Pasado y presente de las demandas feministas; avances y retrocesos en el ejercicio de los derechos de las mujeres en México
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**900 mujeres electas para alcaldesas, diputadas federales y locales por mayoría relativa el pasado 6 de julio.
**Aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo en Veracruz, luego de un siglo de las primeras demandas en el país; a nivel federal ese derecho aún no se hace realidad por negativa del congreso de la Unión de Mayoría morenista.
Las mujeres en México tenemos una gama de derechos, muchos de los cuales aún solo están en el papel, porque los sistemas político y de justicia impiden que se lleven a la práctica, pero para llegar a estos instrumentos jurídicos de protección de nuestros derechos humanos, que para las nuevas generaciones son cotidianos y parte de la normalidad, durante más de dos siglos han sido motivo de intensas luchas de reivindicación de mujeres que empezaron de cero, cuando no tenían, literalmente, ni voz ni voto y muchas tuvieron que pagar con su vida y libertad la osadía de buscar un cambio.
Hoy es parte de nuestra realidad que las mujeres gocemos de derechos fundamentales, establecidos en la Constitución Federal y leyes secundarias, como al voto, derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la participación política, a la libertad de opinión y de expresión, a pesar de que aún no se pueden ejercer a plenitud, pero en el pasado, solo eran derechos reservados a los hombres.
Una muestra de esos avances y retrocesos es que como resultado de las elecciones del 6 de julio de 2021, 900 mujeres resultaron electas como alcaldesas, diputadas federales y estatales por el principio de mayoría relativa. Una cifra histórica, luego de las prácticas negativas de los partidos políticos que optaron por la simulación, en lugar de hacer efectivos los derechos de las mujeres.
Ha pasado más de un siglo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la más avanzada en su época respecto a los derechos sociales que incluyó, pero desde entonces las batallas han sido dolorosas, para que esos derechos no solo quedaran en el discurso jurídico, sino que se llevaran a la práctica, los retos aún son muchos, por hoy en día, tal parece que nos encontramos, como sociedad mexicana, en un periodo de regresión, por la violencia generalizada en contra de las nií±as y mujeres, a estas últimas se les violenta, incluso por su participación política, para evitarlo se ha llegado al grado de crear una ley específica, lo que nos habla que desde la sociedad, no queremos cambiar nuestra cultura patriarcal, autoritaria, excluyente, que necesitamos un instrumento jurídico que nos coaccione para cambiar.
En México, durante las últimas décadas hemo sido construyendo leyes e instituciones para garantizar los derechos de las nií±as, mujeres y adolescentes, pero al voltear a la realidad vemos que en su mayoría han sido inútiles, porque de inmediato son absorbidas por la burocracia, los intereses político, la corrupción y la falta de conocimiento de los temas de la clase política, cuyos integrantes solo aprovechan la agenda feminista para llegar al poder, luego, al lograr sus objetivos se olvidan de las demandas ciudadanas, para convertirlas en moneda de cambio parta destruir los movimientos y las exigencias queden en el olvido.
ALERTA DE VIOLEMNCIA DE Gí‰NERO EN QUINTANA ROO UN EJEMPLO DE QUE INTERESES POLíTICOS PREDOMINAN POR ENCIMA DEL BIENESTAR DE LAS NIí‘AS, MUJERES Y ADOLESCENTES
La Alerta de Género de Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo es un ejemplo que los hemos vivido en Carne propia, porque a pesar de que existen los instrumentos jurídicos y administrativos para desarrollarla, la entidad se sigue caracterizando por ser una donde sufren más violencia las mujeres, los feminicidios están a la orden del día, las mujeres activistas y periodistas son el blanco de ataques de agentes del Estado, como ocurrió el pasado 9 de noviembre en Cancún.
Realizar una retrospectiva sobre esas luchas que las mujeres mexicanas han dado en diferentes puntos del territorio nacional nos permite conocer la historia reciente, como una herramienta de concientización social, política e ideológica, para poder definir los pasos a seguir, saber que han hecho las generaciones pasadas, que nos toca hacer a las presentes y como diseí±ar una ruta a largo plazo para las generaciones venideras, nuestra responsabilidad es seguir construyendo un escenario parta que las mujeres que vengan cuenten con bases solidas para seguir esta lucha.
Es el momento de revertir la regresión social, jurídica y política en la que nos encontramos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, la tarea es ardua, pero nuestro egoísmo no puede ser el motivo para heredar a nuestras hijas, nietas y bisnietas una sociedad violenta, como en la que vivismos.
Recientemente, Yunuel Cruz, Asucena Rojas Parra y Grissel Olivera-Martínez, escribieron para Animal Político (20 de julio de 2021), el texto titulado: Paridad de Género en las elecciones del 6 de julio: resultados tras 200 aí±os de lucha, en el que hacen aportes de gran valía para el análisis y la participación activa de las mujeres en esta nueva etapa de lucha por la reivindicación de nuestros derechos.
