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Urge crear un nuevo mecanismo federal de protección para periodistas y personas defensoras de DDHH

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 7 septiembre 2020 a las 9:12 am

Necesariamente Incómoda

**Los asesinatos siguen acumulándose; silencio gubernamental: la respuesta.
*En Quintana Roo, los partidos políticos se niegan a una nueva ley de protección.
Graciela Machuca Martínez
Ante el fracaso del modelo de protección del gobierno federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, urge que el actual Mecanismo se rediseñe acorde a las necesidades actuales del país, además, de tomar en cuenta los fundamentos que desde el 2010 a la fecha han emitido organismos internacionales de derechos humanos, como las relatorías de libertad de expresión tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pueden conocer en sus informes periódicos sobre Libertad de Expresión en México.
Los asesinatos y demás agravios en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos bajo la protección del Mecanismo que depende de la Secretaría de Gobernación, han ido en aumento. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se registraba algún asesinato de estos sectores poblacionales, lo primero que salían a aclarar y festinar las personas servidoras públicas de ese organismo, es que no se trataba de algún o alguna beneficiaria, como si ello librara de la responsabilidad al gobierno mexicano. Desde luego que durante la última etapa de ese gobierno, se documentaron varios homicidios de personas beneficiarias, a quienes tampoco se les hizo justicia.
En la actual administración, el número de asesinatos de beneficiarios del Mecanismo va en aumento, mientras que la estructura burocrática del mismo, muestra incapacidad y falta de voluntad para hacer el trabajo que le ley le mandata. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por falta de interés y falta de experiencia en los temas de libertad de expresión y derecho a defender derechos humanos, le ha sido imposible tocar ese organismo, cuyo personal, al menos en la mayoría, responde a los intereses de colaboradores de Peña Nieto y si se quedaron esos puestos, no es porque sean técnicos expertos en protección, sino porque ni al presidente ni a la secretaria de Gobernación, les interesa lo que allí pase.
Iguala, Guerrero, el día dos de agosto, fue escenario de otro homicidio de un periodista bajo protección del gobierno federal, me refiero al caso de Pablo Morrugares Parraguirre, quien fue asesinado junto con el agente de seguridad que le daba protección, como una medida dictada por la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual se abstuvo de evaluar el riesgo real que tenía el periodista, luego de que cuatro años antes fue víctima de un atentado en compañía de su esposa.
El día 6 de agosto, en el estado de Michoacán, fue asesinado, Luis Eduardo Ochoa. Con este caso, se elevó a 19 el número de personas periodistas asesinadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto, el gremio periodístico nacional sigue de luto, como lo estuvo durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Recordemos que Pablo Morrugares Parraguirre, se desempeñaba como director del portal digital de noticias Noticias PM de Iguala. Además, del atentado que sufrió junto con su esposa, recibía amenazas de muerte desde el año 2016 tenía amenazas de muerte, lo que lo llevó a solicitar protección del Mecanismo Federal.
Morrugares es el cuarto periodista asesinado en Guerrero del primero de diciembre de 2018, a la fecha. En la lista se encuentran Rogelio Barragán, director del portal Guerrero al Instante, asesinado el 20 de julio de 2019. Posteriormente, el 2 de agosto de 2019, asesinan a Edgar Alberto Nava, director de La Verdad de Zihuatanejo. Mientras que el 8 de abril de 2020 le quintan la vida a Víctor Fernando Álvarez Chávez.
A estas muertes, hay que agregar las decenas de casos de mujeres y hombres que han sido violentados en sus derechos fundamentales por ejercer el periodismo, a tal grado que muchas de estas personas profesionales del periodismo también son víctimas de desplazamiento forzado interno, sin que el Mecanismo se responsabilice de su situación. En las oficinas de este organismo saben a quienes me refiero, pues son casos graves y urgentes que se niegan a atender.
Otra agresión documentada a instalaciones a un medio de comunicación en Guerrero, es la sucedida el 4 de agosto, cuando varios hombres que portaban armas de fuego, baleó la fachada de El Diario de Iguala, filial de El Diario de Taxco, en cuyos talleres también se imprime El Diario de la Tarde Iguala, en el que también prestaba sus servicios Morrugares.
El pasado 5 de agosto, hace un mes y días, Luis Eduardo Ochoa, de 29 años, fue asesinado a balazos, al salir de su casa a comprar comida. Se dedicaba a dar clases de Periodismo, y colaboraba en un medio local.
La Fiscalía del estado de Guanajuato, informó que el día 16 de agosto, desapareció su director de Comunicación Social, Elihú Ortega. A finales de agosto fue encontrado muerto.

En la carpeta de investigación se registró que días después de la desaparición se recibió una llamada de los supuestos secuestradores, quienes pedían una fuerte cantidad de dinero por la liberación del servidor público.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) intervino y logró identificar a un hombre y a una mujer como los presuntos responsables del secuestro, y quienes se quedaron con el auto de la víctima y realizaban las llamadas telefónicas para exigir el rescate.
Al Congreso del estado de Quintana Roo no le interesa proteger a los periodistas, pese a los asesinatos, desplazamientos, agravios y amenazas cotidianas registradas en el estado.
El pasado cinco de septiembre se cumplieron nueve meses que un grupo representativo del gremio periodístico de Quintana Roo entregamos en la Oficialía De partes del Congreso del Estado, un proyecto de iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a que la Legislatura anterior decidió abrogar la Ley vigente y que se construyó desde quienes ejercemos el periodismo, como parte de nuestras facultades ciudadanas.
La legisladora Judith Rodríguez Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es quien debe, con los demás integrantes de la misma comisión, tomar el acuerdo respectivo, para llevarla al pleno de la Legislatura. Otro diputado que forma parte de la comisión, como vocal, es Roberto Erales Jiménez, quien cuando andaba en campaña electoral se comprometió a impulsar la referida ley. ¿Será que ambos legisladores, tomaron como una orden, aquella sugerencia que les hicieron para que esa ley no se aprobará?
En la sesión del 5 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Estatal de medios de Impugnación en materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. El propósito es homologar la legislación estatal de la materia a la federal. Ninguna novedad.
Entre estas reformas se incluyen las relativas a diversas disposiciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, en materia de violencia digital.
El propósito es tipificar la violencia digital como delito, para establecer sanciones de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 500 días multa a quien difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento, de naturaleza sexual o erótica de otra persona, mayor de edad, sin su consentimiento, a través de cualquier tecnología de la información y comunicación o por cualquier medio digital o impreso.
Se trató de una reforma de copiar y pegar, quienes promovieron la iniciativa no se tomaron la molestia de hacer un verdadero diagnóstico sobre este fenómeno en Quintana Roo, por lo que al publicarse la ley, será una más, como en otras partes del país, normas jurídicas sin dientes, sin fuerza para sancionar, entre otras razones, porque siguen sin legislar sobre las Fake News, con ello, se dejan abiertas todas las posibilidades a que se continúe violentando a las mujeres a través de los diversos medios que se cuentan en Internet.
*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependientes de la Secretaría de Gobernación.

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