El delito de despojo en Quintana Roo y el contubernio de autoridades de los tres niveles de gobierno

0

Necesariamente Incómoda

**Entre 2015 y 2019 se abrieron dos mil 806 carpetas de investigación por el delito de despojo.
**Inmobiliarias, despachos jurí­dicos, organizaciones, particulares, personas servidoras públicas se organizan para despojar.
Graciela Machuca Martí­nez
El delito de despojo en Quintana Roo se ha convertido en un fenómeno social, polí­tico y económico desde hace varios aí±os y que a pesar de la buena voluntad de algunas personas servidoras públicas ha ido en aumento de 2017 a 2010, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esa buena voluntad, de algunas autoridades, pierde sus efectos cuando se le pone una lupa al fenómeno y observamos que el contubernio de agentes de la administración pública con la delincuencia organizada, que se dedica a estos menesteres, es protegido por la impunidad. Se trata de un sistema de corrupción que funciona porque opera con luz verde de autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes tanto de la Unión como de la entidad federativa de que se trate, en este caso Quintana Roo.
Inmobiliarias, despachos de abogados, organizaciones polí­ticas, sociales, civiles y particulares operan con la complicidad gubernamental para apropiarse de un bien inmueble que no les pertenece, lo que lleva a legí­timos propietarios a largos procesos judiciales, que en muchas ocasiones pierden por las violaciones al debido proceso que se cometen en su agravio.
El Artí­culo 158 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo dice: ”Se aplicará prisión de seis meses a seis aí±os y de veinticinco a doscientos cincuenta dí­as multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engaí±ando a éste: I.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno o de otro; II.- Ocupe un inmueble de su propiedad que halle en poder de otra persona por alguna causa legí­tima o ejerza actos de dominio que lesione los derechos del ocupante; III.- Altere términos o lindes de predios o cualquier clase de seí±ales o mojones destinados a fijar los lí­mites de los predios contiguos, tanto de dominio privado como de dominio público; IV.- Desví­e o haga uso de las aguas propias o ajenas, en los casos de que la Ley no lo permita, o haga uso de un derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, o V.- Ejerza actos de dominio que lesione derechos legí­timos del usuario de dichas aguas».
Mientras que el Artí­culo 159 establece: ”Si el despojo se realiza por más de dos personas o con violencia, las penas previstas en el artí­culo anterior se aumentaran hasta en una mitad más. Al que planee, o induzca, o instigue, o financie, o dirija o propicie la acción de despojo, se les impondrá prisión de dos a nueve aí±os de prisión y multa de cien a cuatrocientos dí­as multa. Cuando el despojo se realice sobre terrenos declarados como áreas naturales protegidas en sus diferentes modalidades, o que tengan el carácter de reserva territorial para el crecimiento urbano de los centros de población del Estado, se incrementará la penalidad hasta en una cuarta parte más de la seí±alada en el párrafo que antecede.» El artí­culo siguiente ordena. ”Las penas previstas en este capí­tulo se impondrán aunque el derecho de posesión sea dudoso o esté sujeto a litigio».
EN 2008 EL CONGRESO TIPIFICí“ COMO GRAVE EL DELITO DE DESPOJO ANTE EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA
El problema de los despojos en Quintana Roo mereció la atención del Congreso del estado desde 2008, cuando se reformó el Código Penal y el delito de despojo se tipificó como grave. Sin embargo, desde entonces, el número de estos delitos va en aumento.
El estudio que lleva por tí­tulo: ”El delito de despojo: situación actual y labor legislativa en el tema», publicado por el Instituto Belisario Domí­nguez del Senado de la República y realizado por Juan Pablo Aguirre Quezada, con información recadaba hasta el mes de mayo de 2020, documentó que en Quintana Roo el número de carpetas de investigación por delitos de despojo ”mostró una mejorí­a en 2016 (323) respecto al aí±o inmediato anterior (597). No obstante, durante los tres siguientes aí±os se registraron crecimientos anuales consecutivos».
Para el 2017 se documentó que se abrieron 516 carpetas de investigación; en el 2018, 658; 2019, 712. De 2015 a 2019, se tuvo un acumulado de 2 mil 806 carpetas de investigación por el delito de despejo en Quintana Roo. Mientras que durante los primero cinco meses de 2020 se abrieron 224 carpetas de investigación por el mismo delito.
