AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE A MARA LEZAMA QUE INFORME POR QUí‰ IGNORí“ A LAS VICTIMAS DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2020
Necesariamente Incomoda
Graciela Machuca Martínez
** Mara Lezama, en el ojo de Amnistía Internacional por dar por cumplida una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, sin contemplar la opinión de las víctimas.
**El electorado dimensiona los alcances siniestros de Hermelinda, Mara Lezama
En estos tiempos de incertidumbre para quienes aspiran a la candidatura de MORENA al gobierno de Quintana Roo, Amnistía Internacional, envía a diferentes instancias gubernamentales de Quintana Roo, entre ellas a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta Municipal de Benito Juárez (Cancún), una carta de reclamo por la falta de acceso a la justicia e impunidad que viven las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020, frente al palacio municipal de ese municipio.
La referida misiva, fue enviada con motivo del 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, los cuales se han violentado de manera sistemática en el municipio que preside Mara Lezama, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Verde Ecologista y MORENA.
En particular, el organismo internacional con sede en Lóndres, le pide a la presidenta municipal de Benito Juárez, lo siguiente:
Rendir un informe público, fundado y motivado, en donde se expongan las razones por las cuales se tomó la decisión de ignorar las peticiones de las víctimas respecto de la modalidad de la disculpa pública y el monumento. Dicho informe deberá detallar las razones por las que se omitió consultar previa y debidamente con las víctimas y sus representantes la modalidad de cumplimiento de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.
En atención al principio de complementariedad previsto por la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, y a los principios que deben regir la reparación integral, convoque a mesas de trabajo para iniciar un proceso digno de reparación integral del daí±o que coloque en el centro las necesidades, intereses y demandas del Comité de Víctimas del 9N.
Mientras que a la a la Contraloría Municipal le pide: Iniciar una investigación de oficio para determinar si las acciones y omisiones de la Presidenta Municipal, dadas en el marco del cumplimiento de la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II, constituyeron faltas administrativas.
En la parte introductoria de la carta se dice: ”En esta ocasión, les escribimos en relación con la decisión de dar por cumplida la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), la cual se emitió como consecuencia del uso ilegal de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos perpetrados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Benito Juárez, en contra de las personas que se manifestaron el 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo.
”Al respecto, queremos externar nuestra más profunda preocupación por la decisión de determinar cumplida la recomendación ya referida. Desde nuestra perspectiva, esto constituye un acto de violencia institucional y de revictimización pues —durante el proceso de la alegada reparación— las instituciones a su cargo no tomaron en cuenta la opinión y las necesidades de las víctimas cuyos derechos fueron violados.
”Esta decisión, además, pasó por alto que las víctimas mostraron su rechazo expreso a la forma de ejecución de las medidas de satisfacción; que un juez federal ordenó, en sentencia de amparo, revocar los dictámenes de reparación emitidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, por considerar que no se le permitió a las víctimas participar en el proceso; y, finalmente, que está corriendo el plazo para que el Poder Judicial de la Federación estudie la constitucionalidad de la develación del monumento, y del desplegado periodístico en el que se pretendió ofrecer una disculpa.
”El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, establecen la obligación de las autoridades de incluir activamente a las víctimas en todas las decisiones y acciones relativas a la reparación integral del daí±o; particularmente, en aquellas relacionadas con medidas de satisfacción. En este sentido, se estipula que las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y a su derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación. Además, se establece que las autoridades deberán consultar y acordar —previa y debidamente— con las víctimas y sus representantes todos los detalles de las medidas, a efecto de lograr que sean genuinamente reparadoras y transformadoras. Sin embargo, estas obligaciones fueron pasadas por alto».
A pesar del desprecio que públicamente muestra el presidente de la república a la cultura de los derechos humanos, diplomáticamente no le conviene respaldar un proyecto político que empaí±e más, por su actitud represora, las acciones del gobierno federal en esta región del país.
Se trata de un asunto, que no solo involucra a uno de los municipios del país, sino a la Federación en el contexto internacional, por lo que es el momento que cada quien asuma las responsabilidades de sus actos que han tomado como gobernantes.
Graciela Machuca
