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La triste historia de los derechos de las mujeres en Quintana Roo

En la sección Mujeres por el 6 marzo 2021 a las 9:16 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez
El controversial tema de la despenalización del aborto y el resto de la agenda del movimiento por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres en Quintana Roo, al final de cuentas, quedó como rehén de la agenda político-electoral de la entidad, porque la clase política estatal, no tiene ni la cultura proderechos humanos, ni la voluntad política para abordar este asunto en particular como ocurrió en su momento en la Ciudad de México y en el Estado de Oaxaca, donde una reforma legislativa no vino a resolver los problemas, pero si abrió el abanico de opciones y la plataforma jurídica para avanzar en la creación de políticas públicas.
En la capital del país, la voluntad política de los gobiernos ha permitido que las acciones gubernamentales vayan enfocadas a garantizar los derechos de las mujeres, aunque aún hace falta mucho por hacer. En Oaxaca, el avance legislativo, quedó solo en una acción legislativa, porque al gobierno estatal no le interesa llevarlo a la práctica y las personas legisladoras que hicieron posible la despenalización del aborto, lo vieron como un logro político, pero no están comprometidas con los derechos de las mujeres.
Desafortunadamente, en Quintana Roo no tenemos un Congreso de altura, capaz de defender al pueblo, como es el compromiso constitucional de toda aquella persona que rinde protesta y se compromete a defender la ley. Los meses que estuvieron expuestas las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense a las inclemencias del tiempo, las incomodidades, el riesgo de ser desalojadas con la fuerza pública, serán experiencias que no se deben olvidar por que ya están escritas en la historia feminista del estado. Por el momento, no se logró la demanda principal, pero se continúa caminando.
La demanda de la despenalización del aborto no es un asunto de unas cuantas personas, sino de toda la sociedad, de hombres y mujeres. Se continuará con esa demanda, hasta que la clase política de Quintana Roo, sea capaz de ver más allá del día de las elecciones próximas.
Los improvisados foros convocados por el Congreso Estatal y el cinismo de quienes dicen legislar, fueron una burla para todas las mujeres de Quintana Roo, incluyendo a las mujeres legisladoras, así como a las madres, a las esposas y a las hijas, hermanas de quienes tomaron la decisión de resolver un asunto social, con el simple mayoriteo. Desde el juego que la burla no solo fue para las activistas que encabezaron las demandas de la agenda, sino a todas las voces que están de acuerdo con esas demandas.

LA SOCIEDAD QUINTANARROENSE ESTÁ PREPARADA PARA DISCUTIR Y APROBAR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO, LA CLASE POLÍTICA, NO LO ESTÁ
La sociedad quintanarroense está preparada para discutir y asumir su responsabilidad en la despenalización del aborto, la que no está preparada, es la clase política, aquellas personas que viven de la política, esas mismas que han hecho sus fortunas de los presupuestos públicos.
A cerca de diez integrantes de la XVI Legislatura de Quintana Roo, no les interesa lo que piensa y quiere el pueblo, mucho menos legislar a su favor, prueba de ello es que solo estaban esperando la fecha que la ley les establece para “renunciar” a su cargo, para ir en busca de otro.
A ellas, qué les va a interesar que las mujeres en la zona maya se sigan muriendo por abortos mal practicados o que miles de niñas y niños vivan en la orfandad parental y gubernamental, o vivan con discapacidades producto de la pobreza extrema, a pesar que a unos cuantos kilómetros se derrocha opulencia y hábitos consumistas de primer mundo.
Pero esta respuesta de la clase política de Quintana Roo ya la esperábamos, ya lo han hecho en otras ocasiones, y desafortunadamente, han sido muchas mujeres las que se han prestado para que los derechos de las mismas mujeres sean violentados.

