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Violencia contra personas defensoras de Derechos Ambientales se extiende por la Península de Yucatán

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 18 abril 2021 a las 11:51 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez*
El derecho a defender derechos humanos es un derecho fundamental de toda persona, por el simple hecho de ser persona, sin embargo, en países como México, la realidad es otra, porque desde las instancias gubernamentales se mandan mensajes que vulneran la seguridad de quienes han decidido tener como proyecto de vida una actividad relacionada con la defensa de los derechos humanos en general o en particular como el Derecho a vivir en un ambiente sano, aunque debemos recordar que una de los principios de los derechos humanos es que están interrelacionados, si defiendes uno en específico, de manera natural incides en la defensa de los demás.
Por ello, considero de gran importancia recordar que en México se siguen asesinando personas defensoras de derechos humanos, principalmente comunitarios, cuyo único compromiso es que el gobierno y emprensas nacionales y transnacionales no se lleven su agua, no destruyan sus montañas sagradas, no construyan presas en sus territorios, no exploten minerales para después dejar tierras y aguas contaminadas.
Los discursos gubernamentales van en el sentido de proteger los recursos naturales, los territorios de los pueblos originarios, y en contraparte se exponen intereses económicos y políticos que echan por tierra las buenas intenciones de respetar a los pueblos indígenas, pero la única posibilidad que se les integre al desarrollo del país es quitándoles sus aguas, sus tierras, sus selvas, sus manglares.
Cuando nos enteramos que en tal municipio o en tal estado ya asesinaron a un defensor del medio ambiente, lo vemos como un hecho fuera de nuestra realidad, somo si eso pasara en marte o en la luna, pero pasa en México, en Chiapas, Oaxaca, Morelos y desafortunadamente los agravios contra personas defensoras de derechos humanos se han ido documentando con mayor frecuencia durante los últimos años en la Península de Yucatán.
A esta dinámica de violencia gubernamental y empresarial cuando hay comunidades o colectivos que se oponen a proyectos extractivos o a infraestructura para beneficiar proyectos ajenos a la comunidad, se sigue extendiendo por todo el territorio nacional y desafortunadamente los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por donde cruzará el Tren Maya no están exentos de estas circunstancias, prueba de ello, es que se utilizan recursos públicos desde la Presidencia de la República para denostar el trabajo de los colectivos que asesoran a comunidades para que exijan que se les respeten sus derechos porque estas comunidades ya estaban en sus territorios mucho antes de que existiera el Estado Mexicano que ahora dice protegerlas e incorporarlas al desarrollo.
De este cúmulo de violaciones a derechos humanos de personas que defienden derechos humanos medioambientales en México da cuenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización civil que ha documentado esta violencia durante los últimos ocho años y que recientemente presentó un informe sobre lo ocurrido durante el año 2020, periodo en el que se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde hace décadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.
Desde luego que a la situación prevaleciente, aclara el CEMDA, se sumaron diversas complicaciones vinculadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2 y las determinaciones gubernamentales adoptadas.
A pesar del discurso, al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior.
DURANTE 2020 SE DOCUMENTARON 90 AGRESIONES, DE LAS CUALES 18 FUERON ASESINATOS
Durante el 2020, CEMDA contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.
Recordemos algunas cifras negras de la violencia contra personas defensoras medioambientalistas en el país. Del periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese número, casi un tercio fueron homicidios, de acuerdo a las referencias y documentación de CEMDA.
El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México en su edición 2020, CEMDA documentó que en lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
La organización civil detalló que en cuanto al tipo de víctima, los ataques perpetrados se realizaron tanto hacia personas en lo individual, contra dos o más personas, contra comunidades, así como contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la tierra o el territorio. Referente a los ataques en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron 16 ataques (24.6%) contra comunidades y 12 ataques (18.5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina.
EN YUCATÁN Y CAMPECHE SE REGISTRARON 8 ATAQUES VINCULADOS CON EL PROYECTO DEL TREN MAYA
En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros.
Referente al tipo de agresión, por segundo año consecutivo desde el inicio de la presente administración federal, la agresión más frecuente ha sido el homicidio. En 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra llegó a 18. Cabe señalar que en diversos casos se identificó que, previo a su homicidio, las personas defensoras habían sido víctimas de otras agresiones como amenazas e inclusive desaparición.
La segunda agresión, con un total de 16 casos (17.8%), corresponde a las amenazas. Otras agresiones documentadas incluyen la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las agresiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, el allanamiento, la difamación y la estigmatización.
En 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado. En menor medida, se identificó como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); así como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.
A lo anterior hay que agregar que la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ocasionó que el Estado mexicano suspendiera todos los procedimientos administrativos en materia ambiental, así como los plazos para tramitar juicios calificados como no esenciales. En cambio, no fueron suspendidas actividades económicas extractivas, como la minería y los megaproyectos, ni tampoco las obras de construcción de infraestructura ferroviaria, aeropuertos y refinerías petroleras. Ello ha obstaculizado gravemente el acceso a la información, la participación en asuntos públicos y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
MÉXICO FIRMÓ EL ACUERDO DE ESCAZÚ, PERO EN LA PRÁCTICA VUNERA EL DERECHO A DEFENDER EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO
Si bien México ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones para la prevención y protección de las y los defensores ambientales, ratificando el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú), -el cual establece el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales y así como un entorno seguro para ellas y ellos-, la grave situación de violencia a la que se enfrentan evidencia las falencias y retos pendientes de superar.
CEMDA también sostiene que la indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal. A esto hay que agregar la eliminación, por parte del Congreso de la Unión en 2020, del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Ambos eran de vital importancia para las personas defensoras ambientales beneficiarias de medidas de protección.
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, no deben seguir engrosando las listas de personas defensoras de derechos humanos asesinadas, más ahora que los impactos por la construcción del Tren Maya han pasado del papel y del discurso al terreno para construir la infraestructura ferroviaria, como sociedad tenemos que actuar. Sería lamentable tener que seguir informando que en estos estados se agreda a una persona defensora de derechos humanos más.
*Periodista en el estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

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