Habitantes de ”Guillermo Prieto», no son ni de aquí ni de allá
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**Mientras unos jueces federales reconocen su Derecho al Agua, otros discuten si la comunidad de ”Guillermo Prieto» es de Campeche o de Quintana Roo.
**A CONAGUA le interesa garantizar el Derecho Humanos al Agua de comunidades por donde pasará el Tren Maya.
Cuando la LVI Legislatura del estado, en el 2020, determinó asignarle recursos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo para iniciar los trabajos de un acueducto que suministre agua potable a la comunidad quintanarroense de Guillermo Prieto y sus vecinas que pertenecen al municipio de Othón P. Blanco, sabía muy bien, que solo se trataba de darle largas al asunto y cumplir formalmente con un requerimiento de un juez federal.
Ya llegamos a la mitad del mes de febrero de 2021 y la población de Guillermo Prieto sigue en espera que otra instancia del Poder Judicial de la Federación (PJF) defina si pertenece a Quintana Roo o a Campeche, porque el diferendo por límites estatales aún sigue litigándose en perjuicio de estas personas, que siguen siendo mexicanas de segunda, porque los gobiernos de Campeche y Quintana Roo, desde hace aí±os se disputan la propiedad del territorio donde se encuentra asentada Guillermo Prieto, pero ninguno se hace responsable de dotar de servicios públicos a la población asentada en esa zona limítrofe.
Integrantes del Congreso sabían que políticamente les convenía liberar los recursos con un monto de cuatro millones 400 mil pesos para iniciar los trabajos de viabilidad y planeación del referido acueducto, e incluso, se los etiquetaron a CAPA, pero a la hora de que este organismo pidió que se le transfirieran para ejercerlos, se le informó que dichos recursos no se moverían debido a la indefinición jurídica de las tierras donde está asentada Guillermo Prieto, precisamente en la franja fronteriza de Quintana Roo y Campeche, la cual está en disputa desde hace aí±os.
El Congreso del Estado, es promovente en un juicio de amparo en el que se pide que se definan los límites entre ambos estados, pero además, es el Congreso, el que está pidiendo, de manera formal que se le reconozca a Quintana Roo la jurisdicción sobre el área donde está Guillermo Prieto, por lo que a pesar de conocer esta situación jurídica, etiquetó recursos para el acueducto de Guillermo Prieto, sabedor que jurídicamente no se podrían ejercer por la indefinición del área.
SEFIPLAN TIENE IMPEDIMENTOS LEGALES PARA NO ENTREGAR RECURSOS A CAPA
La Secretaria de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Yohanet Torres, fue requerida por un juez federal para que explique porque no ha liberado los recursos para que CAPA inicie con los primeros trabajos del acueducto, a lo que ella responderá que está limitada por ley para liberar esos recursos, por el juicio de amparo en curso para delimitar los territorios de Quintana Roo y Campeche. Así es que aunque un juez federal le pida explicaciones del porque esos recursos no se han ejercido, ella cuenta con los motivos legales que le impiden destinar recursos en una comunidad asentada en un área indefinida, respecto a qué entidad federativa pertenece, lo cual sabía muy bien el Congreso, sin embargo, no afrontó las consecuencias políticas y jurídicas.
Mientras el diferendo entre Campeche y Quintana Roo continúa en tribunales federales, los más de 700 habitantes de Guillermo Prieto seguirán a la espera que su Derecho al Agua sea respetado, mientras la falta del vital líquido continúa impactando negativamente en otros de sus derechos humanos: derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.
El abogado Andrés Blanco Cruz, especialista en el derecho humano al agua y quien ha logrado que un juez federal ordenará al Congreso de Quintana Roo designar presupuesto para la construcción del acueducto para beneficiar a Guillermo Prieto, volvió a recurrir a la justicia federal para que el gobierno de Quintana Roo, por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, le explique porque no se han asignado los recursos etiquetados por el Congreso del Estado.
Como resultado de esa demanda de amparo, el juez que conoció del asunto requirió a la titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muí±oz, para que explique por qué la instancia a su cargo no ha radicado los recursos necesarios para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado inicie con los estudios pertinentes que permitirán que los pobladores de Felipe íngeles, Guillermo Prieto y Caí±a Brava, cuenten con agua potable.
La servidora pública alega a su favor que al existir un juicio de amparo en curso para definir los límites entre Quintana Roo y Campeche, la ley no le permite destinar recursos para una obra en un territorio indefinido jurídicamente.
