Necesariamente Incómoda
**Pueblos mayas en Quintana Roo, objeto de fraudes por olvido gubernamental discriminación.
**Pobladores de Hondzonot víctimas de fraude para gestión de proyectos productivos.
**Servicios Empresariales para el Desarrollo Rural SC, ofreció capacitación en línea donde no hay internet ni las personas defraudadas saben usar una computadora.
Graciela Machuca Martínez
El olvido gubernamental y la discriminación asentada en la cultura regional y nacional han convertido a los pueblos indígenas de la Península de Yucatán en fáciles víctimas del engaí±o y el fraude, tanto de autoridades de los tres niveles de gobierno como de aquellos particulares que ven en la ignorancia una forma fácil de delinquir, cobijados en la impunidad y en los complejos caminos para que la población indígena acceda al sistema de justicia del país.
De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) las comunidades indígenas enfrentan una situación de discriminación estructural. En principio, han sido históricamente relegadas en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la justicia y el empleo.
Además, los estereotipos que asocian a las comunidades indígenas con la pobreza o con falta de disposición y capacidad para trabajar han reforzado esta exclusión, tanto en lo público como en lo privado. Así, quienes pertenecen a una comunidad indígena tienen, por ejemplo, menor probabilidad de contar con suficientes recursos para su formación académica (o extracurricular) o menos facilidades para adquirir un crédito. Como resultado, los pueblos indígenas enfrentan importantes obstáculos en el goce de sus derechos.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, casi 25.7 millones de personas en México (21.5% de la población nacional) se autoidentifican como indígenas. De ellas, 12.5 millones son hombres y 13.2 son mujeres (INEGI 2015).
DE ACUERDO AL INEGI-2015, EL 44.4% DE LA POBLACIí“N DE QUINTANA ROO SE CONSIDERA INDíGENA
Según el INEGI (2015), la población que se considera indígena es particularmente abundante en Oaxaca y Yucatán, donde representa 65.7 y 65.4% del total, respectivamente. También tiene presencia sustancial en Campeche (44.5% de la población) y en Quintana Roo (44.4%).
El Conapred, en una ficha técnica sostiene que sólo 27.6% de quienes se identifican como indígenas habla una lengua indígena. En total, 7.2 millones de habitantes (6% del país) hablan una de dichas lenguas—en uno de cada cuatro casos, el náhuatl (INEGI 2015).
Una de cada diez personas hablantes de una lengua indígena no habla espaí±ol (INEGI 2015). Más de 60% de quienes hablan alguna lengua indígena habita en localidades rurales (INEGI 2015).
Respecto a la educación, el Conapred documentó que la escolaridad promedio de las y los hablantes de una lengua indígena es de 5.7 aí±os, lo que equivale a una educación primaria inconclusa. El nivel es mayor entre hombres (6.2) que entre mujeres (5.1). A nivel nacional, la escolaridad es de 9.1 aí±os (INEGI 2015).
Mientras tres por ciento de la población total de personas de 15 a 59 aí±os en México no sabe leer ni escribir, el analfabetismo alcanza 13.3 por ciento entre hablantes de lengua indígena y 6.9 por ciento entre la población que se identifica como indígena.
Esta brecha afecta todavía más a las mujeres (16.1 y 8.4%, respectivamente) (Conapred 2018).
BAJO NIVEL DE ESCOLARIDAD Y DESINFORMACIí“N CAUSA DE FRAUDES CONTRA INDíGENAS MAYAS
En este panorama no se excluye a Quintana Roo, en el que no solo residen los pueblos originarios mayas, sino otros que se han asentado en la entidad como resultado de la migración con fines laborales.
A las personas indígenas mayas y de otros pueblos, no solo las engaí±an, discriminan y explotan en los centros de trabajo en torno a la actividad turística, sino, desde hace muchos aí±os, hemos venido dando cuenta de la forma en que son defraudadas personas y comunidades enteras por personas que se aprovechan de su buena voluntad y desinformación.
Mujeres y hombres han terminado en la cárcel por firmar documentos de los cuales ignoraban su contenido, simplemente porque no sabían leer ni escribir.
En la zona maya esta el caso de mujeres como Anastasia Bacab May, ”Me dijeron pon tu huella y la puse en unos papeles que me llevó una ingeniera» eso fue suficiente para que en 2009 fuera recluida injustamente en la cárcel, bajo la figura jurídica de Administración Fraudulenta, recobró su libertad después de aproximadamente 6 meses de prisión.
Esta se logro por un desistimiento del ejercicio de la acción penal en contra de ella, misma que hizo el procurador de justicia del estado a través de las instancias correspondientes, luego de la intervención de asociaciones civiles.
NOTA: nunca antes se había dado un desistimiento de parte de la autoridad investigadora, durante varias décadas de procuración de justicia en la Zona Maya es decir Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo.
El caso es que se escucharon las diferentes voces de reclamo por la libertad de ser una mujer maya/hablante, ser ndigena y ser pobre, que se encontraba encarcelada de manera por demás injusta en las mazmorras del estado.
