Cifras oficiales reconocen 23 feminicidios en Quintana Roo a la primera semana de julio

-Refugios parecen reclusorios para mujeres: Araiza
-En materia de atención al delito de feminicidio, la FGE Quintana Roo, del 2019 a la fecha ha resuelto el 86.6 %

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martí­nez
En Quintana Roo, de acuerdo a cifras oficiales, el pasado miércoles 7 de julio, llegó a 23 el número de feminicidios en lo que va del aí±o 2021, en esta ocasión fue una mujer asesinada en Cancún. La policí­a dio a conocer que en medio de un pastizal, en la colonia Alborada, se encontró el cuerpo sin vida con evidentes huellas de tortura.
El reporte policial indica que una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre el hallazgo de la ví­ctima.
De esta historia de impunidad y muerte sabemos que la mujer ví­ctima tiene un tatuaje en una de las muí±ecas de una figura de un naipe, así­ como otro en un glúteo con la leyenda ”Yes Dady». Portaba un reloj Apple y traí­a un vestido amarillo.
Con esta información se busca encontrar su identidad y notificar a su familia. A partir de entonces, el proceso será el mismo, trámites burocráticos, promesas y esperanzas. En el mejor de los casos se llegará la judicialización. La apuesta de las autoridades de procuración de justicia es detener a la o las personas responsables, una esperanza que en muchos casos se va diluyendo para el cí­rculo cercano de la ví­ctima.
Evitemos que cada ví­ctima de feminicidio se convierta en un número, en una cifra que engrose los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, luchemos porque no se quede en una historia inconclusa, en una justicia falsa, en una vida rota, no solo para la ví­ctima directa, sino para su familia, amigos y para la sociedad, que cada dí­a pierde la batalla por una seguridad jurí­dica eficiente.
SE CUENTA CON UNA LEGISLACIí“N DE PRIMER MUNDO, PERO NO SE APLICA: FERNANDA ARAIZA
Ante esta situación y ante el urgente involucramiento de la sociedad quintanarroense para terminar con los asesinatos y otros tipos de violencia contra las mujeres, es oportuno retomar el análisis que al respecto realiza Fernanda Araiza, integrante del Colectivo en Contra del Abuso de Poder y Violencia de Tulum.
A cuatro aí±os de la declaratoria de Alerta de Género en Quintana Roo es pertinente hacer un análisis de la violencia contra las mujeres que se vive en la entidad, así­ como los pros y contras de este mecanismo generados de polí­ticas públicas, dice Araiza.
Entre las acciones positivas menciona:
● Quintana Roo si cuenta con una alerta de género Activa a diferencia de otros estados de la República (desde el 2017).
● Contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es una legislación basada en tratados internacionales como: la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belem Do Pará (1994),
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Polí­ticos a la Mujer, Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional con Objeto de Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal Conocido bajo el nombre de Trata de Blancas, Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, instrumentos que deberí­an garantizan el acceso a la justicia.
Después de hacer un extracto de las herramientas que ofrece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sostiene que tomando en cuenta que todas las victimas sufren daí±os psicológicos, fí­sicos, moral y patrimoniales que en la mayorí­a de los casos las impiden e inhabilitan económica, fí­sica y emocionalmente para dejar a su agresor como lo puede ser la presión social o económica para mantenerse lejos de su agresor y mantener relaciones personales sanas que le permitan a sus hijos gozar de la erradicación de la violencia en la prevención de ciclos de violencia que puedan afectarlos directamente por ser parte de esta sociedad tan enferma y los prepare para sobrevivirla.
Entre los contras de este mecanismo de alerta de género la representante del colectivo menciona que aunque contamos con un marco legal avanzado casi a la altura de paí­ses europeos o de primer mundo ninguno de estos derechos son accesibles a la ví­ctima sin su exigencia, lo que pone en riesgo a la ví­ctima pues la ignorancia, analfabetismo y falta de educación son prevalentes en nuestro paí­s y con mayor frecuencia en las poblaciones
femeninas pues se encuentran en desventaja social, económica y educativa en este paí­s lo que las pone en riesgo.
FALTA DE POLICIAS SENSIBLES, PROFESIONALES, ESPECIALIZADOS, FUNCIONALES, SANOS Y CAPACITADOS PARA LA ATENCIí“N A VíCTIMAS
● La cultura acepta y premia la violencia hacia la mujer.
● No existe una armonización legislativa lo que impide la correcta implementación y ejecución del marco legal, por lo que existe, pero no funciona. Lo que apremia y faculta al abusador a perpetuar los actos de violencia en contra de la población femenina.
● La falta de policí­as sensibles, profesionales, especializados, funcionales, sanos y capacitados para la atención a ví­ctimas es una realidad.
● Impera la complicidad entre las instituciones que deberí­an proteger a la mujer y el agresor quienes en muchas ocasiones convencen a la ví­ctima de utilizar la tan llamada justicia alternativa que no busca otra cosamás que el sometimiento y arreglo sin responsabilidad legal de un
abusador con su ví­ctima, lo que protege y premia la repetición de patrones de violencia en nuestra cultura (pues es lo único que conocen).
● Los refugios funcionan más bien como reclusorios para las mujeres que buscan obtener justicia, donde, ninguno de sus derechos se respetan, donde sufren hambre, enfermedad y abandono por parte de las instituciones que deberí­an protegerlas. Lo que revela y exhibe la simulación de funciones de todos los órganos que deberí­an funcionar como el sistema de acceso a la justicia para una vida libre de violencia.

