Amenazan de muerte a periodista en Quintana Roo; la figura presidencial sigue rebasando la línea de la división de poderes
Necesariamente Incómoda
**La Libertad de Expresión en México se ejerce en medio de violencia de la delincuencia y violencia discursiva institucional, de acuerdo a informe de Reporteros sin Fronteras.
Graciela Machuca Martínez
Hay un caso más de amenazas a un periodista en Quintana Roo al cual se le debe dar seguimiento con la finalidad de prevenir una agresión más, sabemos que las amenazas de diferente índole en contra de quienes ejercemos el periodismo en México se reproducen de manera exponencial y lamentablemente esas amenazas se llegan a cumplir como lo demuestran los nueve casos de asesinato de periodistas ocurridos en el país en lo que va del año 2022.
El pasado 12 de junio, el periodista quintanarroense Rafael Santiago publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Recibí amenazas de muerte del cel 998 534 1922. Como la ejecución de periodistas está en la orden del día, responsabilizo de cualquier atentado a @lopezobrador_, al gobernador de Quintana Roo @CarlosJoaquin, y a la gobernadora electa @MaraLezama. El periodismo vencerá a mafias.”
Una publicación de esta naturaleza debe ser investigada por los personajes de la política que se mencionan. Recordemos que en medio de la tormenta política las cuentas pendientes se cobran de diferente manera, por lo que periodistas y personas defensoras de derechos humanos quedamos en medio de las patas de los caballos, aunque los objetivos no seamos nosotras, podemos ser las víctimas para culparse entre adversarios.
La trayectoria de Rafael Santiago como directivo de medios de comunicación está a toda prueba, por lo que las autoridades correspondientes deben tomar cartas en el asunto. Este tipo de amenazas no se deben tomar a la ligera, querámoslo o no, la violencia recorre los cuatro puntos cardinales de Quintana Roo.
Como gremio periodístico y como sociedad quintanarroense tenemos en la memoria y seguimos exigiendo justicia por los siguientes asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Oscar Diaz Peniche, desaparecido en Cancún en julio de 2012.
José Alberto Velazquez Lopez, asesinado en Tulum el 23 de dicembre 2009.
José Guadalupe Chan Dzib, asesinado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto el 29 de junio de 2018.
Rubén Pat Cauich, asesinado el 24 de julio de 2018 en la ciudad de Playa del Carmen.
Javier Valladares, camarógrafo del Canal de TV 10 de Cancún, asesinado en Cancún el 29 de agosto de 2018.
Francisco Romero (Ñaca Ñaca), asesinado en Playa del Carmen, el 16 de mayo de 2019.
Dimas Calderón Flores (defensor), asesinado en Chetumal el 26 de octubre de 2018.
En otro asunto de periodistas es preocupante que desde la tribuna presidencial se emitan veredictos sobre las causas del asesinato de un periodista, sin que el juez de control haya dado por terminada la investigación a cargo de la fiscalía, como ocurre con el caso del asesinato del periodista veracruzano José Luis Gamboa. Si el presidente de la República emite una opinión son datos sacados de una carpeta de investigación, el proceso enfrentará obstáculos políticos para que el poder judicial realice su trabajo conforme a derecho.
Recordemos que al periodista José Luis Gamboa fue asesinado en el estado de Veracruz en el mes de enero de este año, pero sin ser la autoridad para emitir un fallo y mucho menos para difundir información de una investigación penal en curso, Andrés Manuel López Obrador, da a conocer que el homicidio se relaciona con una herencia familiar.
“Es un periodista que fallece en Veracruz, la investigación hasta ahora no es definitiva, era un pleito de una herencia familiar y un sobrino está vinculado con su asesinato”, dijo López Obrador durante una de sus conferencias mañaneras, lo que pone en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el mismo juicio que llegue a iniciarse cuando el juez de control de por cerrada la etapa de investigación.
Fue durante el mes de abril que un juez de control impuso dos años de prisión preventiva en contra de Eduardo “N”, identificado como sobrino del periodista, como presunto responsable del homicidio.
Al ser dada a conocer esta información, de facto el resto de líneas de investigación son hechas a un lado.
En este país, la voz del presidente de la República es ley y es sigue vulnerando el debido proceso. La justicia que se requiere en México es pronta y expedita, la división de poderes no está contemplada en la Constitución Federal como mera ornamentación, tiene una razón histórica y todo titular del Poder Ejecutivo Federal debe cumplirla.
Eduardo «N» se encuentra en el penal de Pacho Viejo, donde deberá esperar a que el proceso penal 112/2022 siga su curso para deslindar responsabilidades.
INFORME ANUAL DE REPORTEROS SIN FRINTRERAS SOBRE MÉXICO
El informe anual (2022) de la organización internacional con sede en París, Francia, Reporteros sin Fronteras, sostiene que año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde 2018, no ha emprendido aún las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa.
Panorama mediático
México es uno de los países con la mayor concentración mediática del mundo; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños abrirse hueco o, incluso, existir. El sector de las telecomunicaciones está dominado por Telmex y el de la radio y televisión, por Televisa; el grupo Organización Editorial Mexicana es otro actor relevante, pues posee 70 periódicos, 24 emisoras de radio y 44 webs informativas. Esta situación hace que cada vez más periodistas independientes publiquen contenidos propios en las redes sociales.
Contexto político
El presidente López Obrador y otras figuras destacadas del Estado han adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, a los que acusan regularmente de promover a la oposición. Cada miércoles, el gobierno organiza una sesión de “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, un espacio más en el que se intenta desacreditar a la prensa. En sus más de tres años de mandato, el presidente ha criticado a los periodistas por su falta de profesionalidad y ha calificado a la prensa mexicana de “parcial”, “injusta”, y de “desecho del periodismo”.
Marco legal
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución mexicana y amparada por la ley de prensa de 1917. En la práctica, no hay ninguna ley que obstaculice la libertad de informar, puesto que la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, más que a través de acciones judiciales, detenciones o suspensiones de actividad.
Contexto económico
La economía mexicana se asienta en diversos sectores: productos de alta tecnología, producción petrolífera, y explotación industrial y minera. Pese a ser la segunda potencia de América Latina, por detrás de Brasil, el país se ha visto seriamente afectado por la pandemia, que ha supuesto la pérdida de más de dos millones de empleos, entre marzo y diciembre de 2020. Los periodistas han tenido, en este contexto, que buscar fuentes alternativas de ingresos, esforzándose, a la vez, por mantener su actividad freelance.
Contexto sociocultural
México es un país inmenso, que gira en torno a la megalópolis de Ciudad de México y de, al menos, siete ciudades de más de un millón de habitantes. Las archifamosas telenovelas forjan, desde hace tiempo, el vínculo entre los grandes medios y las fuentes de información para la mayoría de la población, puesto que Televisa, compañía privada familiar próxima al gobierno, es el mayor proveedor de ambos.
Seguridad
La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero. El presidente López Obrador no ha emprendido aún ninguna de las reformas necesarias para poner freno a la violencia y la impunidad que se han instalado en el país. Desde el año 2000, han sido asesinados más de 153 periodistas en México. Hasta aquí parte del informe de Reporteros son Fronteras sobre México.
Graciela Machuca
