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Relaciones de poder y el olvido de las víctimas en Quintana Roo

En la sección Política por el 19 abril 2021 a las 7:41 pm

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez
**El feminicidio de Victoria Salazar quedó como rehén de un acuerdo para militarizar la frontera Sur.
Si hacemos un recuento de las violaciones a derechos humanos, la violencia política, los feminicidios, actos de corrupción, entre otros hechos ocurridos en lo que va del año en Quintana Roo y que han conmovido a la opinión pública nacional e internacional, veremos que a las autoridades en general le apuestan al paso del tiempo, a que las semanas, los meses pasen para que la presión mediática y política disminuya, mientras se van acumulando desgracias entre las familias quintanarroenses y visitantes; un nuevo hecho de violencia hecha toneladas de olvido sobre los pasados y con ello la justicia se aleja cada día más para las víctimas, para sus familias, amistades y para la sociedad en general.
Por ello, resulta de gran valor que diversos medios de comunicación no pierdan de vista el seguimiento informativo a esos casos que dejaron luto e injusticias a muchas familias, en la medida que esos casos estén presentes entre la sociedad quintanarroense y las audiencias nacionales e internacionales tendremos esperanza que se haga justicia y se conozcan las verdades de las víctimas y victimarios, necesitamos conocer las diferentes líneas de investigación, las historias según las cuentas los actores de estas tragedias, pero como sociedad, a lo que no tenemos derecho es al olvido, porque muchas personas se han quedado sin justicia, porque las autoridades dejan de investigar porque ya no existe presión mediática y política que las obligue a actuar.
Un nuevo hecho de violencia, una nueva familia enlutada, sirve de pretexto para decir que ahora sí se tomarán cartas en el asunto, que ahora sí habrá prevención, que se tapará el pozo, pero pasarán las semanas y un nuevo hecho servirá para cimentar el olvido, la injusticia, la corrupción, la impunidad.
Por ejemplo el Sol de Quintana Roo, en su edición del 12 de abril, publica las relaciones políticas y de parentesco que tienen los dueños del Grupo Xcaret, responsables del homicidio culposo del niño Leo, de 13 años, originario del estado de Durango, debido a una negligencia de quienes operan uno de los parques acuáticos de estos empresarios.
Ese poder que les ha dado ser familiares de connotados políticos mexicanos, también les ha permitido violar la ley en materia de concesiones, lo que ha traído como consecuencia el deterioro al medio ambiente, que como concesionarios deben cuidar, porque las autoridades federales prefieren ser omisos que fracturar sus relaciones políticas.
El diario sostiene que “el poder económico y político que poseen los hermanos Carlos y Óscar Constandse Madrazo y Miguel Quintana Pali, les da las atribuciones para devastar y sobre explotar las zonas de mangle y selva, así como la alteración de ríos subterráneos y cenotes para la explotación comercial”.

DUEÑOS DEL GRUPO XCARET CON VINCULOS FAMILIARES CON LOS PRIISTAS ROBERTO MADRAZO PINTADO Y JOSÉ ÁNGEL GURRÍA

Se detalla que las concesiones de los parques ecoturísticos propiedad de empresarios “que tienen lazos familiares con los archienemigos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ellos son el ex dirigente nacional priísta Roberto Madrazo Pintado, y con el secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría”.
Los parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses, Xavage, El Garrafón, así como sus Hoteles, “son manejados por Grupo Xcaret, del que forman parte Carlos y Óscar Constandse Madrazo, primos del ex gobernador y excandidato presidencial Roberto Madrazo, así como Miguel Quintana Pali, cuñado del ex canciller y ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría”.
El Sol de Quintana Roo recuerda que en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 26 de febrero de 2007, se publica la concesión otorgada a la Promotora Xcaret S.A. de C.V., “para el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación consistentes en zona marítima para la operación de un muelle marginal de concreto, un espigón, una escollera y áreas de encierro, de uso particular, propiedad de la Nación, al Sur de Playa del Carmen, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cozumel, estado de Quintana Roo”.
En la referida concesión se establece que la concesionaria “podrá usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en zona marítima para la operación de un muelle marginal de concreto en el espigón de enrocamiento, con una superficie promedio de 80 m2, un espigón y una escollera con una superficie de 9,528.59 m2 y de 3,817.20 m2, respectivamente, dentro de las cuales se encuentran dos delfinarios, ambos con una estructura de madera, el primero de 488.04 m2, con una superficie de encierro de delfines de 2,063.28 m2, y el segundo, corresponde a 478.88 m2 y un encierro de delfines de 1,540.95 m2, dentro de una superficie total de 17,996.94 m2, ubicados frente al antiguo Rancho Xcaret, 6 kilómetros al Sur de Playa del Carmen, Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo”.
La misma concesión establece una serie de condiciones, las cuales el Grupo Xcaret no respeta, señala el diario.
La condición quinta establece las medidas de seguridad. “La Concesionaria deberá adoptar las medidas conducentes para garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias, de las embarcaciones y, en general, de las personas y los bienes, para lo cual se encargará de abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto impedir el libre acceso a las zonas marítimas”.

