**Llega al Senado de la República propuesta de acuerdo para exhortar al Congreso de Quintana Roo legislar sobre protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
**La XV Legislatura quintanarroense abrogó una ley creada con la participación de periodistas y omitió reponerla.
**El gremio periodí­stico quedó en estado de indefensión por decisión polí­tica del Congreso; los asesinatos y agravios se incrementaron.
*Senadora Delgadillo Garcí­a lleva el caso a debate nacional, será el Senado el pleno del senado quien decida aprobar el punto de acuerdo.

Graciela Machuca Martí­nez
Los compromisos polí­ticos y la falta de interés de quienes integraron la XV Legislatura de Quintana Roo, así­ como la falta de voluntad de la clase polí­tica en la entidad, dejaron en estado de indefensión a los gremios de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con la abrogación de la ley que los protegí­a y que fue aprobada durante XIV Legislatura como parte del trabajo ciudadano de un grupo de trabajadores de medios de comunicación.
La actual legislatura, a casi aí±o y medio de que inició funciones se niega a legislar sobre la materia, porque esos intereses de la clase polí­tica siguen vigentes y poco les importa que en Quintana Roo sigan asesinando periodistas, baleen a activistas por los derechos humanos y comunicadores que cubren manifestaciones, el número de desplazados aumenta dí­a a dí­a, las amenazas ya no se denuncian, pero este es el perfil de las personas que tienen la encomienda de legislar a favor del pueblo.
Quienes nos empeí±amos en que se apruebe una nueva ley, para lo cual ya volvimos a presentar nuestra iniciativa ciudadana desde el 4 de diciembre de 2019, hemos tocado puertas, pero se cierran muy pronto, a pesar que un grupo de quienes ahora forman parte del Congreso, se comprometieron durante sus campaí±as electorales a llevar al pleno y buscar que la iniciativa se aprobara. Pero la demagogia es más fuerte que la cultura de los derechos humanos en Quintana Roo.
Precisamente, este 10 de diciembre, al conmemorarse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, al Senado de la República llegó un punto de acuerdo propuesto por la senadora Verónica Delgadillo Garcí­a, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Congreso de Quintana Roo, en el uso de sus atribuciones, expida una nueva Ley para la Protección de Persona Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo.
En la exposición de motivos de la propuesta del punto de acuerdo, la senadora Delgadillo Garcí­a, cita como antecedentes que el 14 de agosto del 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, misma que fue abrogada mediante la publicación del Decreto Número 139, en el mismo Periódico Oficial el 27 de diciembre del 2017.
Recuerda que la Iniciativa de Abrogación fue presentada por el Gobernador del Estado, y se le dio lectura en la Sesión número 6 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Aí±o de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura, celebrada el 30 de junio de 2017. La motivación de la iniciativa de abrogación fue que la Ley en ese entonces vigente fue duramente criticada por las propias personas periodistas y defensoras de derechos humanos, ante las limitaciones de la normatividad.
Según la senadora por el Movimiento Ciudadano, ”se mencionó que se habí­an omitido realizar acciones para su aplicación, como la elaboración de su reglamento, la instalación de la Junta de Gobierno, la convocatoria a la elección del Consejo Consultivo y la puesta en marcha del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas».
Por estas razones, sostiene Delgadillo Garcí­a, aunadas a otras causas fundamentadas en el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, ”se votó a favor de abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, desde entonces, la entidad no cuenta con una ley que garantice la protección a dichas personas».
En sus argumentos, quien propone el punto de acuerdo, considera que existe omisión legislativa por parte del Congreso de Quintana Roo, dado que el artí­culo 44 de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012., establece en su Artí­culo 44 que La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho.
Además, tanto la Federación como los estados, según la ley de referencia ”condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto»
Por ello, resulta de este artí­culo que las Entidades Federativas ”tienen una obligación hacia las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de diseí±ar y aplicar polí­ticas públicas efectivas para su protección, así­ como de expedir legislación encaminada a la protección de las mismas».
De igual forma, el artí­culo 47 de la misma Ley establece en su fracción V que, las entidades y la federación, mediante convenios de cooperación, deben promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Vale la pena resaltar, dice Delgadillo que el Artí­culo Segundo Transitorio del decreto de abrogación de la mencionada Ley de Quintana Roo, estableció lo siguiente que ”Hasta en tanto no se expida una nueva Ley en la materia, se deben realizar las acciones necesarias para brindar la protección, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo y vulnerabilidad.»
El Estado de Quintana Roo, es considerado uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México, y durante los casi 3 aí±os de la abrogación de la Ley, las violaciones a los derechos de las personas protectoras de derechos humanos y de las periodistas no han disminuido, sino que han ido en aumento.
Desde que se abrogó la referida ley de protección a periodistas en Quintana Roo han sido asesinados los periodistas Javier Enrique Rodrí­guez Valladares, el 28 de agosto de 2018, quien era reportero del Canal 10 de Cancún. El asesinato se registró sobre la calle Playa Caleta en la zona centro del centro turí­stico de Cancún.
Otro asesinato de un periodista se registró el 30 de junio de 2018 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, José Guadalupe Chan Dzib, quien trabajaba para el medio digital Playa News. El 24 de julio, el director del mismo medio, Rubén Pat, fue ejecutado al salir de un bar en Playa del Carmen. Los tres casos siguen en la impunidad.
Para Delgadillo Garcí­a, el problema de la violencia en contra de periodistas y personas protectoras de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo debe atenderse de manera urgente. ”De lo contrario Quintana Roo será un Estado silenciado para la libre expresión. Por ello, es responsabilidad del Senado de la República hacer un llamado al Congreso de Quintana Roo para que éste, en uso de sus facultades, expida una nueva Ley para la protección de estas personas periodistas y defensoras de derechos humanos, bajo un proceso de parlamento abierto y garantizando el diseí±o legislativo de mayor avanzada posible».
Actualmente, únicamente 10 entidades federativas cuentan con una Ley de Protección a Periodistas y Personas Protectoras de Derechos Humanos vigente: Coahuila, Morelos, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Durango, Michoacán y Tamaulipas. Así­ mismo el 25 de noviembre del aí±o en curso, el Congreso Local de San Luis Potosí­ aprobó el dictamen que expide la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, se dice en la exposición de motivos.
El exhorto elaborado por Delgadillo Garcí­a, también va dirigido a todas las Entidades Federativas que no cuentan con su ley respectiva de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En Movimiento Ciudadano, dice la senadora, consideramos fundamental que exista una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno, asumiendo el compromiso de frenar la violencia contra las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, y para ello un paso fundamental es que las entidades federativas cuentan con la legislación adecuada y los mecanismos institucionales necesarios para lograrlo.
El Punto de Acuerdo Primero dice: El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Quintana Roo para que, en uso de sus atribuciones y bajo lineamientos de parlamento abierto, diseí±e y expida una nueva Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo.
El Punto de Acuerdo Segundo sostiene El Senado de la República exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas que han sido omisas en legislar en materia de protección a personas periodistas y personas protectoras en derechos humanos para que, en uso de sus atribuciones, expidan su correspondiente Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas.
Será el pleno del Senado de la República la instancia que en las próximas sesiones decida si aprueba o no dicha proposición de la senadora Delgadillo Garcí­a, sin embargo, el tema ya escaló a nivel nacional.
*Periodista en el estado de Quintana Roo, consejera suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretarí­a de Gobernación.

Graciela Machuca

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