Piña Gutiérrez víctima de violencia política por parte del edil de Bacalar por defender a empleada municipal de acoso sexual y laboral
Necesariamente Incómoda
UNA DE DOS
**La historia violenta del Presidente Municipal de Bacalar expriista y ahora verde contra las mujeres tiene historia.
**El Tribunal Electoral de Quintana Roo emite medidas de protección a favor de la sindica municipal de Bacalar, en tanto revisa a fondo la demanda de violencia política por razón de género; en breve un juez federal resolverá demanda de amparo en contra del Cabildo por retirarle la representación legal; la actuación del presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, también será revisada por un juez federal.
Graciela Machuca Martínez
El caso de Vanessa Piña Gutiérrez, sindica municipal de Bacalar, a quien el Cabildo, por mayoría, le quitó la representación legal del Ayuntamiento que por ley le corresponde, por no responder a los intereses políticos y económicos del presidente municipal, tiene elementos que a todas luces muestra violencia política por razón de género, discriminación y exclusión, por lo que el edil José Alfredo Contreras Méndez, tiene que dar explicaciones y fundamentar su determinación, tanto a un juez federal como al Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, instancia que ya dispuso medidas cautelares para Piña Gutiérrez, en tanto revisa el asunto. Esta determinación del Tribunal ya representa un revés político y jurídico para todo el Cabildo y de paso evidencia el dolo con que actuó el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado, Julio Montenegro Aguilar, al citar de manera ilegal a la sindica, además, de que en ningún momento aplicó el principio de presunción de inocencia, porque asumió como suya y como cierta la acusación del presidente municipal y de sus incondicionales.
Tanto el diputado como el Cabildo de Bacalar requieren asesoría jurídica de calidad y capacitación en materia género y derechos humanos, porque con sus acciones dieron a conocer su ignorancia y falta de capacidad para allegarse de expertos en estos temas, ya que ellos carecen de esos conocimientos y tampoco tienen voluntad política de aprender.
Durante una entrevista realizada a Piña Gutiérrez recordó algunos motivos que la llevaron a confrontarse con el presidente municipal y su equipo de allegados, como fue el caso de haber asesorado y defendido, en su carácter de presidenta de la Comisión de Género del Cabildo, a una trabajadora municipal que fue victima de acoso sexual y laboral por parte de un asesor de Contreras Méndez.
Recuerda que desde el 30 de septiembre que tomaron posesión como integrantes del cabildo la relación con el munícipe era cordial y respetuosa, pero a partir del mes de diciembre, cuando se dio reveló el asunto de acoso sexual y laboral, la relación de volvió ríspida.
Recuerda que la víctima la busca, en ese momento bastante preocupada, por no perder su trabajo, en lo que en esencia me manifiesta, que se siente bastante incómoda, me empieza a describir diferentes situaciones con su agresor.
El primer paso que dieron es llegar a la Contraloría municipal para interponer la denuncia, antes de eso se habla, se platica con su jefe inmediato, se le hace llegar al presidente la situación, por si tuviera alguna intervención, lo que procedería era buscar a la chica y platicar y dictar el procedimiento que correspondía, no se da, pero, estaba la Contraloría que es la instancia a través de la cual se pueden meter las denuncias para llevar a cabo los procedimientos que tienen que ver con un mal ejercicio de las y los servidores públicos. Se inicia el procedimiento, transcurren varios días y no hay respuesta conforme a los protocolos administrativos, como es la ratificación de la denuncia, convocar al presunto acosador para que diera su versión sobre la acusación, pero al no darse estos pasos decidimos trasladar la denuncia a la Fiscalía General del Estado, desde la cual se da la notificación al Ayuntamiento para requerir información de ambas personas, de la víctima y de quien se había señalado como el agresor.
Es a partir de ese momento que se inicia una notoria molestia en contra de mi persona, puedo referir que en ese periodo se da una clausura del restaurante de un familiar y socio, quien me llama una tarde y me dice que hay personal de Ecología Municipal diciendo que van a realizar una inspección, hasta ese momento, todo bien, porque el procedimiento marca que puedes llegar al restaurante, solicitar los permisos, se verifican, se los tienen completos se retira el personal, pero no había razón, Inician el procedimiento y dicen que había una observación menor, que tenía que ver con la cocina, dicen que se tienen diez días hábiles para resolver la observación, sin embargo, a la media hora llegan patrullas, tenemos videos, también nos quedamos con los documentos que ellos entregaron como clausura, aún cuando se les había demostrado una y otra vez que el restaurante cumplía con todos los permisos que se habían tramitado en forma muchos meses atrás, me dicen que le hable al presidente y que con ello, lo puedo resolver. Al negarse a llamarle al presidente municipal, le dijeron que si no lo hacía procederían a clausurar el negocio, porque esas eran las instrucciones que llevaban. Esta arbitrariedad al obtener el amparo de la justicia federal, pues el establecimiento contaba con todos los permisos en regla.
A partir de entonces veo que se van gestando represalias en contra mía, empieza a ver mucha presión, la agraviada se empieza a sentir desanimada, pero quiero reconocer a los colectivos feministas que fueron grandes aliados, porque fueron los que brindaron asesoría jurídica, y quienes nos ayudaron a fortalecernos en este proceso, que yo sabía que iba a traer consecuencias.
Por ello se presentó una demanda de violencia política en razón de género, porque llevo seis meses de una situación de diferentes actos, ya en el mes de enero que se hace público, pues también soy víctima de una notificación, no escrita, pero si de manera verbal, en la que me encuentro que ya no tengo la auxiliar administrativa con la que yo contaba, fue un acto en contra de mi persona, porque el resto de mis compañeras y compañeras del Cabildo siguen contando con ese apoyo de personal, que desde el inicio de la administración no fue proporcionado.
