Carlos Barrachina Lisón
28 de julio 2021

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad tiene una metodologí­a para contabilizar los diferentes delitos que las fiscalí­as estatales les remiten. En el caso de los asesinatos, en algunas entidades federativas hay una clara intención de no entregar los datos como debe de ser (por falta de resultados, o por otros motivos). Ello hace que el indicador tradicional de ”homicidios dolosos» para comparar la violencia en el paí­s no sea adecuado. Para leer bien los números lo más preciso es restarle los fallecidos por accidente de tránsito a los homicidios en general.
Hay dos formas de entender las cifras, en relación a tasas por 100.000 habitantes (utilizando en este caso la población que arroja el censo del 2020), o analizando el número total de los mismos. Se han de combinar las dos perspectivas para tratar de entender de una mejor forma en dónde se concentra el mayor número de violencia homicida en el paí­s.
El periodo entre el aí±o 2018 y junio del 2021 ha sido con diferencia el más violento de la historia de México. En los seis primeros meses del 2018 hubo 16,050 homicidios, en los del 2019 16,768, en 2020 16,193 y en 2021 15,723. La estabilidad mensual en los altos números de homicidios es escalofriante. Si nos fijamos en aí±os completos el aí±o 2019 fue el más violento de la historia con 33,333 casos, le sigue el 2020 con 32,059, y 2018 con 31,748.
En tasas por 100.000 habitantes en 2019 las cinco entidades federativas más violentas fueron, en este orden, Colima (90.6), Quintana Roo (71.7), Baja California (69.9), Guanajuato (59.2) y Chihuahua (58.7). En el aí±o 2020 Colima (76.2), Baja California (70.5), Quintana Roo (65.0), Chihuahua (62.1) y Guanajuato (59.9). En lo que llevamos del 2021 Baja California, Colima, Zacatecas, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora y Guanajuato, seguidos por Morelos y Michoacán son los que presentan cifras más inquietantes.
En números reales Guanajuato con 12,603 homicidios entre el aí±o 2018 y junio del 2021 encabeza las estadí­sticas, seguido por Baja California 9,535, Estado de México 8,087, Chihuahua 7,431, Michoacán 6,900, Jalisco 6,878, Veracruz 6,251, Guerrero 6,150 y Oaxaca 4,480. En entidades federativas menos pobladas son muy preocupantes los números de Quintana Roo 3,960, Sonora 3,938, Tamaulipas 3,231, Morelos 2,968, Sinaloa 2810, Zacatecas 2,419 y Colima 2,088. A éstos se han de sumar los desaparecidos, que se encuentran en fosas clandestinas a lo largo y ancho de la geografí­a nacional, y los que no han sido convenientemente registrados por las autoridades; de unos y de los otros se desconoce con exactitud su cantidad.
¿Qué explica el incremento y luego la estabilidad de la violencia homicida? La expansión de diferentes grupos del crimen organizado y su lucha por el territorio; y la ausencia del Estado. El fracaso de la reforma del sistema nacional de seguridad pública, que se impulsó en los sexenios de Calderón y Peí±a Nieto, ha llevado a que no se tenga sobre el territorio policí­as estatales y municipales confiables y útiles. La actual administración ha optado por dejarlas a su suerte, y organizar una Guardia Nacional, que trata de consolidarse a las carreras, para cubrir un amplio abanico de misiones.
De momento el resultado es que se están manteniendo con una ligera alza los niveles de violencia del aí±o 2018; y que las alarmantes estadí­sticas de asesinatos se mantienen en los territorios tradicionales (Baja California, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Oaxaca, Jalisco, Morelos y Guerrero) y se trasladan a zonas que en otras épocas eran más tranquilas y que en este momento se encuentran en el ojo del huracán (Guanajuato, Colima, Quintana Roo, Sonora, y Zacatecas).
En relación a otras muertes traumáticas no podemos restarle importancia a las que se producen por accidentes de tránsito. El 26.2% de las muertes violentas en México se provocan en las carreteras y ciudades del paí­s. A ello se han de sumar los que resultan lesionados en estos accidentes, y los innumerables choques e incidentes que se producen en todo el paí­s y que no se denuncian, o no llegan a las carpetas de investigación. Entre el aí±o 2018 y junio del 2021 son 40,900 personas las que han perdido la vida por esta causa. Frente a ello, el Estado y las entidades federativas guardan silencio, y no implantan medidas de educación vial, ni estrategias que traten de aminorar esta sangrí­a de vidas que se pierden diariamente.

Graciela Machuca

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