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Fiscalí­a de Quintana Roo y sus retos ante la incidencia delictiva

En la sección FGE por el 2 marzo 2021 a las 6:45 pm

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martí­nez
Las personas responsables de garantizar el derecho a la Seguridad Pública de la sociedad quintanarroense tienen una encomienda que no se puede circunscribir a un proyecto de gobierno, sino al bienestar de toda la sociedad, se trata de una tarea de grandes dimensiones, para la cual aún falta encontrar al equipo de profesionales que sepa desarrollar esa noble tarea; pero si facultades gubernamentales son vitales para el desarrollo de Quintana Roo, no se quedan atrás las responsabilidades de quienes son los responsables de la institución encargada de procurar justicia, la hoy Fiscalí­a General del Estado de Quintana Roo.
El desempeí±o de sus tareas constitucionales es vital para garantizar el estado de derecho y permitir que la ciudadaní­a pueda tener acceso a la justicia, porque si el Ministerio Público, hace mal su trabajo, el acceso a la justicia se le es negado a la sociedad.
En Quintana Roo y a nivel nacional, las instituciones de procuración de justicia han ido sufriendo cambios sustanciales durante los últimos aí±os para dar cumplimiento a las reformas constitucionales y así­ lograr la anhelada autonomí­a de la que ahora gozan las fiscalí­as en el paí­s, pero que no siempre se logra en los hechos, pues la inercia de un sistema de justicia colapsado en el paí­s ha puesto entre la espada y la pared a las personas servidoras públicas comprometidas con investigar los delitos y consignar los casos ante las autoridades jurisdiccionales.
De acuerdo a la información recabada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas fuentes son principalmente las fiscalí­as estatales, el número de delitos cada dí­a va en aumento, lo que representa cada dí­a una carga de trabajo para quienes tienen que investigar, lo que conlleva al rezago en el avance de las carpetas de investigación, lo que representa un gran reto para aquellas personas servidoras públicas que en verdad están comprometidas con su encomienda constitucional.

QUINTANA ROO, UN RETO A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE PROCURACIí“N DE JUSTICIA

La incidencia delictiva de 2020 en Quintana Roo, así­ como en el resto del paí­s, tuvo algunos retrocesos que se le pueden adjudicar a las consecuencias de la pandemia, pero algunos delitos mantuvieron la tendencia que traí­an respecto a su crecimiento de 2018 a 2019.
Quizás la interpretación de la dinámica estadí­stica varí­e de acuerdo a los enfoques metodológicos que se le aplique, cuyos resultados pueden varias si los comparamos con la percepción ciudadana respecto a la impunidad, misma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la sigue ubicando en el rango de 90 por ciento.
Desde luego que Quintana Roo es un caso aparte, porque el número de habitantes más los millones de visitantes que todos los aí±os llegan a la entidad, representan un universo complejo tanto para brindarles seguridad pública, como para investigar los miles de delitos que se cometen en ese gran conglomerado humano.
En Quintana Roo opera la llamada delincuencia organizada, como lo pudimos comprobar recientemente con la desintegración de una banda integrada por algunas personas de nacionalidad rumana, pero que trabajaban con el amparo y protección de particulares, agentes del estado tanto de México como de otros paí­ses. Las investigaciones de este tipo de delincuencia corresponde a la Fiscalí­a General de la República (FGR), pero los delitos del fuero común que van dejando en el camino le corresponde a la fiscalí­a estatal, a la cual se le junta el trabajo, el cual es imposible de sacar a flote como lo requiere la ciudadaní­a, porque ningún presupuesto alcanza para sacar adelante una tarea tan inmensa.
Por lo anterior es necesario hacer un recorrido por el trabajo que realizó durante el 2020 la Fiscalí­a General de Justicia de Quintana Roo, para identificar los logros y los pendientes que se deben convertir en retos para cualquier institución que esté dirigida por personas comprometidas con su vocación de servicio en la administración pública.
Para el maestro í“scar Montes de Oca Rosales, fiscal General del Estado de Quintana Roo, la incidencia delictiva se redujo durante 2020 por medio de la tramitación de expedientes ante los juzgados del Poder Judicial de la entidad, con un mayor número de personas puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional como presuntos responsables de diversos hechos delictivos.
2020 fue un aí±o de retos para la Fiscalí­a porque la atención a la ciudadaní­a continuó a pesar de las consecuencias por la pandemia de la COVID-19.

