Asesinatos de periodistas en México a la alza, en tanto MORENA y PRI sostienen una guerra de lodo; Mecanismo de Protección colapsado
Necesariamente Incómoda
**Urge una reforma constitucional para que las actividades periodística y de defensa de los derechos humanos sean reconocidas como de interés público, como son la de los partidos políticos; se debe crear una ley general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas con base en criterios internacionales y buenas prácticas.
Graciela Machuca Martínez
A través de métodos, que se presumen ilegales, la gobernadora de Campeche, la expriista y ahora morenista, Layda Sansores, ha obtenido y difundido varios audios del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por medio de los cuales se evidencian su conducta caciquil, autoritaria y de corrupción, así como una sentencia muy grave para la Libertad de Expresión en el país, al decir que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre.
Desde luego que el líder priista en su defensa ha dicho que no es su voz y que buscará un peritaje independiente para demostrarlo, además, de acusar al fiscal de Campeche Renato Sales de estar utilizando un equipo de espionaje que se compró para la Policía Federal en 800 millones de pesos, pero que no entregó a la institución, sino que se lo robó y ahora lo usa para espiar a sus adversarios políticos, empresarios y periodistas.
Mientras los integrantes de la cúpula de la clase política dirimen sus diferencias y se avientan lodo unos a otros, quienes quedamos en medio del lodazal somos quienes ejercemos el periodismo, porque ya se ha convertido en práctica común que los diferentes grupos políticos que se disputan el poder nos espíen y para ello no requieren de sofisticados equipos tecnológicos, lo siguen haciendo con aparatos modestos y desde una camioneta o un automóvil común y corriente, pues las alambreadas ya no son necesarias con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación.
Como recientemente fue en Cancún donde las versiones apuntaban a la detención de una persona dedicada al espionaje con todo y equipo, aunque la autoridad ministerial lo negó, varios medios dieron cuenta puntual de ello.
Detienen a sujeto que se dedica al espionaje en Cancún. ASEGURABA trabajar para Capella.
Ya sean los panistas, priistas, perredistas o morenistas saben cómo interceptar llamadas o como investigar por medios no convencionales y legales a sus adversarios o a toda aquella persona que represente un dolor de cabeza o que simplemente, la información que generen en poco tiempo se pueda convertir en una mercancía.
Layda Sansores sabe muy bien que los audios que difundió no podrán incidir en un juicio contra “Alito”, porque su origen es ilegal, pero la legalidad es lo que menos le interesa a ella y mucho menos la seguridad de periodistas, su único objetivo es incidir en el ánimo del electorado que es en lo que la gobernadora de Campeche esta abocada para este 5 de junio en las seis entidades donde MORENA busca quedarse con las gubernaturas.
Ya he mencionado en este espacio que del 2000 al 2012 en que estuvo el Partido Acción Nacional (PAN) al frente del Poder Ejecutivo Federal, se incrementó el número de asesinatos de comunicadores en México, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, no se pudo hacer nada para detener esa tendencia y a partir del primero de diciembre de 2018, la vida de las personas periodistas está en riesgo a todo momento, porque desde la Presidencia de la República se promueve el odio, el estigma, el acoso contra toda persona que ejerza la libertad de expresión y que no haga propaganda a favor del gobierno federal.
Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojoza (2006-2012) se creo el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como una respuesta a la presión nacional e internacional por los constantes asesinatos en contra de periodistas, este organismo no pudo despegar en ese entonces, por las premuras para aprobar la ley respectiva y la puesta en marcha del Mecanismo, se hizo solo por Decreto, pero no se tuvo el tiempo para crear los instrumentos técnico-financieros para ejercer el presupuesto que ya estaba aprobado por la Cámara de Diputados.
Conforme fue pasando el gobierno de Peña Nieto, el presupuesto al Mecanismo fue disminuyendo, a tal grado que en los últimos dos años, desde la Junta de Gobierno se tuvo que presionar a la Secretaría de Gobernación para que gestionara recursos adicionales y hubiera disponibilidad de recursos para no suspender las medidas de protección para las personas beneficiarias.
Con Andrés Manuel López Obrador las cosas empezaron mal, porque dentro de su agenda de gobierno no se encuentra como una prioridad la libertad de expresión ni el derecho a la información, por lo que decidió eliminar el Fideicomiso creado para que el Mecanismo para solo pagar las medidas de protección a la empresa RCU, de la cual se ha dicho que tiene nexos con Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos.
Despareció el Fideicomiso y decidió que los costos de las medidas de protección tenían que ser pagadas del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, lo que limitó, aún más, tanto la cantidad como la calidad de las medidas.
Desde hace años, las organizaciones civiles que acompañan a periodistas y a personas defensoras de Derechos Humanos han exigido que se cambie el contrato con RCU y que los servicios que se requieran para las medidas de protección se diversifiquen entre varios prestadores de servicios y proveedores, pero alguien, desde una instancia de decisiones se ha opuesto a ello. Pero eso no solo paso durante el gobierno de Peña Nieto, sino desde el primero de diciembre de 2018 sigue ocurriendo lo mismo. A tal grado que hace unas semanas, la misma actual Secretaría de Gobernación propuso a la Junta de Gobierno, presidida por esta institución, que se le renueve el contrato a RCU, una empresa que desde un principio ha cobrado precios muy por encima del mercado, sin embargo, el gobierno de MORENA quiere volver a darle el contrato en exclusiva.
