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Recuento de daños políticos y a la imagen internacional de Cancún por violencia policial; un nuevo feminicidio. Desde el Congreso piden la renuncia de Mara

En la sección Mujeres, Mujeres3 por el 11 noviembre 2020 a las 8:05 pm

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez
Mientras los grupos políticos de Quintana Roo realizan un recuento de daños por la represión policial perpetrada en agravio de manifestantes que exigían justicia por el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años, ocurrida la tarde-noche del 9 de noviembre en Cancún, este centro turístico internacional amanece este 11 de noviembre con un feminicidio más de acuerdo a lo reportado por la Fiscalía General del Estado.
Se trata del asesinato de una joven en un domicilio de la supermanzana 259. El servicio de emergencia 911 recibió la llamada de auxilio de vecinos del lugar porque una mujer pedía auxilio a gritos. Cuando llegó la policía, la mujer de 23 años de edad y originaria del estado de Tabasco ya había sido asesinada. Se detuvo a Lucio G. como presunto responsable.
Conforme a la ley se abrió la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Se levantó el cadáver y se informó a sus familiares. ¿Pero qué sigue? ¿En algún momento la sociedad de Cancún tomará cartas en el asunto? ¿Alguien está interesado en la reconstrucción del tejido social?
Las victimas siguen aumentando, así como la indignación de un sector de la población quintanarroense, pero esto no ha sido suficiente para incidir el cambio de comportarnos ante la violencia, ante el odio hacia las mujeres, como sociedad somos víctimas y victimarios, por acción, omisión e indiferencia.
Mientras los feminicidios y todo tiempo de violencia se siga normalizando en Quintana Roo y en todo el país, los niveles de desarrollo se estancarán. Por ejemplo, quien dio la orden de disparar en contra de las mujeres y hombres que se manifestaban frente al palacio municipal de Benito Juárez por el Asesinato de Alexis, no reparó en el daño que se le provocaría a la imagen internacional de Cancún con esa acción policial.
Tal parece que las autoridades municipales y los mandos policiales buscan que Cancún no salga del bache económico que se encuentra a consecuencia de los efectos de la pandemia; sus acciones van encaminadas a la destrucción del complejo turístico que tanto esfuerzo ha costado a los emprendedores tanto de Quintana Roo, como del resto del país, que decidieron hacer de Cancún su proyecto de vida.
A Capella Ibarra solo está separado del cargo, mientras investigan
Como resultado tenemos la separación del cargo de un mando policial del Ayuntamiento, así como del Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, mientras se investigan los hechos, una exigencia a nivel nacional e internacional, la cual se debe atender de inmediato, de lo contrario, se irán sembrando semillas del descontento social, lo cual no es positivo para una entidad que vive de sus atractivos turísticos y de la tranquilidad social y política que garantiza bienestar a visitantes.
Desde la tarde del martes 10 de noviembre se difundió a través de redes sociales que Capella Ibarra, luego de presentar su solicitud de separación del cargo, se reintegraba al área de Seguridad Pública de su natal Tijuana, fue hasta el miércoles, al medio día, cuando aclaró su situación por medio de su cuenta de Twitter:
“Alberto Capella @kpya Es falso mi supuesto regreso a la Secretaria de Seguridad Publica de Tijuana. Tengo un firme compromiso con el Gobernador @CarlosJoaquin con Quintana Roo y con el esclarecimiento de los lamentables hechos del pasado lunes. Adoro Tijuana y B.C. pero soy un hombre de palabra”.
Tanto a Capella Ibarra como a Eduardo Santamaría, secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, por el momento, solo están separados de sus respectivos cargos mientras se investigan los hechos tanto de manera interna como por la Fiscalía General del Estado, sin embargo, ambos servidores públicos siguen sin reconocer sus responsabilidades.
El día lunes 9 de noviembre, también en Cozumel se realizaron manifestaciones frente al palacio municipal para exigir que el asesinato de Yadira de Jesús Ávila Cime no quede en la impunidad, pues existe el riesgo que su feminicida quede en libertad.
Después de las diez y media de la noche, se sumó a las protestas un grupo de personas que empezaron a lanzar objetos sobre los cristales de la puerta principal del inmueble municipal, causando daños, la respuesta de la policía fue lanzar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, de los cuales seis fueron detenido y solo tres fueron puestos a disposición de la fiscalía por daños.
Lo anterior es una muestra que los feminicidios en Quintana Roo, no son casos aislados, se trata de un conflicto social que a todas las personas nos incumbe resolver por medio de la participación ciudadana y la acción gubernamental.
Agencias de la ONU piden se investigue violencia policial contra manifestantes
La violencia que se generó en Cancún para disuadir una manifestación no se trata de un asunto de competencia local, el uso excesivo de la fuerza pública se dio en un contexto de ajustes de la clase política local, pero las repercusiones son a nivel internacional, no solo porque Cancún recibe a turistas de todo el mundo, sino porque ya han tomado cartas en el asunto, organismos como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, la cual condenó el “uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego”, por parte de la policía municipal de Cancún en la manifestación que exigía justicia para víctimas de feminicidio.
La oficina de Michel Bachelet en Ginebra, Suiza, tiene conocimiento que “los disparos de la policía dejaron tres personas heridas, entre ellos dos reporteros. El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas. Este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo en Cancún del cadáver de la joven de 20 años Alexis, cuyo nombre real era Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, sobre quien había una alerta de desaparición desde el pasado 7 de noviembre”.
La ONU considera “esencial investigar el operativo, dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas”.
Pide también que se investiguen las agresiones contra periodistas y contra personal de la Comisión de derechos humanos del Estado de Quintana Roo que monitoreaba la actuación de las autoridades.
Policía de Cancún y Mando Único desconocen protocolos de uso de la fuerza
Por su parte, las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), entre otras, condenaron “el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, defensoras de derechos humanos y periodistas en la protesta #JusticiaParaAlexis, ocurrida el día 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, y llamamos a las autoridades del estado a que respeten y garanticen la protesta social como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”.
Las referidas organizaciones, con experiencia en defensa de víctimas de violencia policial, consideran que elementos de la policía municipal de Benito Juárez y del mando único de Quintana Roo “usaron la fuerza de forma ilegítima y arbitraria para reprimir las movilizaciones sociales que exigían poner fin a la violencia contra las mujeres y mostraron el descontento por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis”.
De acuerdo a testimonios de asistentes a la manifestación, cuando “personas que se manifestaban, intentaron quitar las planchas de madera que cubrían el Palacio Municipal agentes de la Policía Municipal y Estatal accionaron armas largas y cortas, disparando al aire mientras realizaban detenciones arbitrarias y golpeaban a las y los jóvenes rezagados”.
Lo anterior contraviene estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: “el uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad. En virtud de ellos, el uso de armas de fuego con municiones letales casi nunca se haya justificado en el contexto de manifestaciones, por lo que se recomienda que su portación por parte de los agentes de seguridad sea restringida en estos operativos”.

