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El PAN dispuesto a terminar con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en los estados de la Península de Yucatán

En la sección Mujeres por el 4 junio 2021 a las 9:19 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez
**El Congreso de Campeche reformó “a escondidas” la Constitución estatal para reconocer el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte natural, a propuesta del PAN.
**En Quintana Roo, el panista Eduardo Martínez Arcila envió al pleno del Congreso la iniciativa para crear la Ley de Protección a la Maternidad, la cual violenta derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
Hace unos días difundí una nota informativa sobre el exhorto que hace un grupo de organizaciones civiles por los derechos de las mujeres en Quintana Roo a la XVI Legislatura del Congreso de la entidad, para que deseche la iniciativa para crear la Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, ya que contraviene los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los tratados internacionales suscritos por México.
Pero no se trata de una ocurrencia del desprestigiado Martínez Arcila, sino una encomienda ideológica de su partido, el mismo organismo político que al lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pregonaron durante las campañas electorales por todo el país, que ahora si van a democratizar al país y a respetar los derechos humanos de hombres y mujeres.
Pero partido como el PAN y Encuentro Solidario (PES) tienen su propia agenda para violentar los derechos humanos, principalmente de las mujeres y niñas, pues su concepción conservadora, retrógrada no les permite aceptar la diversidad de ideas ni que los derechos humanos son universales, por lo que no desaprovechan ninguna oportunidad para transgredir el principio de progresividad de los derechos humanos e insertar en la agenda política y legislativa sus principios ideológicos de ultraderecha.
Sostengo que la iniciativa presentada por Martínez Arcila en Quintana Roo, es parte de la agenda nacional de su partido, que a lo largo de la historia contemporánea de este país se ha encargado de obstaculizar el avance de la democracia, porque para el panismo, la democracia se hace con un Estado no laico.
El pasado 2 de junio, en la misma Península de Yucatán, el Congreso del Estado de Campeche, reformó el Artículo Sexto de su constitución, a propuesta del diputado del PAN, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, para proteger la vida desde la concepción.
La adición que se le hace en el referido artículo, dice se “reconoce el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte natural”, lo que contraviene la reforma constitucional federal en materia derechos humanos del 10 de junio de 2011.
LA MAYORÍA DEL CONGRESO DE CAMPACHE VIOLENTO EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL DISMINUIR DERECHOS A MUJERES Y NIÑAS
Está reforma constitucional en Campeche la hicieron las y los diputados sin cumplir los requisitos de publicidad necesarios, la hicieron a escondidas, cinco días días antes del día de las elecciones. Esta reforma a la Constitución de Campeche fue votada a favor por 22 personas legisladoras y sola una estuvo en contra, de las 35 que integran la LXIII Legislatura, el resto se abstuvo o no asistió a la sesión. No consultaron a la ciudadanía, a las organizaciones civiles que defienden derechos de las mujeres. Se trata de un proyecto que venían manejando con más fuerza desde 2019, pero ahora, decidieron dar el golpe final sin publicar la iniciativa previamente a su aprobación, ni difundir que ese punto estaba contemplado en el orden del día de la sesión legislativa.
Es el momento de hacer un llamado al gobernador Carlos Miguel Aysa a que vete dicha reforma constitucional, porque si llega a promulgarla y publicarla por ley, será cómplice y quedará marcado en la historia como el que contribuyó al retroceso de los derechos humanos en Campeche.
Durante 2019, la ahora candidata a la gubernatura de Campeche, por el Partido Encuentro Solidario (PES), Nicté-Ha Aguilera Silva, recabó 30 mil firmas para respaldar esta iniciativa, que correspondió al PAN llevarla al pleno del Congreso de Campeche.
Según el portal PolíticoMX, Aguilera Silva se ha desempeñado como representante del Frente Nacional por la Familia, movimiento que ha luchado por los valores provida y está en contra de te¬mas como la in¬te¬rrup¬ción del em¬ba¬ra¬zo o la muer¬te asis¬ti¬da.
