Necesariamente Incómoda

**Organizaciones civiles a nivel nacional y local atentas al desaseo que comete la XVI Legislatura de Quintana Roo para nombrar a titular del la Comisión de DDHH.

**Judith Rodríguez Villanueva, se comprometió a llamar a comparecer a Mara Lezama por la represión del 9N, pero incumplió el acuerdo y, al contrario, dio por cumplida la recomendación de la CDHQROO, en agravio de las víctimas.

**El diputado Villatoro, al simular entrevista a Judith Rodríguez Villanueva como aspirante a la presidencia de la CDHQROO, le dice: “…felicidades por su nueva encomienda…” sin que el dictamen de la Comisión del DDHH del Congreso se haya enviado al pleno.

Graciela Machuca Martínez

En la sede del Congreso del Estado de Quintana Roo, durante la fase de las entrevistas a quienes aspiran a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado, como parte del proceso, la sociedad quintanarroense fue testigo de una práctica política lamentable, plagada de cinismo e ilegalidad, acosada por funcionarios para desistir de las protestas en contra de esta infamia.

La Comisión de los Derechos Humanos de la actual legislatura volvió a protagonizar un ridículo más. Esta vez, al momento en que le tocó responder preguntas de la comisión legislativa a su presidenta con licencia, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, a quien no se le cuestionó sobre su experiencia en la defensa de los derechos humanos, sino se le halagó, además, de prepararle el escenario para su lucimiento. Se le colocó en el lugar más cómodo de las entrevistas, al final.

Rodríguez Villanueva, quien hasta hace menos de 20 días se desempeñaba como presidenta de esa comisión legislativa, cargo del que se separó luego de pedir una licencia temporal como legisladora, para poder fingir el proceso de asignación de quien presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Le correspondió recibirla al diputado Villatoro, quien debía entrevistarla y cuestionarla sobre su actuación enfrente de la comisión de DH del Congreso del estado en los dos años y 5 meses que estuvo al frente donde solo 10 de 100 quejas atendió de forma selectiva y discriminatoria, sus pretensiones para convertirse en la próxima ombdusperson de la entidad.

Pero, de entrada, le tiró todos los elogios posibles, la saludó especialmente, como a nadie de las otras personas aspirantes, Antes que nadie dijera nada, ya había justificado todo el cuestionamiento social de que al momento está siendo objeto por todas las asociaciones civiles y la sociedad. Después de ponerle una alfombra para que pasara directamente a sentarse en la silla del titular, le dijo, ante el asombro y perplejidad de quienes seguían la entrevista; “…felicidades por su nueva encomienda…”.

Nada bueno ha recibido el estado de Quintana Roo con las intervenciones cantinflescas de el diputado Hernán Villatoro, el 3 de agosto de 2015 fue el único diputado que voto en contra de la “Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo” luego el 18 de diciembre de 2017 fue uno de los que votaron a favor de la abrogación de la citada Ley a iniciativa del Gobernador Carlos Joaquín González.

Sí, como lo leen, nadie lo podía creer. Este dicho está al final de la grabación de la entrevista que se encuentra en la página web del congreso. El diputado Villatoro, ya la designó a ciencia y paciencia de los que ahí seguíamos el proceso.

Señoras, señores, todo está consumado. El umbral del cinismo del Congreso no tiene límites. Aguanta cualquier infamia. Y esto es lo que nos espera a quienes nos quedaba un ápice de esperanza para esta institución. ¡Qué infamia¡ nos quedan los amparos y que el congreso y sus diputados sientan que los quintanarroenses estamos atropellados en nuestros derechos humanos por parte de quien se dicen representantes populares.

A la revisión jurídica que se haga de este proceso, desde luego que debe incluirse el dicho del legislador Villatoro, cuyo cinismo vulnera el respeto que se le debe tener a uno de los poderes del estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo no solo es la representación popular de quienes integran la XVI Legislatura, sino una institución a la cual se le debe respeto.