Esta situación se agudizó cuando en el mes de febrero se retira como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que había militado durante 11 años y en el que había desempeñado diversos cargos directivos a nivel municipal y estatal. Empezó a notar bloqueos dentro de su actividad partidista por parte del presidente municipal, porque al convocar a reuniones a la organización de mujeres que dirigía, las personas convocadas no llegaban, porque como varias trabajaban en el Ayuntamiento tenían miedo de ser despedidas, porque la instrucción era no acudir a ninguna reunión, ni darle apoyo en ningún sentido.
Considera que fue un acto de obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos que se daban como militante de ese partido. Además, como sindica municipal no tiene asesor jurídico, porque el Ayuntamiento no tiene una partida para ese rubro, por lo que solo debe firmar los documentos, porque es su obligación, como le dijeron en la sesión de Cabildo del 11 de julio pasado.
Aclaró que la razón por la que no ha firmado algunos documentos es porque no tiene una persona de su confianza que la asesore jurídicamente y como medida de prevención no lo hace, ya que ante esta confrontación, en cualquier momento la pueden responsabilizar dolosamente de firmar documentos con repercusiones negativas para el ayuntamiento.
En respuesta, el munícipe le dice que para eso está la Dirección Jurídica del Municipio, «pero recordemos que hay un equilibrio de poderes, el presidente, preside la administración pública y el Cabildo es observante del desempeño de esa administración pública, por tanto, yo no podría ir con la Dirección Jurídica, que me conforman esas demandas, siendo que cuando firmo avalo que lo que allí pusieron está bien, pero si yo no tengo ese personal propio, incluso en el Reglamento lo señala, pues estoy firmando a ciegas y con esta franca ruptura que existe, pues yo vi una situación de alta desconfianza y tratando de cuidar la responsabilidad que implica poner mi firma en algún documento».
PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL OTORGA MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LA SINDICA DE BACALAR
La noche de este 19 de julio, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), en sesión pública no presencial, determinó por unanimidad de votos declarar parcialmente procedentes las medidas de protección solicitadas por la Síndica Municipal de Bacalar, Juana Vanessa Piña Gutiérrez, ordenando las medidas de protección, ya que a partir de los planteamientos expuestos por la parte inconforme y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, resulta necesario salvaguardar provisionalmente los derechos que asegura se le están restringiendo y violentando ante eventuales actos que pudieran resultar lesivos a sus derechos humanos.
Por medio de un comunicado, el organismo jurisdiccional, dio a conocer que al resolver el Acuerdo Plenario del Cuaderno de Antecedentes CA/009/2022, por medio del cual se determina las medidas de protección solicitadas por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo, “por la presunta comisión en su perjuicio de actos de violencia política contra la mujer en razón de género, lo anterior, derivado del Acuerdo emitido el 11 de julio por el cabildo, mediante el cual se le revocó el carácter de apoderada jurídico del municipio de Bacalar, que como síndico municipal ostenta por Ley, y del cual presentó el juicio de la ciudadanía respectivo”. El referido Tribunal, en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia Local, considera procedente vincular de manera urgente a la autoridad responsable, para que hasta en tanto no sea dictado la sentencia de fondo por este órgano jurisdiccional, diseñe y ejecute de forma inmediata y sin dilación a las medidas de protección que considere oportuna para lograr dicha finalidad, que de manera enunciativa y no limitativa son:
- a) Que el Presidente Municipal y el cabildo del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, se abstengan de realizar comentarios por sí o por terceras personas, ya sea a través de medios de comunicación tanto impresos como digitales y en las redes sociales que tengan por objeto descalificar a la parte actora en el desempeño de sus funciones.
- b) Que el Presidente Municipal y el cabildo del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, por sí o por terceras personas se abstengan de realizar cualquier conducta intimidatoria o violenta en contra de la parte actora y/o sus familiares y su personal a cargo relacionado con el desempeño de sus funciones.
- c) Toda vez que la parte actora manifestó temer por su seguridad personal, y en razón de que el artículo 43 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, señala que cuando una autoridad tenga conocimiento de hechos de peligro en la integridad y vida de una víctima, se deben adoptar medidas necesarias para evitar alguna lesión o daño, es que este Tribunal considera necesario ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública conforme a sus atribuciones, para que de manera inmediata asigne la protección necesaria, continua y permanente, hasta que se dicte la sentencia de fondo por este órgano jurisdiccional.
- d) Se ordena al Presidente Municipal y el cabildo del Municipio de Bacalar, Quintana Roo se cercioren de publicar en los estrados del Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, Quintana Roo copia de los efectos del presente acuerdo plenario, lo cual deberá permanecer hasta que se emita la sentencia de fondo.
- e) Se apercibe a todas las personas antes señaladas que, de no cumplir el presente acuerdo plenario se les podrá imponer alguna de las medias de apremio en términos de lo previsto en el artículo 52 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Lo anterior, con el fin de inhibir conductas que puedan lesionar los derechos humanos y el correcto ejercicio del cargo de la hoy actora como síndica municipal del Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo y que, en su caso, puedan poner en riesgo su integridad física. Para lo cual, las citadas autoridades quedan vinculadas a informar a este Tribunal Electoral de las determinaciones y acciones que consideren necesario adoptar.
Hasta aquí el comunicado del Tribunal Electoral, el cual representa un revés al autoritarismo, machismo y discriminación del presidente municipal. Desde luego que el asunto apenas se analizará de fondo, pero estas medidas cautelares representan un llamado de atención al presidente municipal, pues el mismo Tribunal le recuerda que existen los derechos humanos y derechos políticos de las personas, mismo que no se pueden violentar a capricho.
Graciela Machuca