LA JUDICIALIZACIí“N DE CASOS DE FEMINICIDIOS SE INCREMENTí“ DURANTE 2020

Hablando de cifras, nos encontramos que en materia de feminicidios documentados en 2018, solamente se judicializaron 7 expedientes, mientras que para 2019 fueron 17 y para 2020, 24 asuntos llegaron a la esfera judicial.

Se judicializaron por extorción nueve expedientes en 2018; 16 en 2019 y; 25 para 2020.
Al ámbito judicial llegaron 10 expedientes por secuestro, 16 en 2019 y 19 en 2020.
A las manos de los jueces llegaron durante 2018, 247 expedientes por narcomenudeo; 340 en 2019 y en 2020, 343 expedientes.

El número de expedientes sobre homicidios que se judicializaron fue de 90; 162 carpetas de investigación en 2019, y en 2020, 200 expedientes.

El titular de la Fiscalí­a dio a conocer que se inician anualmente un promedio de 40 mil carpetas de investigación, de las cuales un 43.7% corresponde a la incidencia delictiva por robo, la violencia familiar ocupa el 12 %, el daí±o a la propiedad corresponde al 8.1%, las lesiones equivalen al 7.1 %, mientras que el fraude y el homicidio ocupan el 3.8 y 3.1 % respectivamente, además del resto de la incidencia ocupada por el resto de delitos.
Ante las condiciones inéditas por la contingencia sanitaria, la Fiscalí­a continuó dando el servicio a pesar de la reducción de personal en sus instalaciones, para ello, puso en marcha la recepción de las denuncias por internet, el acercamiento oportuno de los servicios a las mujeres ví­ctimas, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias por ví­a virtual y la atención de quejas en materia de Derechos Humanos a través de la ví­a telefónica y por la aplicación digital de WhatsApp.

Durante 2020 se destaca la puesta en marcha del programa ”Denuncia en Lí­nea», gratuito, mismo que se activó en su primera etapa en el municipio de Benito Juárez, desde cualquier dispositivo móvil y /o escritorio a través del sitio denuncia.fgeqroo.gob.mx que a la fecha lleva atendidas 2,692 denuncias, con un total de 1,159 carpetas de investigación iniciadas.

También forma parte de este trabajo durante 2020, la apertura de la aplicación ”Alerta Violeta» que permite generar un llamado de auxilio en caso de peligro, enviando la ubicación de la persona en tiempo real, enlazándola con el servicio de emergencia 911 para recibir ayuda, esta es de fácil de uso, compatible con los sistemas Android e IOS y cuenta con más de 866 descargas a la fecha, de acuerdo a información proporcionada por la misma Fiscalí­a.

BENITO JUíREZ CON MíS DEL 50 P0R CIENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA DE TODO QUINTANA ROO

Durante el 2020 se iniciaron en Quintana Roo 40 mil 78 carpetas de investigación sobre diversos delitos, lo que representa una disminución de cinco mil 818, respecto a las iniciadas durante 2019, es decir el 12.67 por ciento, ya que en 2019 fueron 45 mil 896 y en el 2018 se iniciaron un total de 34 mil 43.
Del total de las carpetas de investigación iniciadas durante 2020 en Quintana Roo, el 53.72 (21,528), correspondieron al municipio de Benito Juárez; 16.26 % (6,517) a Solidaridad; 14.72 por ciento (5,898) a Othón P. Blanco; 4.03 % (1,617) a Cozumel; 3.72 % (1,490) a Tulum; 2.51 % (1,105) a Felipe Carrillo Puerto; 2.34 % (936) a Bacalar; a José Marí­a Morelos el 1.13 % (451); Lázaro Cárdenas 0.60% (239); 0.13% (52) Puerto Morelos.

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