Protección y solidaridad a periodistas en Veracruz en medio de la pandemia de la COVID-19

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Necesariamente Incómoda

**La XVI Legislatura de Quintana Roo se olvidó de legislar; 280 iniciativas en el cajón.
**Al gobierno morenista no le interesa fortalecer al Instituto Veracruzano de las Mujeres; más de un aí±o sin titular.

Graciela Machuca Martí­nez*

Una práctica gubernamental en torno a la protección y solidaridad con el gremio periodí­stico que hay que darle seguimiento para evaluar en su momento los resultados, es la convocatoria emitida por la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, al registro para la asignación de recursos económicos por concepto de ayuda social, en la vertiente de apoyo a la economí­a familiar y a la salud de periodistas y sus familias, con padecimientos relacionados a la emergencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2 que provoca la enfermedad denominada COVID-19.
Esta convocatoria va dirigida a periodistas y/o reporteros de todos los municipios que conforman el Estado de Veracruz que acrediten que ellos o sus familiares directos (esposa/o, concubina/o y/o hijas/os) padezcan, hayan padecido o bien que requieran atención y tratamiento de una enfermedad con sintomatologí­a asociada a la enfermedad COVID-19.
El apoyo económico consiste hasta por un monto máximo de 60 unidades de Salario Mí­nimo General Nacional (SMGN), por periodista o núcleo familiar directo y hasta el lí­mite de disponibilidad presupuestal de esta Comisión destinado para la implementación de este programa emergente: por darse en un contexto de emergencia sanitaria excepcional (Covid-19).

Entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes al programa esta: Descargar el formato de solicitud y el formato de estudio socioeconómico, los cuales deberá imprimir, llenar, firmar y remitir en original al domicilio de esta Comisión, ubicada en Av. Manuel ívila Camacho #31. Altos 1, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz acompaí±ado de los siguientes documentos:
Copia legible de identificación oficial vigente puede ser: IFE/INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional o licencia de manejo; copia de identificación oficial que lo acredite como periodista, copia de Clave íšnica de Registro de Población (CURP); cinco impresiones de publicaciones o reproducciones recientes realizadas de marzo del presente aí±o a la fecha, previo a la publicación de la convocatoria respectiva, que acrediten su ejercicio como periodista en activo; datos de una cuenta bancaria a nombre del peticionario.
Mayor información en: http://ceapp.org.mx/nota/381/convocatorias/apoyo-emergente-para-periodistas.html
El Pleno de la Comisión será la instancia, la cual, en sesión apruebe los apoyos conforme a una lista de prelación, la cual después de ser aprobada será publicada con los nombres de los beneficiarios en la página oficial www.ceapp.org.mx
Se trata de un esfuerzo financiero de este organismo veracruzano, integrado en su mayorí­a por personas periodistas que conocen la problemática laboral de los colegas de aquella entidad. Es gran reto. Esperemos que la burocracia institucional no eche a perder las buenas intenciones. Como se trata de un acción gubernamental, requiere una etapa de avaluación este programa, con la finalidad de conocer su eficiencia y así­ pugnar porque se replique en otras entidades, al menos en las que las autoridades ejecutivas y legislaturas tengan el interés de cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a periodistas, porque en estados como Quintana Roo, siguen asesinado y agrediendo periodistas sin que haya interés por legislar en la materia.

AL CONGRESO DE QUINTANA ROO SE LE OLVIDí“ LEGISLAR, 280 INICIATIVAS EN LA ”CONGELADORA»

Resulta que la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo se le olvidó que los salarios de sus integrantes son pagados por los contribuyentes quintanarroenses para que legislen a su favor y durante el último aí±o se dedicaron a ”construir» su carrera polí­tica en lugar de cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
Durante una conferencia de prensa el ahora presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Polí­tica de la actual Legislatura, diputado Gustavo Miranda Garcí­a dio a conocer un acuerdo para mejorar la productividad legislativa, para atender las más de 280 iniciativas y 100 acuerdos que se encuentran pendientes de análisis.
La pregunta obligada de quienes pagan los salarios de diputadas y diputados es: ¿Entonces que hicieron durante el último aí±o? ¿Cómo nos pueden demostrar que trabajaron como representantes populares de Quintana Roo?
Entre las iniciativas que por falta de ganas de trabajar y por defender sus intereses polí­ticos y económicos, las mandaron a la ”congeladora» está la iniciativa para rescatar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Quintana Roo, un proyecto que por segunda vez fue elaborado por periodistas, luego que la anterior legislatura prefirió retroceder en materia de derechos humanos, en lugar de cumplir con el mandato del Artí­culo Primero de la Constitución Federal.
Más allá de la llamada deontologí­a parlamentaria, Miranda Garcí­a, pretende implementar un conjunto de directrices que atienda a las buenas prácticas en el ejercicio del cargo, por lo que ”…se establecerán mecanismos de control que permitan la mejora constante, y por ende elevar la productividad».
El propósito es que ahora sí­ trabaje la Legislatura, para lo cual se requiere ”de la participación de los titulares de las secretarí­as técnicas de las 25 comisiones ordinarias y 2 especiales, de las direcciones de Concertación Legislativa y de Análisis Jurí­dico Legislativo, así­ como de la Subsecretarí­a de Servicios Parlamentarios», esto último de acuerdo a un comunicado institucional.
El nuevo responsable de la Junta de Gobierno y Coordinación Polí­tica de la actual Legislatura sostuvo: ”En este ejercicio queremos trabajar en equipo con los secretarios técnicos, lograr un consenso con todos para poder avanzar y poder fijar metas en la dirección de Concertación Legislativa, en la dirección Jurí­dica y en la subsecretarí­a legislativa, para poder avanzar y lograr esa productividad que tanto urge a Quintana Roo».
Después de su plan de los Primero 100 dí­as del Congreso, veremos de qué fueron capaces de hacer.

GOBIERNO MORENISTA SIN INTERí‰S EN EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Diversos medios de comunicación del estado de Veracruz, difundieron el pasado 8 de septiembre la determinación de un partido polí­tico y diversas organizaciones civiles de recurrir a instancias judiciales con la finalidad de que el gobierno del estado, encabezado por el morenista Cuitláhuac Garcí­a, emita, conforme a la ley, la convocatoria para designar a la persona que dirigirá el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), debido a que este organismo está acéfalo desde hace más de un aí±o.
A pesar del incremento de la violencia contra las mujeres en Veracruz, al gobierno de aquella entidad no le interesa que el Instituto Veracruzano de las Mujeres opere normalmente para que desempeí±e sus funciones para las cuales fue creado.
Myriam Lagunes Marí­n, secretaria de igualdad de género, diversidad sexual, juventudes y derechos humanos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien de manera coordinada con diversos colectivos de mujeres exigen que se emita la respectiva convocatoria, dijo a la prensa que es preocupante esta situación, porque la violencia sigue en aumento, lo que contradice el discurso oficial de que las cifras de feminicidios se han detenido o van a la baja, ”y por el contrario, con la situación de pandemia que estamos enfrentando y que ha obligado a las familias, mujeres incluidas, a mantenerse en casa, los í­ndices de violencia intrafamiliar han aumentado de manera considerable».
”Es lamentable, no vemos acciones claras, no vemos un discurso que realmente este en defensa de las mujeres y mucho menos congruencia por parte de las autoridades pertinentes y encargadas de procurar justicia; es momento de que nos organicemos y nos unamos para exigir acciones», manifestó Lagunes Marí­n.
*Periodista en el estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretarí­a de Gobernación.

Graciela Machuca

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