“LEY PIÑA”, REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CRIMINALIZÓ A MUJERES EN QUINTANA ROO
En Quintana Roo, quien se acuerda de la llamada Ley Piña, de cuya autoría y defensa se encargó la entonces diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora presidenta municipal de Puerto Morelos, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Laura Lynn Fernández Piña, se trató de reforma constitucional antiaborto, rebautizada como “ley de derecho a la vida”.
Fue el 21 de abril de 2009 cuando las bancadas del PRI y del PAN, secundadas por un diputado de Nueva Alianza, aprobaron la reforma al primer párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, fue la clase política la que criminalizó a niñas, adolescentes y mujeres. La impulsora fue Fernández Piña, en perjuicio de las mujeres quintanarroenses.
Sin embargo, la señora siguió en la política, la hicieron presidenta municipal, se reeligió y ahora se siente con el derecho de seguir gobernando, detrás del trono, al municipio más joven de Quintana Roo.
Por esa ley, Sac-Nicté Pool Mayorga, una mujer joven de tan sólo 22 años y de origen Maya, fue encarcelada, acusada de abortar, a pesar de que no se trató de un aborto provocado. En la conciencia de Fernández Piña, también está el caso de una niña de diez años, que no pudo abortar y se puso en riesgo su vida, luego de que su padrastro la violó.
La reforma constitucional promovida por Fernández Piña, se le cuestionó, desde un principio, su falta de congruencia con la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, porque en ningún momento se tomaron en cuenta sus derechos reproductivos.
La clase política de Quintana Roo es la que llevó al Artículo 13 de la Constitución Política estatal el siguiente mandamiento: “El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley”.
Desde luego, que esta reforma constitucional, como lo documentó en su momento el periodista Javier Chávez Ataxca, “contradice el Código Penal del Estado, que prevé cuatro causales de no punibilidad del aborto: cuando el embarazo sea resultado de una violación que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que se practique dentro del término de 90 días de la gestación”.
“Tampoco se castigará si el embarazo pone en peligro la vida de la madre, si el producto padece malformaciones y cuando la gestación sea producto de una conducta culposa de la mujer embarazada, es decir, cuando el embarazo se haya producido con dolo, en perjuicio de una tercera persona”, escribió Chávez Ataxca en la edición del periódico La jornada del 22 de abril de 2009. El Congreso de Quintana Roo aprobó dicha reforma constitucional el 21 de abril de 2009 y el titular del Poder Ejecutivo Estatal, la publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 15 de mayo del mismo año.
En ningún momento se le ocurrió a Fernández Piña y al resto del Congreso que aprobó las reformas al Código Penal, ni al gobernador del estado que tenía el derecho de veto, legislar sobre orientación, educación e información sexual, metodología anticonceptiva, paternidad responsable, entre otros factores que se deben tomar en cuenta para legislar sobre derechos reproductivos de las mujeres.

INTENCIONES, EN 2017, DE CARLOS JOAQUÍN DE LEGALIZAR EL ABORTO EN QUINTANA ROO
Durante este debate, 2020-2021, que ya cerró el Congreso del Estado de Quintana Roo, se les olvidó desempolvar la iniciativa de reformas de ley que presentó el gobernador del estado Carlos Joaquín González, el día 7 de abril de 2017, a las 11:00 horas, para, entre otras cosas, hacer cambios legales en materia de aborto.
En dicha propuesta se derogaba el Artículo 93 del Código Penal del Estado de Quintana Roo que dice: “A la mujer que se le procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta”.
El Artículo 94 dice: “Al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta, se le aplicará de tres a ocho años de prisión, y si mediare violencia, de cuatro a nueve años”. La propuesta del gobernador fue de la siguiente manera: “Al personal médico de hospitales públicos como privados que se nieguen a practicar el aborto a una mujer que sufrió violación, siempre que no se ponga en riesgo su salud o vida se les aplicará de 1 a 3 años de prisión y multa de 300 a mil días multa”.
El Artículo 96 vigente sería derogado.
El Artículo 97 quedaría, de acuerdo a la iniciativa del gobernador, diría:
“El aborto será punible y se aplicará de 1 a 3 años de prisión cuando:
I. Se practique después del término de 90 días de la gestación, poniendo en peligro la vida o la salud de la mujer.
II. Se realice sin el consentimiento de la mujer o se realice mediante la fuerza, coacción o amenaza.
III. Se produzca por negligencia o culpa del personal médico de un hospital o partera rural. En este caso se reducirá la pena en una tercera parte de la contemplada en el primer párrafo.
IV. Derogada.
Desde luego que solo quedó en una iniciativa de reformas de ley, que encontró mejor acomodo en la congeladora, porque los intereses de los Legionarios de Cristo y de los empresarios de doble moral, son más fuertes que la voluntad política.

Como estas iniciativas han existido en la historia del tema en el congreso local varias más como el caso en que una diputada independiente Sonia López Cardiel. El 5 de mayo de 2019 propuso que: En caso de que las mujeres soliciten abortar por segunda ocasión, tendrían que aceptar un “método anticonceptivo definido” De acuerdo con la propuesta de Cardiel, se busca añadir como “situación socioeconómica grave y/o justificada” como una causal del aborto legal en el estado de Quintana Roo, propuesta que por aberrante se eliminó.

LA CLASE POLITICA DE QUINTANA ROO DECIDIÓ CERRAR EL DEBATE SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
Lourdes Tycholis, escribió el 4 de marzo en el sitio web Feminacida, periodismo que resurge: “Tras una extensa jornada verde en el Estado mexicano Quintana Roo y un gran apoyo latinoamericano, bajo el hashtag #AbortoLegalQRoo, este martes el pleno del Congreso local rechazó con 7 votos a favor y 13 en contra la iniciativa aprobada horas antes en comisiones para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El proyecto proponía la reforma del artículo 13 de la Constitución estatal y modificaciones a la Ley de Salud, al Código Civil y los artículos 92, 93, 94, 96 y 97 del Código Penal. Además, se votó que el dictamen no regresara a comisiones”.
Así el caso quedó cerrado. Las voces unidas de mujeres y hombres pondrán nuevamente el tema en la agenda legislativa y política de Quintana Roo, a pesar que la clase política diga lo contrario.

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