● La imperante corrupción e impunidad hace imposible el ejercicio legal de marco legal previsto en la legislación pues todos los integrantes de las instituciones deciden de manera consciente perpetuar la violencia hacia las ví­ctimas por atreverse a denunciar, exigir sus derechos y dar seguimiento al proceso hasta las últimas consecuencias.

● Como existe un marco legal muy amplio respecto a la AVGM, por lo que la sociedad da por hecho que se atienden las necesidades de la ví­ctima, sin asegurarse que el ejercicio del derecho tenga correcto cumplimiento, por lo que se asumen en el consciente colectivo que todo está bien, mientras los instrumentos que pagamos con nuestros impuestos, son utilizados en nuestra contra para amedrentar y revictimizar a las ví­ctimas reduciendo las carpetas de investigación, asegurando su mediocridad y cosechando mordidas para accionar los mecanismo de justicia que deberí­an ser gratuitos.

Además, asegurando un salario para abogados especializados privados que drenan hasta del último recurso económico a la ví­ctimas, garantizando la repetición delos hechos y la impunidad para todo el mecanismo fraudulento que en vez de salvaguardar nuestras vidas insiste en usarnos como una herramienta para obtener fondos millonarios sin hacer su trabajo y sacrificando a todas las ví­ctimas en el proceso, alimentándose, vistiéndose y explotando, el dolor, sangre y lágrimas de las mujeres mexicanas, para beneficio de unos pocos privilegiados, miembros de una cadena interminable de violencia y corrupción cuyo alcance en maldad apenas estamos comenzando a entender.
Por su parte la fiscalia del estado informo en el mismo contesxto de los 4 aí±os de que se decretara la AVGM que trabaja de manera conjunta con las autoridades de las diversas dependencias coordinadas directamente por el gobernador Carlos Joaquin González, para reforzar las acciones a favor de las mujeres en situación de riesgo. Para atender este fenómeno delictivo, se conformarán unidades de análisis y contexto con sociólogos, criminólogos, psicólogos y antropólogos, por lo que ahora cuenta con una visión más amplia para que los apoyos gubernamentales lleguen a los grupos más vulnerables y lugares de mayor incidencia en la entidad.

En esta dinámica, el Fiscal General del Estado Mtro. í“scar Montes de Oca Rosales, ha informado sobre las diversas acciones implementadas para atender la violencia de género, entre las que destacan: ”Denuncia en Lí­nea» que actualmente opera en el municipio de Benito Juárez y como resultado ha generado más de 3 mil 899 atenciones, de las cuales 418 fueron canalizadas a las fiscalí­as especializadas. La herramienta digital ”Alerta Violeta», es una aplicación gratuita creada desde el 13 de septiembre del aí±o pasado y es de fácil acceso a la ciudadaní­a la cual puede sear descargada a través la página de la FGE o bien desde las tiendas digitales de los dispositivos IOS y Android.

A la presente fecha, esta aplicación ha obtenido más de 869 descargas y 6 alertas positivas atendidas al 100%. Tiene una alta calificación entre las usuarias de ambos sistemas digitales que van de 4,5 a 4,9 de la máxima puntuación que es de 5. Adicionalmente, -como parte de estas acciones-, las fiscalí­as especializadas han logrado emitir 2 mil 033 medidas de protección en favor de las ví­ctimas de violencia de género.

En materia de atención al delito de feminicidio, la FGE Quintana Roo, del 2019 a la fecha ha resuelto el 86.6 % de estos casos y ha llevado ante las tribunales a los y las probables participantes de la comisión de estos delitos. En este contexto y para reforzar las acciones en favor de las mujeres en situación de riesgo, el fiscal, ha instruido la creación de los Comités de Procuración de Justicia con el objetivo de promover la cultura de la denuncia, acercar los servicios de la FGE a la ciudadaní­a para reducir la impunidad en materia de violencia familiar y violencia de género.

De esa manera, en el primer trimestre del presente aí±o se han instalado 20 comités de procuración de justicia en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. Durante el periodo de enero a la fecha se han impartido un total de 33 sesiones de capacitación en prevención del delito relacionadas a la violencia familiar y de género, los derechos de las ví­ctimas, cómo funciona el Ministerio Público Móvil, cuál es el proceso para denunciar en lí­nea y la instalación de aplicación Alerta Violeta; como resultado han sido beneficiadas un total de 1027 personas.

En tanto, el personal del Centro de Justicia para las Mujeres ha proporcionado 2,285 atenciones a usuarias de primera vez en lo que va de este aí±o y un total de 11,152 atenciones tanto a personas usuarias de primera asistencia como consecuentes. También se habilitaron 5 lí­neas telefónicas para brindar atención psicológica y orientación jurí­dica para presentar denuncia por el delito de violencia familiar. Se han otorgado 386 atenciones de empoderamiento emocional en lo que va del aí±o y 924 apoyos en materia de empoderamiento económico, esto es, facilitarle el acceso a las mujeres a diversos cursos para que pueda emprender un pequeí±o negocio y puedan ser independientes en sus ingresos monetarios para el sustento de ella y sus hijos. Con acciones cómo éstas, la FGE de Quintana Roo cumple con su encomienda constitucional de promover la cultura de la denuncia y acercar los servicios para facilitar el acceso efectivo a la procuración de justicia de todas las quintanarroenses.

Graciela Machuca