EL ABOGADO DE GUILLERMO PRIETO LUCHA PORQUE EL DERECHO HUMANO AL AGUA SEA UNA PRIORIDAD PARA QUINTANA ROO
En contraparte, el abogado Blanco Cruz sostiene que la Sefiplan, ”no ha mostrado voluntad de liberar los recursos ya autorizados para que los pobladores de estas comunidades quintanarroenses tras más de 30 aí±os de haberse fundado tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; por ello hemos recurrido nuevamente a las instancias judiciales para hacer valer este derecho humano de primera generación».
Recordó que con fecha 13 de noviembre la Capa, solicitó a la Sefiplan, el presupuesto necesario para que la dependencia local de agua potable de cumplimiento a las sentencias definitivas dictadas por los jueces federales, no obstante, y pese a la autorización de 100 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2021 por parte del Congreso de Quintana Roo, la dependencia a cargo de Torres Muí±oz, ha sido omisa en perjuicio de los habitantes de estas 3 comunidades del municipio de Othón P Blanco».
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, según lo seí±alado por Blanco Cruz ante la instancia federal, requiere de 4 millones 400 mil pesos para realizar los estudios pertinentes que permitan llevar este recurso hídrico a las comunidades amparadas, ”lo cual no se ha cumplido ya que la Sefiplan, no ha liberado los recursos pertinentes».
Como ya lo escribí en una entrega anterior sobre este asunto, Guillermo Prieto se encuentra en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, franja en disputa por límites territoriales, que actualmente se encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de un territorio con incertidumbre jurídica, lo que podría incidir en la dotación de servicios básicos para la población, sin embargo, un juez federal asentado en Zacatecas reconoció a la población de Guillermo Prieto su Derecho Humanos al Agua, por lo que las autoridades de Quintana Roo están obligadas a cumplir con ese mandato, pero también deben responder a la prohibición legal que tienen de invertir recursos públicos en una comunidad con indefinición jurídica sobre su pertenencia a una entidad federativa.
Mientras tanto, Guillermo Prieto y sus vecinas, seguirán en espera que la demagogia gubernamental y de partidos políticos, como el Verde Ecologista de México, cese, para que les hablen con la verdad y les digan, que a pesar del mandato del juez federa de Zacatecas, están impedidas por ley para asignarles recursos públicos por encontrarse en una zona limítrofe en litigio, pero como estamos en tiempos electorales, el engaí±o persistirá.
CONAGUA TIENE PRIORIDADES, PERO NO LAS COMUNIDADES INDí“GENAS DE QUINTANA ROO COMO GUILLERMO PRIETO
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene prioridades, en la Península de Yucatán, pero solo le interesa los temas que se encuentran en la agenda presidencial, como lo relacionado a la construcción del Tren Maya, pero de la falta de agua en Guillermo Prieto alega que es un asunto estatal y municipal.
Por ello, en el marco de los trabajos del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), coordinó una reunión de trabajo con organismos operadores estatales de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
De acuerdo a un comunicado oficial de CONAGUA, ”con el fin de articular esfuerzos institucionales y establecer una ruta de trabajo encaminada a cumplir las peticiones relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento básico, las cuales surgieron durante las asambleas informativas realizadas con las comunidades que se ubican en la zona de influencia del proyecto».
Entre los acuerdos establecidos en la reunión, destaca la convocatoria a formar mesas de trabajo con representantes de cada entidad, con quienes se analizarán y evaluarán las peticiones surgidas de la consulta indígena, lo cual permitirá conocer el estado de los servicios en las zonas involucradas, así como las opciones para el desarrollo de obras hidráulicas.
EN GUILLERMO PRIETO VIVEN MEXICANOS DE SEGUNDA, SEGíšN ACCIONES DE CONAGUA
La dependencia federal sostiene que para el Gobierno de México, ”la atención de las demandas de acceso al agua potable y creación de infraestructura de saneamiento básico son prioritarias, pues contribuyen a cumplir el Derecho Humano al Agua, sobre todo en estas comunidades, cuyo desarrollo y bienestar es fundamental para el desarrollo equitativo del país».
A la reunión acudieron representantes locales y regionales de la Conagua, del Instituto Estatal del Agua de Chiapas, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, de las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche y Quintana Roo, así como de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.
Graciela Machuca