Es una vergí¼enza para el país que al terminar la segunda década del Siglo XXI haya personas que por su bajo grado de escolaridad y desinformación sean víctimas de fraudes como está ocurriendo en Quintana Roo con varios casos documentados.
En esta ocasión me refiero a un grupo de hombres y mujeres de la comunidad de Hondzonot, perteneciente al municipio de Tulum, personas que fueron defraudadas por quien les ofreció gestionar proyectos productivos a cambio de tres mil pesos. Hasta el momento, los proyectos no llegaron, ni han podido recuperar su dinero.
Tanto en medios de comunicación estatales como en el sitio Web Safe Land Attorneys se ha conocido este caso, con antecedentes desde el mes de junio de 2017 y hasta el momento, la justicia para los mayas brilla por su ausencia.
Las víctimas de este fraude están inmersas en un proceso judicial al cual nunca tuvieron la intención de entrar, ya que su única intención fue conseguir recursos para trabajar y mitigar las condiciones de pobreza en que viven, como la mayoría de los indígenas mayas en Quintana Roo.
SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO RURAL SC VENDIí“ SERVICIOS EN LíNEA A PERSONAS QUE NO SABEN USAR UNA COMPUTADORA
Su próximo encuentro con el sistema judicial de Quintana Roo será los días 12 y 13 de enero en un juzgado civil en la ciudad de Chetumal, para lo cual tienen que reunir dinero para pagar los gastos de gastos de traslado, hospedaje y alimentación para asistir a la cita judicial que promovió quien se niega a reintegrarles su dinero, ya que la promesa de conseguirles proyectos productivos resultó un fraude.
El proceso judicial inició en el mes de enero de 2020. El 10 de julio de 2017 el ingeniero Carlos Martín Pérez Castillo, director de Servicios Empresariales para el Desarrollo Rural SC, hizo firmar a los indígenas mayas un contrato para supuestamente incorporarlos a proyectos productivos del gobierno federal. Como pago por su ”gestoría», el referido Ingeniero cobró a cada poblador maya tres mil pesos; sin embargo, hasta el día de hoy ninguno ha recibido apoyo o proyecto productivo alguno. El seí±or Carlos Martín Pérez Castillo tampoco regresó a la comunidad de Hondzonot, de acuerdo a la traducción publicada por Cambio 22 del original en inglés que se encuentra en la página Safe Land Attorneys.
El contrato firmado por los indígenas mayas es un complejo documento redactado en espaí±ol mediante el que Pérez Castillo y su empresa se comprometió a brindar ”asesoría» y ”consultoría» a los indígenas mayas para participar en la convocatoria 2.3 Programa de Incubación en Línea, dependiente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía del gobierno federal.
Como parte del programa de incubación, los mayas debían tomar un curso en línea para aprender cómo crear una empresa, hacer un plan de negocio y solicitar un crédito bancario, entre otros aspectos; sin embargo, los indígenas mayas difícilmente hablan y entienden espaí±ol, y ninguno de ellos sabe manejar una computadora, además de que en la comunidad de Hondzonot no hay servicio de internet, por lo que en la práctica era imposible que los indígenas mayas pudieran realizar el curso.
SE REQUIERE DINERO PARA QUE ACUDAN A UNA DILIGENCIA JUDICIAL A CHETUMAL
Entre las pruebas que el ingeniero Carlos Martín Pérez Castillo ofreció en juicio para defenderse y tratar de evitar devolver los tres mil pesos a cada uno de los indígenas que defraudó, está la prueba confesional, consistente en un cuestionario de preguntas que cada uno de los mayas deberá responder los días 12 y 13 de enero. Por procedimiento legal, los 20 demandantes deben presentarse ambos días en el juzgado.
”Para acudir a la cita en el juzgado y que los indígenas mayas tengan la posibilidad de ganar el juicio interpuesto, requerimos apoyo para trasladarlos desde la comunidad de Hondzonot a Chetumal el día doce de enero en la madrugada, apoyo para las comidas, un día de hospedaje y transporte para regresarlos de Chetumal a Hondzonot el 13 de enero», se lee en el comunicado de Safe Land Attorneys. Si deseas ayudar a los indígenas mayas, contáctanos por whatsapp al teléfono 984 119 78 38″; seí±ala el portal.
Así como este caso existen otros que se han ido documentando durante los últimos aí±os, prueba de que a los mayas se les sigue considerando como personas con derechos humanos a medias.
Servicios Empresariales para el Desarrollo Rural S.C. se presenta como una empresa que desarrolla y fortalece proyectos empresariales del sector rural y urbanos, enfocada en la sustentabilidad. En temas de ecoturismo, conservación, restauración, agricultura, ganadería.
Pero el caso de Hotzonot no es el unico caso en el que se explota y manipula a los indigenas mayas, de igual manera operan desde Tulum un grupo de abogados en su mayoría de la Ciudad de México que manipulan a los ejidos comprometiendo a los comisariados al cometer actos ilicitos e irregulares.