Alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, utiliza el acoso judicial para inhibir la libertad de expresión
Necesariamente Incómoda
**La CIDH pide al Estado Mexicano investigar de manera seria la violencia que se vive en el estado de Chihuahua.
Graciela Machuca Martínez
En México, además de las cifras de asesinatos de periodistas, entre otros agravios para violentar el derecho humano a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, contamos con el acoso judicial, cuyas evidencias se han mostrado en infinidad de casos como el de la Revista Contralínea que dirige el periodista Miguel Badillo, quien al acumular una serie de agresiones en contra de su personal y de su patrimonio, así como de su integridad física llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañada de la Casa de los Derechos de Periodistas y del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, cuyo equipo jurídico se ha especializado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Este caso lo traigo a la memoria debido a que en el estado de Michoacán el acoso judicial sigue siendo utilizado como medio de censura y así acabar con la endeble libertad de expresión, así como la de prensa que existe en la mayoría de las regiones de aquella entidad, la cual se caracteriza desde hace años por contar con las llamadas zonas del silencio, donde ya no se ejerce el periodismo, porque las políticas fallidas en materia de seguridad permitieron que la delincuencia organizada sustituyera al Estado.
Este 23 de junio se dio a conocer un pronunciamiento de integrantes del Colectivo NiUnoMás Michoacán, la Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) y Comunicación e Información de la Mujer, A.C. entre otras organizaciones civiles, por medio del cual se condena y rechaza el acoso judicial del que es objeto el compañero periodista Francisco Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas, por parte de María Itzé Camacho Zapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En el documento se recuerda que el 29 de enero de 2021, Gente del Balsas publicó una nota titulada “Instruye ASM ampliar denuncias contra gobierno de Itzé Camacho”, firmada por Francisco Rivera Cruz, que da cuenta –a partir de evidencias documentales- información sobre el proceso de fiscalización, debido a presuntas falencias en el manejo de los recursos públicos, por parte de la administración 2018-2021 presidida por Itzé Camacho.
Las organizaciones que suscriben el pronunciamiento, manifiestan que en vez de aclarar dichos señalamientos o solicitar réplica, la respuesta de María Itzé Camacho Zapiain fue buscar la censura de Rivera mediante el acoso judicial. Así, el 15 de abril de 2021, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas promovió una demanda “por daño moral y demás prestaciones” en contra de Francisco Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas.
En la respectiva demanda, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, señala que ésta la realiza a título personal, pero para ello, mediante la fe de hechos se consta que utiliza los servicios profesionales de Francisco Alberto Rangel Salgado, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento Jurídico del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.
A pesar que el 16 de mayo de 2022, María Itzé Camacho Zapiain no acudió a la audiencia de conciliación solicitada por su representante legal, solicitó la reactivación del proceso civil, buscando ir a juicio. Por lo que el Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas programó una nueva audiencia a celebrarse el próximo 29 de junio.
En el pronunciamiento se cita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) estableció en el caso Donoso vs. Panamá, que además de los procesos penales contra la prensa, los procesos civiles también pueden constituir intimidaciones o inhibiciones para el ejercicio de la libertad de expresión dado que “[…] tiene[n] la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público.”
Un ejemplo de ello, es el caso de María Itzé Camacho Zapiain contra el periódico Gente del Balsas y el compañero Francisco Rivera Cruz.
Se le exige a María Itzé Camacho Zapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas: Cese el acoso judicial en contra del periódico Gente del Balsas y el compañero Francisco Rivera Cruz; Se abstenga de toda acción que contravenga los estándares de libertad de expresión que busque censurar o coartar el derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico del periódico Gente del Balsas, el compañero Francisco Rivera Cruz, o cualquier otro periodista o medio de comunicación en la municipalidad.
Mientras que al Poder Judicial del Estado de Michoacán, particularmente al Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas: Conducirse bajo los estándares más altos de Derechos Humanos, en específico la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la SCJN, que establecen que en el caso de personas con proyección pública o funciones públicas hay un umbral de tolerancia mayor a la crítica, por lo que el uso arbitrario del acoso judicial contraviene estándares vinculantes en materia de libertad de expresión.
A la LXXV Legislatura del Congreso del Estado se le pide concluya el proceso de dictaminación de las iniciativas existentes y turne a pleno las reformas al Código Penal del Estado para la derogación de los delitos de ataques al honor y ataques a la propia imagen, que son usados como herramientas de represión contra periodistas.
CIDH PIDE QUE EL ESTADO MEXICANO INVESTIGUE LOS ASESINATOS DE LOS DOS SACERDOTES JESUITAS EN CHIHUAHUA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó desde su sede en Whashington, este jueves 23 de junio, el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en México e insta al Estado a investigar estos hechos pronta y diligentemente a fin de sancionar a quienes resulten responsables.
Esta organización regional de la que México forma parte, sostiene que de acuerdo con información pública, el 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, Joaquín César Mora Salazar, y el guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez, fueron asesinados por hombres armados al interior del templo de la comunidad en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua. Los cuerpos fueron sustraídos por personas armadas después de lo ocurrido. El Estado informó que los tres cuerpos fueron recuperados tras un operativo de búsqueda inmediata llevado a cabo por el Gobierno de Chihuahua.
La Comisión Interamericana, por medio de un comunicado, manifiestó su repudio ante estos actos de violencia. A su vez, observa el rechazo público sobre estos hechos por parte del Presidente de la República, así como el Canciller y la Fiscalía del estado de Chihuahua. Asimismo, toma nota de la información aportada por el Estado sobre la identificación de uno de los responsables y le urge a continuar los esfuerzos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales a fin de lograr la determinación de los hechos, enjuiciar y sancionar a los responsables.
La CIDH advierte que estos hechos se enmarcan en un contexto de violencia conocido en el estado de Chihuahua. En particular, a través de sus diversos mecanismos, se ha recibido información sobre la violencia que enfrentan diversas comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara ante supuestos conflictos entre cárteles de narcotráfico que disputarían el control del territorio para la siembra y cultivos ilícitos, que ha derivado en el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH. Asimismo, en el informe anual de 2019, se observa que, como consecuencia de esta violencia, integrantes de estas comunidades se han visto forzadas a desplazarse fuera de sus territorios.
Finalmente, la Comisión hace un llamado al Estado para garantizar la seguridad de las personas que habitan en dicha comunidad, así como a las personas sobrevivientes.
La violencia que se registra en el estado de Chihuahua, desde luego que no es novedad, diversos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han ido documentando los casos desde hace por lo menos tres décadas, la responsabilidad el surgimiento de esta violencia no se le atribuye al actual gobierno, pero su responsabilidad consiste en resolver la violencia que se genera hoy en día, porque durante sus años de campaña el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sabía como resolver de fondo los problemas que laceran al pueblo de México, pero este jueves, durante su conferencia mañanera insistió que no cambiará su estrategia de seguridad, lo que representa una afrenta para las víctimas y sus familias, pues esa estrategia no ha funcionado durante los más de tres años de que se puso en marcha.
Graciela Machuca