En entregas anteriores sobre este bochornoso caso en el que se encuentran involucradas dos nobles instituciones de Quintana Roo como es el Congreso del estado y el órgano público estatal defensor de los derechos humanos, he argumentado, que el tema de la defensa de los derechos humanos, es un asunto que incumbe a todo el país y en este caso, no solo a quienes conformamos la sociedad quintanarroense, sino a todo el país, e incluso más allá de las fronteras, por lo que quienes integran la XVI Legislatura deberán rendir cuentas a México y al mundo sobre esta aberración.

Organizaciones civiles de gran prestigio e incidencia en el ámbito nacional, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Observatorio de Designaciones Públicas, el Comité de Víctimas del #9N y Red Posi+hiva han iniciado un movimiento nacional de observación sobre el comportamiento del Congreso de Quintana Roo en torno al nombramiento de la persona que presidirá, en los próximos días, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHQROO), así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo)

Por medio de un comunicado, las organizaciones referidas manifestaron que están “firmemente convencidas de que, más allá de los requisitos formales de elegibilidad, las personas que sean designadas a estas altas responsabilidades públicas deben de contar con independencia y una trayectoria sumamente sólida en la protección y defensa de los derechos humanos”.

Recuerdan que la noche del 9N un grupo de personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles de Cancún, Quintana Roo, para manifestarse contra la violencia feminicida. Durante la protesta, agentes policiacos perpetraron violaciones graves a derechos humanos en contra de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercían su derecho a manifestarse. Como consecuencia de la represión, por lo menos 3 personas resultaron heridas con arma de fuego; 8 fueron detenidas arbitrariamente; 2 sufrieron tortura sexual; 1 tortura física y 13 resultaron heridas.

En ese contexto, y en un país con altos índices de violencia contra las mujeres, nos preocupa profundamente el hecho de que personas responsables de entorpecer u obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020 (9N), pudieran llegar a la titularidad de estos organismos clave de derechos humanos. La garantía efectiva de no repetición de acuerdo con estándares internacionales en materia de derechos humanos implica que, desde el poder público, se garantice un proceso que escuche la opinión de las víctimas, como las del 9N, y que perfiles que no sean -o no parezcan- independientes o estén relacionados directa o indirectamente con casos de violaciones graves a derechos humanos, no sean designados como es el caso de la diputada Judith Rodríguez Villanueva.

Hacen referencia que los “Principios de París”, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, “representan la principal fuente de estándares normativos para las instituciones nacionales de derechos humanos. De acuerdo a dichos principios, estas instituciones requieren condiciones básicas para desempeñar sus tareas en términos de su composición y garantías de independencia y pluralidad”.

Al respecto, los Principios de París establecen que con el objeto de asegurar su independencia e imparcialidad, las instituciones nacionales de derechos humanos deben asegurar que en su composición estén “representadas la pluralidad de las fuerzas sociales activamente comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos”.

Con base en los Principios de París, las referidas organizaciones “pensamos que personas como Judith Rodríguez Villanueva no cuenta con la autonomía e independencia para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su afinidad con un partido político y consecuente falta de independencia. Además, Rodríguez Villanueva, incumplió acuerdos con las víctimas del 9N que han permitido que el caso continúe en impunidad”.

Por otra parte, sostiene que se debe además garantizar que llegue a la CEAVEQROO un perfil que respete los derechos de las víctimas, con reconocida trayectoria en materia de derechos humanos y que su elección cuente con la participación de la sociedad civil, entre otros, organizaciones y colectivos que han visto vulnerados sus derechos humanos.

“Preocupa que la actual CEAVEQROO está en abierto desacato a una decisión judicial sobre el caso 9N, y que esta circunstancia se mantenga si no se elige a un perfil adecuado como persona titular de la institución”, señala este conglomerado de organizaciones civiles a nivel nacional y local.

Añaden que es indispensable que los poderes públicos del estado de Quintana Roo garanticen que la persona que sustituya a la actual titular de la CEAVEQROO no incurra en las mimas prácticas de revictimización y violación a los derechos humanos de las víctimas.