Además de que ha estado vinculada a otras organizaciones se han autodenominado defensora de la familia natural”.
POR MEDIO DE MANIFESTACIONES VIRTUALES SE BUSCA QUE EL GOBERNADOR DE CAMPECHE VETE LA LEY PARA QUE NO SE CONSUMA ESTE ATROPELLO A LOS DDHH
De concluirse el proceso legislativo con la promulgación y publicación por parte del gobernador del estado de Campeche, corresponderá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante esta flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas en el estado de Campeche, la Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche se pronunció en contra de esta reforma que modifica el artículo 6º Constitucional del Estado de Campeche. “Con esta decisión a espaldas de la sociedad, el Congreso del Estado legisla en contra de la seguridad, integridad y vida de las mujeres y niñas campechanas”, se lee en el ducumento.
Las integrantes de esta red sostienen que la esta modificación, “vulnera el ejercicio y garantía plena de los derechos humanos de mujeres y niñas en la entidad e implica un grave retroceso en la protección a sus derechos, los cuales son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte”.
La Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, le recuerda al Congreso de Campeche, “su obligación como servidores públicos, es velar porque se garanticen todos los principios rectores de los Derechos Humanos, entre ellos el principio de progresividad, que deriva en la no regresión de estos. Esto tiene como consecuencia el reconocimiento y respeto de los derechos ganados, y cumplimiento a los compromisos y recomendaciones emanadas de los tratados de los organismos internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres”.
Las consecuencias inmediatas de esta iniciativa, aprobada a escondidas de la sociedad y sin el aval de ninguna organización de defensa de derechos humanos, es la reducción del nivel de protección actual del derecho a decidir de las niñas y las mujeres, limitando el acceso a la salud, lo que también vulnera la posibilidad de acceso a una vida digna. En una regresión a la tutela del estado sobre los cuerpos de las mujeres, la invisibilización de éstas y la amenaza de negativa al reconocimiento de las excluyentes que el Código Penal del Estado establece para el derecho al aborto legal y seguro en condiciones humanitarias, se agrega en el pronunciamiento.
Si bien es cierto, que esta reforma constitucional “no anula las tres causales por las que se puede acceder al aborto, sin embargo las hace susceptibles de ser menoscabas y las mujeres se encuentran con el temor a ser denunciadas o a que bajo condiciones de urgencia, por ser víctimas de delitos, no se respete su derecho al aborto legal y seguro, lo cual representa un atropello a nuestra ciudadanía como mujeres, por lo que nos oponemos enérgicamente”, afirmas las mujeres integrantes de la Red.
Además, afirman que es claro que la Legislatura no se condujo bajo el principio de la laicidad del Estado, pues al establecer en la parte dogmática de la Constitución Local el concepto de “persona”, entendiendo que “es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, responde a criterios morales-religiosos que no tienen cabida en el actuar del estado de derecho.
Incorporarla en la Constitución, da pie a que se perpetúen estigmas sobre el aborto y se criminalice y penalice de forma más grave a las mujeres que interrumpen sus embarazos, sin tomar en cuenta sus contextos.
La Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor del derecho de las mujeres y las niñas a decidir y han exhortado al Estado Mexicano a adoptar una orientación clara sobre la despenalización del aborto como un derecho humano, por lo que el Legislativo de Campeche tiene la obligación de armonizar su marco normativo en aras de cumplir con dichas recomendaciones.
Se exige al estado de Campeche que dicha modificación a la Constitución sea derogada, ya que va en contra del marco normativo de Derechos Humanos del que México es parte, expresando la necesidad de que se generen mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de Campeche.
Organizaciones civiles de Campeche han iniciado una campaña virtual para evitar que desde el Poder Ejecutivo de Campeche se promulgue y publique la retrógrada reforma constitucional.

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