Periodistas, entre las víctimas del abuso policial en Cancún
Además, durante la movilización, “en diversas ocasiones los elementos policiacos intentaron retener, golpear a manifestantes, defensoras y periodistas e impedir la grabación de los hechos. Fue así que agredieron verbal y físicamente a Julián Fernando Ramírez Olivares, quien transmitía en vivo por Facebook los hechos. Durante la transmisión pidió a los elementos de Seguridad Pública Municipal que aplicaran los protocolos, guardaran sus armas y se garantizaran los derechos humanos de las personas manifestantes. En respuesta, elementos policiacos lo golpearon, intentaron retenerlo e impedir que continuara documentando. Finalmente fue detenido arbitrariamente y retenido en las oficinas de la presidencia municipal”.
Hasta el momento se ha documentado que durante el operativo fueron agredidas las periodistas Edith Selene Huidrobo González, reportera de Televisión Cun, del Grupo Sipse; Alejandra Carol Galicia Ocaña, corresponsal de La Silla Rota; Adriana Varillas, corresponsal de El Universal: Fernanda Duque, reportera del medio Novedades de Quintana Roo; Cecilia Solís, corresponsal de Diario Quintana Roo y Energy F.M.; y los periodistas Roberto Becerril, del medio local La Verdad y Santiago Rodas, reportero gráfico de la agencia Quadratín. Así como la defensora de derechos humanos Wendy Galarza.
Los periodistas Cecilia Solís, Roberto Becerril y la defensora Wendy Galarza, fueron víctimas de lesiones por arma de fuego en la pierna. Por otro lado, la periodista Selene Hidrogo recibió un golpe con macana por parte de un policía municipal, con el objetivo de tirar su celular e impedir que grabara. A este tipo de actos de violencia física también fueron sujetas las periodistas Adriana Varillas y Alejandra Galicia, quienes transmitían en vivo y, aunque se identificaron como prensa, diferentes elementos policiacos arremetieron contra ellas e intentaron obstaculizar su actividad periodística; incluso, a Galicia se le impidió que se acercara a entrevistar al secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría. Asimismo el reportero Santiago Rodas recibió golpes por dos policías en la cabeza, brazos, pecho y costillas mientras trataba de documentar la actuación policial.
Además, se documentó que otro elemento de la policía municipal adscrita al Mando Único amenazó con un arma de fuego a la reportera Fernanda Duque, quien se encontraba documentando y resguardada de las balas. La periodista narró lo siguiente:
“Vienen los policías tirando balazos al piso y correteando gente por lo que yo me intento resguardar pero me alcanza un policía que recogía los casquillos del piso y me dice “muévete de aquí”, yo le dije que no porque me podían herir con las balas y me grita “o te mueves o te va a tocar un balazo”.
Tanto los jefes policiacos, la presidenta municipal de Benito Juárez y los policías sabrán que es su obligación “actuar en todo momento bajo una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género, sujetando el uso de la fuerza a los principios de legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad y rendición de cuentas. Durante las protestas, las policías deben regular su actuación bajo el principio de protección de los derechos de quienes se manifiestan y de terceros, por lo que el uso de la fuerza debe ser siempre la última opción, privilegiando el diálogo y la atención a los conflictos que originan la protesta, en particular cuando éstas son de mujeres víctimas y en especial de exigencias de justicia por feminicidios. Recordamos que tanto la ley nacional como los estándares internacionales son enfáticos en prohibir el uso de armas letales en manifestaciones”. Se lee en el documento de los organismos civiles.
Desde el Congreso piden la renuncia de Mara Lezama
En el Congreso del estado de Quintana Roo se escucharon voces de inconformidad con lo sucedido en Cancún el pasado lunes 9 de noviembre, por ejemplo la diputada Reyna Durán solicitó la renuncia inmediata de la presidenta municipal de Benito Juárez, “luchamos muchos años por erradicar la represión y hoy no seremos cómplices de ningún tipo de represión”.

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