En un breve recuento, las autoras de esta pieza de análisis recuerdan que antes de que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto ”hubo al menos cuatro momentos en la historia donde este derecho fue denegado. El primero fue en 1821, cuando las independistas zacatecanas pidieron por primera vez el derecho a voto; treinta y cinco aí±os más tarde, en 1856, 81 mujeres demandaron al Congreso Constituyente el reconocimiento de sus derechos políticos. Después, en 1916, durante el Primer y Segundo Congreso Feminista, celebrados en Yucatán, cientos de mujeres se reunieron nuevamente para exigir sus derechos, entre ellos, el sufragio. Un aí±o más tarde lo volvieron a intentar durante el Congreso Constituyente de 1917; esta vez la exigencia no solo fue rechazada, sino también se emitió una respuesta formal al referirles que sus intereses debían limitarse al cuidado de la casa (Hevia, Lavalle, & Tapia , 2021).»
Más adelante, dicen las autoras que gracias a los esfuerzos del Frente íšnico Pro-Derechos de la Mujer, ”en 1947 las mujeres obtuvimos el derecho a votar, primero, en las elecciones municipales y, después, el 17 de octubre 1953 en todas las elecciones».
Ejercer el voto no ha sido cosa fácil para las mujeres, porque la cultura machista de la sociedad mexicana, desde luego también incluyendo a diversos sectores de las mujeres, provocó que el ejercicio pleno de ese derecho no se haya conseguido hasta el momento.
En 1953, el 17 de octubre, las mujeres tuvimos el derecho de votar en elecciones municipales, estatales y federales, pero, nos dicen Cruz, Rojas y Olivera-Martínez, que fue hasta el aí±o de 1964, cuando fueron electas ”las dos primeras senadoras y ocho mujeres lograron ocupar el cargo de diputadas en el Congreso de la Unión». La participación de las mujeres en Congreso fue por muchas décadas marginal, porque los partidos, dirigidos, principalmente por hombres, así lo quisieron y el avance hacia la paridad fue otro camino durante el cual se les tuvo que arrancar espacios a los hombres con dientes y uí±as.
INTERRUPCIí“N LEGAL DEL EMBARAZO, UN DERECHO POSPUESTO EN Mí‰XICO POR POSTURAS POLíTICAS Y RELIGIOSAS EN AGRAVIO DE LA SALUD DE LAS MUJERES
Otro de los derechos para mujeres que ha tenido muchos más obstáculos que el derecho al voto de las mujeres, es el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), pues en México solo se ha avanzado en la legislación local en la Ciudad de México, en Oaxaca, Hidalgo y en los últimos días en Veracruz.
Donde existe un avance jurídico-administrativo y operativo es en la Ciudad de México, porque en Oaxaca, solo sirvió como instrumento político electoral para la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso del Estado, misma que no ha podido hacer nada para que esa realidad jurídica se lleve a la práctica, por múltiples razones, como la negativa de un amplio sector de la comunidad médica, cuyos integrantes invocan su derecho a la cláusula de conciencia y el gobierno del estado no tiene presupuesto ni la voluntad política para fortalecer las instituciones que deben materializar este derecho.
La aprobación de la interrupción legal del embarazo en Oaxaca (25 de septiembre de 2019), es letra muerta, al igual que la prohibición que hizo la misma Legislatura para que no se le vendan productos chatarra a menores de 18 aí±os, ambos decretos, a más de un aí±o de su aprobación no tienen presupuesto ni mucho menos instrumentos jurídico-administrativos para hacerlos realidad.
Tanto en las hemerotecas, ahora digitales, como en archivos y bibliotecas, nos encontramos con información que nos habla que se intentó legislar sobre interrupción voluntaria del embarazo en 1936, luego que durante la década de los aí±os veinte, en el Siglo XX se conocieron las primeras demandas de mujeres de la época.
En el aí±o de 1931 se admitió en el Código Penal que la interrupción del embarazo no es delito cuando se práctica a consecuencia de una violación. Actualmente, el aborto no es delito por varias razones, pero sigue siendo la principal cuando hay embarazos no deseados, producto de la violación.
Otras excepciones son: cuando la vida de la mujer corre peligro, por probable infección del VIH, por razones de salud, por malformaciones del feto.
También hay que recordar que con la promulgación de la Ley de Población en 1976, se aprobó el uso de anticonceptivos, una realidad jurídica que vino a chocar con las creencias e ideas conservadoras de la sociedad mexicana, pero al igual que otras partes del mundo, vino a permitir que el ejercicio de otros derechos de las mujeres se agilizara, como lo fue a la educación, al trabajo y a la participación política.
La primera iniciativa de ley sobre la Interrupción Legal del Embarazo llegó al Congreso de la Unión en el aí±o de 1979, pero hasta la fecha solo se ha legislado a nivel estatal en las tres entidades referidas, pero a nivel federal se tiene ese pendiente, a pesar de que la fracción parlamentaria de Morena, ya va a cumplir tres aí±os de tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con el apoyo de otros partidos aliados.
Esta negativa de la legislatura federal y de las estatales, permite que esta causa, sea la tercera de muerte materna. En la Ciudad de México se despenalizó el aborto desde 2007, por lo que se convertido en un lugar seguro para su práctica, a donde acuden muchas mujeres, de acuerdo a las estadísticas de las mismas autoridades, pero no todas las mujeres que requieren interrumpir un embarazo tienen los recursos económicos y la información para viajar a la capital del país, cubrir esta necesidad es una responsabilidad de sus autoridades estatales.