho, sin que tampoco eso fuera motivo suficiente para que se le retirara el beneficio que tenía de ser resguardado con recursos públicos.
”Lo anterior alentó al seí±or Soto Cortés a continuar atacando a quienes cuestionábamos esta situación, además de que se fomentó la impunidad, pues el Mecanismo obstaculizó con su protección, que respondiera por los delitos que seguía cometiendo en contra de empresarios, entre otras víctimas, lo que le permitió seguir extorsionando desde la seguridad que le brindaron con este sistema.
https://www.facebook.com/yosisoyperiodista/posts/271810896693410
”No obstante lo anterior, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas nuevamente pretende ampliar los protocolos de seguridad de Soto Cortés por haber sufrido un atentado». Ambos casos deben ser investigados al interior del Mecanismo por la Secretaría de la Función Púbica (SFP).
*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Graciela Machuca