EL GRUPO XCARET PARA LA OPERACIÓN DE SUS PARQUES ACUATICOS Y DE DIVERSIONES CUENTA CON UNA CONCESIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, LA CUAL VIOLA EN TODO MOMENTO

Además, deberá abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de construcción o dragado, cuando no tenga o le sea revocado o suspendido el correspondiente dictamen favorable de impacto ambiental, emitido por las autoridades federales, estatales y municipales en materia ambiental, presente el correspondiente proyecto ejecutivo y obtenga las demás autorizaciones que se requiera expedir para obras o construcciones no contempladas en este título por parte de esta Secretaría y otras autoridades competentes.
Garantizar el libre tránsito por las zonas federales de tierra o de agua, para cuyo efecto, establecerá accesos específicos, en el entendido que la Secretaría podrá determinar los que considere necesarios.
Conservar en óptimas condiciones de limpieza e higiene las áreas concesionadas y, observar el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques 1973 y su Protocolo 1978 (MARPOL 73-78);
Gestionar y obtener de las autoridades competentes las autorizaciones que correspondan para la descarga de aguas residuales, así como para ejecutar las obras e instalaciones que se requieran, a efecto de que se descarguen en la red de drenaje municipal u otro medio idóneo para impedir la contaminación de las zonas federales de agua.
Es tiempo que la SEMARNAT y las demás instancias involucradas con esta concesión y con la operación de los parques y hoteles del grupo Xcaret actúen en consecuencia, de lo contrario, su silencio y omisión las hace cómplices de muertes como la del niño Leo y de las demás víctimas que ya hemos documentado en este espacio.

SEPULTAN EN SU NATAL EL SALVADOR A VICTORIA SALAZAR, DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A LOS POLICIAS INVOLUCRADOS EN SU FEMINICIDIO, PERO DE LA RESPONSABILIDAD DE VICTOR MAS TAH Y DE CAPELLA IBARRA NADA SE DICE

Las autoridades de la cancillería se apegaron a los protocolos y enviaron lo antes posible el cuerpo de Victoria Salazar a El Salvador, su tierra natal, de donde salió huyendo de la violencia en 2017. Tal parece que con la sepultura de Victoria terminó su historia porque las cuatro personas integrantes de la Policía Municipal de Tulum, coparticipes del feminicidio, fueron vinculadas a proceso, como medida cautelar se les impuso privación de la libertad, pero hasta el momento, ni en la agenda del Ministerio Público, ni en la agenda política se menciona la responsabilidad que tienen en este asesinato.
Los servidores públicos son responsables de la operación de la Policía Municipal, Presidente Municipal y secretario de Seguridad Pública los dos acordaron el nombramiento de los directores de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, son los responsables de la operación del presupuesto asignado para capacitación de policías, adquisición de equipo, así como que todos los elementos policiales pasen los controles de confianza, por lo menos por omisión, se les debe llamar a cuentas.
Sin embargo, el feminicidio de Victoria Salazar quedó como rehén de una serie de negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, con los de países centroamericanos, para militarizar la frontera sur mexicana.
El 27 de marzo, cuando fue asesinada Victoria, México estaba cabildeando con los gobiernos centroamericanos diversos acuerdos para poder llevar a la practica la petición de Estados Unidos, militarizar su frontera sur, por ello, le urgía a la cancillería que el caso de Victoria se apagara e hicieron hasta lo imposible para lograrlo.
Días después, el presidente de México dio a conocer que enviará a la frontera con Guatemala, a diez mil militares, para proteger a los migrantes.

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