Con el actuar del gobierno federal, de 2012 a 2022, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está colapsado, para corregir su camino se requiere que el Estado Mexicano tenga dentro de su agenda de prioridades a la libertad de expresión y el derecho a la información, porque de lo contrario seguiremos peor que durante los últimos diez años.
México debe transitar a una Ley General de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero que sea diseñada con criterios internacionales y buenas prácticas en otros países, que se ha encargado de reunir la UNESCO a través de su proyecto de seguridad para periodistas, del cual a las autoridades mexicanas nunca les ha interesado conocer.
Con una Ley General cada entidad federativa tendría obligaciones en el marco de la Federación, con el objetivo de no convertir a los mecanismos estatales en elefantes blancos y entes burocráticos como ha sucedido con las comisiones estatales de derechos humanos, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y las de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Antes que esa ley sea aprobada por el Congreso de la Unión se debe llevar al ámbito constitucional que la actividad periodística, así como la actividad de quienes defienden derechos humanos sean de interés público, porque solo a ese nivel jurídico, se podrán diseñar y poner en prácticas políticas públicas que le garanticen a la sociedad mexicana ejercer con plenitud los derechos a la información y a defender derechos humanos. Si los partidos políticos que se supone que contribuyen a la transición a la democracia su actividad, desde la Constitución, está catalogada como de interés público, el quehacer periodístico hoy la defensa de los derechos humanos contribuyen en gran medida a la democracia.
Una Ley General en la materia tiene que rediseñar el nuevo mecanismo, hacer eficientes todas sus instancias, incluido el Consejo Consultivo que (Salvo honrosa excepciones de una consejera recientemente integrada) que supuestamente lleva la voz de las “organizaciones civiles” y que hasta al momento ha sido secuestrado solo por “organizaciones” que representan intereses de facciones políticas y hasta partidistas y que en la práctica solo han mostrado exclusión y discriminación, porque la mayoría de sus representantes se sienten con el derecho divino de pertenecer a ese órgano y perpetuarse en él, creando una serie de vicios y complicidades que algunos consejeros y consejeras hacen directamente con los gobiernos estatales para atender intereses políticos y que seguramente muy bien les reditúan, y esto es más grave de lo que los defensores y periodistas nos imaginamos, porque nos convierten estas prácticas en rehenes de esta forma de traficar con influencias desde el Mecanismo, a tal grado que personas beneficiarias reciben llamadas telefónicas para que no sigan “golpeando” a algún gobernador, poniendo nuestras vidas y la integridad física en peligro y dejando las medidas de protección en entredicho por negociar con ellas.
Tampoco el Consejo ni el propio mecanismo se ha permitido hacer una investigación sobre los asesinatos de defensores y periodistas beneficiarios por el mecanismo, menos existe una evaluación para conocer los avances y poder definir los alcances del mecanismo, el propio mecanismo no ha sido capaz de articular un formato que señale con rigor el estatus de investigación en cada caso en la FEADLE sobre amenazas y agravios a defensores y periodistas, y la pregunta reiterada a lo largo y ancho de la republica es: Por que esperar que asesinen a una o aun periodista para criminalizarlo? Por que no investigar antes a todo aquel que se haga pasar o ser periodista y no lo sea. Pero en este espacio no me da, por lo que dejo a la FEADLE y al Consejo para otra entrega.
Ahora que MORENA, por medio de argucias ilegales, difunde un audio atribuido al dirigente nacional del PRI, en contra de la vida de periodistas, no nos está mostrando nada nuevo, porque los de MORENA que antes fueron priistas tienen las mismas intenciones, callar a la prensa, porque una prensa crítica o una prensa que solo cumple con su función social no les sirve, la clase política en el poder, siempre han optado por la prensa dócil, la que cuestiona, esa es enemiga de la nación o del estado donde trabaje.
Si MORENA cuestiona a Alejandro Moreno por lo que dijo en contra de periodistas, es el momento que actúen en consecuencia y desde el Congreso de la Unión reforme la Constitución Federal y creen una legislación general para proteger y darle seguridad a todo el gremio periodístico, pero eso es imposible por el momento, mientras el presidente de la República se dedique todas las mañanas a estigmatizar y a denigrar a quienes hacemos periodismo en este país. La historia en este país nos ha demostrado que a los gobiernos, del partido que sea, siempre les ha incomodado el quehacer de la prensa.
Mientras tanto y se ponen de acuerdo a los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos les siguen asesinando, pues es raro el mes que no se registre algún asesinato, en un mar de IMPUNIDAD total, URGENTE BORRON Y CUENTA NUEVA YA!….
Graciela Machuca