De acuerdo al estudio del Senado de la República, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de despojo ha aumentado en los últimos cinco aí±os, al pasar de 20 mil 281 en 2015 a 20 mil 695 en 2016; 24 mil 702 en 2017; 25 mil 618 en 2018; y 27 mil 597 en 2019, mientras que en el primer cuatrimestre de 2020 (enero a abril) se denunciaron nueve mil 856 actos de despojo en los Ministerios Públicos de todo el paí­s.
Entre las conclusiones a las que llegó el estudio del Senado de la República, se dice que el delito de despojo ha sido llevado a cabo mediante el uso de la violencia, el engaí±o o la usurpación en contra del patrimonio de sus legí­timos propietarios. ”En la revisión realizada en los casos denunciados en México, se destaca un incremento a escala nacional de forma continua en los últimos cinco aí±os», por lo que el desafí­o para las instituciones de seguridad y justicia, tanto a escala estatal como federal, ”es disminuir el número de los delitos de despojo, y con ello, mejorar las condiciones de la población en materia de seguridad pública».
IMPUNIDAD ALIENTA OPERACIí“N DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN DESPOJOS
En Quintana Roo, la impunidad es a tal grado que se invaden terrenos de propiedad privada, ejidal, pública federal, estatal y municipal, con lo que se violentan derechos humanos como el de propiedad, acceso a la justicia, al debido proceso, porque el sistema de justicia está a punto del colapso a no tener los recursos técnicos, administrativos y judiciales para atender y resolver a favor de los legí­timos propietarios cada caso en litigio.
Recordemos, por ejemplo, qué durante el mes de mayo de 2020, un grupo de personas volvió a apoderarse del predio donde se ubica la reserva ecológica Huub Sak, en Bacalar.
Quienes invadieron, rompieron los sellos de seguridad puestos por la Fiscalí­a General del Estado de Quintana Roo, dependencia que tení­a asegurado el predio luego de un operativo realizado en febrero de 2019, en el cual también se liberó al terreno de un grupo armado de personas.
Se trata del terreno Huub Saak, de 69.9 hectáreas, una reserva ecológica privada registrada ante la Comisión Nacional de íreas Naturales Protegidas (Conanp) como un írea Destinada Voluntariamente a la Conservación, la cual los invasores determinaron desmontarla y comercializarla.
El dueí±o del terreno y responsable del Proyecto Ecológico Huub Saak es Gustavo Rodrí­guez Elizarraras, quien declaró en aquella ocasión a la prensa que se le habí­a dificultada la denuncia, de la nueva invasión a consecuencia de las restricciones por la pandemia. En el aí±o de 2017, ya le habí­an invadido.
DESPACHOS JURíDICOS Y NOTARIAS FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE CORRUPCIí“N DE LOS DESPOJOS
Otro caso que es público y que ha sido documentado por medios de comunicación de Quintana Roo es en el que aparecen los nombres de Julio César Traconis Varguez y Adrian Samos Medina, auxiliar y titular de la Notarí­a 41, de acuerdo a la denuncia penal interpuesta por Daniel Rodrí­guez Rosado, un ciudadano que afirma no haber realizado ninguna venta de terreno.
En diciembre de 2019, al acudir a pagar el impuesto predial en las oficinas de la Tesorerí­a Municipal de Tulum, se llevó la sorpresa de que ya no tení­a ningún predio registrado a su nombre.
En su lugar estaba Renato Fabricio del Toro Rosaldo, quien también es denunciado, junto con los dos notarios, por el delito de falsificación de documentos y uso de documentos falsos y lo que resulte.
”íbamos a pagar el impuesto predial. Fuimos y ya no estaba mi nombre. O sea de la nada, sin haber vendido nada, sin haber firmado un solo papel, sin haber recibido un solo peso. Primero fuimos al municipio, luego al Registro Público (de la Propiedad) y resulta que el nuevo propietario es Renato Fabricio del Toro Rosado», declaró el afectado.
Este es un problema que pone en riesgo la seguridad jurí­dica de la propiedad en Quintana Roo, se debe actuar de inmediato desde los poderes ejecutivo, legislativo y principalmente, el judicial, pero también desde los órganos internos de control, porque no se explica el éxito que han tenido muchos invasores, a quienes el sistema de justicia les da la razón.

Graciela Machuca

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *