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Pueblo Maya de Quintana Roo rehén de los vaivenes de la clase política

En la sección Política por el 10 enero 2022 a las 6:48 pm

Necesariamente Incómoda

**Marycarmen Hernández, presunta responsable del delito de etnocidio al promover la gubernatura pluricultural indígena de Quintana Roo.

Graciela Machuca Martínez

A la clase política de Quintana Roo y a la de todo el país no le interesa la defensa y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y mucho menos la pobreza de los indígenas, solo privilegian sus intereses, a costa de dividir y seguir usufructuado electoralmente a la población originaria, muestra de ello es lo que acaba de suceder en Quintana Roo, cuando desde el exterior y con la complicidad de autoridades municipales, entre ellas, la de Felipe Carrillo Puerto, se cometió el delito de etnocidio que establece la legislación quintanarroense.

El sábado 8 de enero de 2022, la asociación civil Gobierno Nacional Indígena de México, ahora de eminente filiación morenista, antes priista, nombró de manera unilateral al profesor Adalberto Yam Pech, como gobernador pluricultural de Quintana Roo, violentando de manera sistemática los derechos indígenas en Quintana Roo, además de ser motivo para que se ahonde la división y se siga debilitando el Consejo Supremo Maya, reconocido tanto por la ley, como por la población indígena de la entidad.

Sin embargo, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Marycarmen Hernández, así como otras y otros presidentes municipales de Quintana Roo, de filiación morenistas, se encargaron de la logística para que se realizara dicho evento en la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo puerto, donde además, de tomarle la protesta a Yam Pech, como gobernador pluricultural de Quintana Roo, lo hicieron con representantes de los 11 municipios, violando la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, cuyas últimas reformas se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 4 de julio de 2017.
Por ninguna parte de esta ley se hace referencia a una gubernatura pluricultural indígena, por lo que su creación, avalada por una institución pública, como el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y la Casa de la Cultura, representa una contravención a la constitución estatal y la referida ley, la cual contempla el delito de etnocidio.
Este tipo de gubernaturas pluriculturales las promueve la organización civil Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM), cuya gobernadora nacional es Candelaria Lázaro Lázaro, que a su vez es la gobernadora pluricultural de Tabasco, amiga, desde su niñez de Andrés Manuel López Obrador.

El antecedente de esta organización, es la Asociación Civil Gubernatura Indígena Nacional que se conformó en el año 2014 en el estado de México, como un brazo electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyos dirigentes se percataron que el partido que los vio nacer perdería las elecciones presidenciales del 2018 y optaron por sumarse a la campaña de AMLO, para ese entonces Candelaria Lázaro ya era gobernadora pluricultural de Tabasco.

El día primero de diciembre de 2018, Candelaria Lázaro, como un símbolo de equidad de género acompañaría a Hipólito Arriaga Poté, entonces gobernador indígena nacional, a entregar el bastón de mandó al recién llegado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero por las confrontaciones entre organizaciones que se asumen como representantes del pueblo indígena de México y fallas en la logística de los organizadores, no pudieron subir al estrado a Arriaga Poté ni Candelaria Lázaro, así como los demás integrantes del Gobierno Indígena Nacional A.C, y en ese universo de confusiones le tocó a don José Isabel Sulub Cimá, presidente del Consejo Supremo Maya y General del Centro Ceremonial de la Cruz Parlante, entregarle un bastón de mando a López Obrador, con las consecuencias ya conocidas de venganza política, pues la titular del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (INMAYA) recibió la instrucción de hacer el trabajo sucio para destituir al general Sulub Cimá, quien de manera circunstancial, de último momento, fue designado para entregar el bastón de mando.
Pasaron los meses y empezaron las disputas por el poder al interior de la asociación civil Gubernatura Indígena Nacional y su líder máximo, en ese entonces, Hipólito Arriaga Poté, fue acusado de corrupción, por lo que su máximo órgano de gobierno, el Consejo Nacional Indígena de la Gubernatura Nacional Indígena, celebrada en Querétaro lo desconoció.

Posteriormente, durante los días 20 y 21 de noviembre de 2020 se reunió en la Ciudad de México el mismo Consejo de Ancianos, así como los gobernadores pluriculturales de 15 estados de la República y nombraron a Candelaria Lázaro, como la nueva gobernadora indígena nacional.