En el documento se precisa que la causante de la impunidad no es abstracta; “el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Poder Legislativo deben de asumir su compromiso de garantizar que las personas que lleguen a la titularidad de la CEAVEQROO y de la CDHQROO sean independientes y tengan una sólida trayectoria en materia de derechos humanos, para #NuncaMás permitir la impunidad. Solo en esa medida se construirá confianza ciudadana sobre una decisión de gran relevancia para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en Quintana Roo y se recuperará la legitimidad de una institución esencial para establecer límites a los abusos de poder.

SinCuotasNiCuates”.

El citado comunicado advierte que tras los hechos del 9N, la CDHQROO emitió la Recomendación CDHQROO/20/2020/II.

Luego de meses de revictimización, el 8 de junio de 2021, el presidente de la CDHQROO acordó tener por “NO CUMPLIDA en su totalidad la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II”. Por ello, se dio vista a la Legislatura del estado de Quintana Roo por el incumplimiento de la Recomendación y la CDH cerró el expediente del caso del 9N en definitiva.

“El 9 de noviembre de 2021, Amnistía Internacional (AI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Comité de Víctimas del #9N sostuvimos una reunión de trabajo con la diputada Judith Rodríguez Villanueva, quien reconoció el retraso en llamar a comparecer a la presidenta municipal de Benito Juárez por el incumplimiento de la Recomendación y se comprometió a tomar acciones para superar el atraso procesal. Un mes después, la diputada Rodríguez Villanueva presidió la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo en donde, inexplicablemente, se tuvo por cumplida la Recomendación; con lo que se traicionó el compromiso alcanzado con las víctimas”.

Consideran que esta decisión fue ilegal y profundamente cuestionable por las siguientes razones: La CDHQROO ya había declarado el incumplimiento total de la Recomendación en junio de 2021, por lo que, no podía revertir su propio acto administrativo que ya se encontraba firme. Ni el Poder Legislativo ni la CDHQROO tienen facultad para recibir, valorar y calificar pruebas de cumplimiento extemporáneas de una Recomendación cuyo expediente ya había sido concluido y remitido al Poder Legislativo.

Los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa de los perpetradores no han arrojado ningún avance sustantivo. Todas las medidas de reparación (compensación, satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición) se encuentran en litigio constitucional. Incluso, un par de meses previos al acto ilegal del Poder Legislativo, un Juzgado de Distrito dictó más de una decena de sentencias favorables a las víctimas del 9N contra los dictámenes de reparación emitidos por la CEAVEQROO y ordenó que se repusiera el procedimiento.

Así, la declaratoria de cumplimiento de la Recomendación constituye desacato a una decisión judicial. En la fecha en que se dio la declaratoria de cumplimiento estaba corriendo el plazo para que las víctimas del 9N presentaran un juicio de amparo contra las medidas de satisfacción que, en un acto de simulación, habían sido recientemente implementadas por el gobierno municipal de Benito Juárez.
El 9 de noviembre no fue designado como “Día Municipal en contra de la Represión Policial” sino como “Día Municipal del Derecho Humano a la Legítima Protesta”, lo cual cambió el sentido y la responsabilidad de las autoridades estatales. Las víctimas rechazaron conceder una prórroga de cumplimiento a las autoridades responsables y manifestaron públicamente su más abierto rechazo a la forma en que se han implementado las medidas de reparación.

Los hechos del 9N conmocionaron a la sociedad quintanarroense, pues un acto de protesta contra la violencia de género se convirtió en un nuevo episodio de violencia atroz contra las mujeres. A más de un año de los hechos, las víctimas no han podido acceder a la verdad, la justicia o la reparación del daño.

Ante estos antecedentes y el incumplimiento de llamar a Mara Lezama a comparecer al Congreso por los hechos del 9 de noviembre de 2020, Judith Rodríguez Villanueva se convierte en una perpetradora de violaciones a Derechos Humanos y a pesar de ello, la clase política de Quintana Roo ya le puso en bandeja de plata el organismo público estatal defensor de los derechos humanos. Quintana Roo no se merece esta arbitrariedad emanada del mismo Congreso estatal.

Graciela Machuca

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