La referida asamblea se deslindó a la Gubernatura Nacional Indígena (GNI) “y separarla definitivamente de las acciones del depuesto Gobernador Nacional HIPÓLITO ARRIAGA POTÉ, quien no aceptó su destitución por esta Asamblea del CONSEJO DE ANCIANOS celebrada en Querétaro los días 22 y 23 de agosto de 2020”, según un comunicado de la organización.

Se argumentó que Hipólito Arriaga Poté “causó gran descrédito a la organización pues, basándose en promesas mentirosas de supuestas aportaciones millonarias a las comunidades que representamos, engañó a personas de buena fe vendiéndoles puestos y nombramientos en representación de nuestra organización, sin que lo hubiéramos autorizado nunca.

“Actualmente Hipólito Arriaga Poté se pretende apropiar de nuestra organización, constituyendo una Asociación Civil, mediante la cual ha engañado a personas e instituciones interesadas en ayudar y apoyar a comunidades originarias, que Hipólito Arriaga Poté no las representa”.

Se acordó ya no pertenecer más a la Gubernatura Indígena Nacional y constituirse en Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM) A.C., la cual sigue promoviendo las gubernaturas pluriculturales indígenas.

Candelaria Lázaro Lázaro, declaró a la periodista María Fernanda Ruiz, de la plataforma periodística Píe de Pagina, que conoce a Andrés Manuel López Obrador desde que tenía nueve años. https://piedepagina.mx/el-otro-baston-de-mando/
“Candelaria y Andrés Manuel se conocen hace largo tiempo. Cuando ella tenía 9 años, López Obrador llegó a su pueblo Tucta, Nacajuca, en Tabasco. Su mamá lo consideraba como un hijo y a ella le recomendaba libros. Ahora, a Candelaria le emociona la posibilidad de ser una de las representantes de los pueblos indígenas que entregue el bastón de mando y su familia se reunirá en una casa para verla cuando aparezca en la televisión”, escribió María Fernanda Ruiz, quien acompañó en su recorrido en la ciudad de México a Candelaria Lázaro, el primero de diciembre de 2018, cuando se suponía que estaría presente en la ceremonia de entrega del bastón de mando a su amigo López Obrador.

“Creo en Andrés Manuel por todo lo que ha hecho”, dice. Cuando el presidente era joven, llevó a su pueblo una universidad, una radio, hacer los primeros camellones chontales y se sembraron árboles frutales, le declaró a la periodista.

“En la noche previa participó en una ceremonia en la que estuvieron diputados y le dijeron que por equidad de género ella acompañaría a Hipólito en la entrega”. Pero las pugnas entre los organizadores y los egos de los llamados representantes de los indígenas de México le impidieron subir al entarimado donde se llevó a cabo la ceremonia.

El Artículo 62 de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo dice: “Comete el delito de etnocidio el que por cualquier medio y sin el consentimiento de las víctimas, produzca la pérdida temporal o definitiva de su función orgánica reproductora o cometa delitos contra la vida y la salud personal, de dos o más indígenas.

A las personas que incurran en esta conducta se les aplicará de 3 a 10 años de prisión. Cuando la conducta se realice por dos o más personas, se aplicará a cada una la pena de 6 a 12 años de prisión.

Se equipara al etnocidio y se sancionará con pena de prisión de 6 meses a 3 años, al que obligue a los indígenas mayas por medio de la violencia física o moral a abandonar, rechazar o atacar sus usos, costumbres, tradiciones, idioma o su cultura. La tentativa en el delito de etnocidio se sancionará hasta con las dos terceras partes de la pena que le correspondería si el delito se hubiere consumado”.

Institucionalizar a la gubernatura pluricultural de Quintana Roo como lo hizo la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y los directivos de la Casa de la Cultura, así como las demás personas servidoras públicas involucradas, debe ser investigado como presunto genocidio, ya que, al menos, con los hechos, queda en evidencia que por medio de la violencia moral y política se está obligando a los indígenas mayas “a abandonar, rechazar o atacar sus usos y costumbres, tradiciones, idioma o su cultura”.

Dejar a un lado la institución del Consejo Supremo Maya y la autoridad política, religiosa y moral que le reconoce la ley de Quintana Roo es etnocidio, pues con estas acciones de política electoral se menosprecia la cultura maya.
La destitución del general Sulub Cimá fue una intromisión del gobierno estatal a la organización interna del pueblo Maya de Quintana Roo; ahora, con la conformación de la gubernatura pluricultural indígena del Estado de Quintana Roo, es el gobierno de la 4T, por medio de una asociación civil afín a su proyecto de gobierno, la que violenta la autodeterminación del pueblo Maya.

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