Clic Para Compartir

El Tribunal de Justicia de Quintana Roo a modo

En la sección Polí­tica por el 5 agosto 2022 a las 10:55 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

En las próximas horas se nombrará al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para dar cumplimiento a los pactos de impunidad y para dejarle un Poder Judicial a modo al próximo gobierno para que de entrada reciban protección aquellos grupos facciosos identificados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) relacionados con el cartel del despojo en la entidad.

Desde luego que el pueblo de Quintana Roo saldrá afectado con este nombramiento, porque el magistrado que será ungido, así como sus aliados, lo que menos les interesa en una pronta y expedita administración de justicia en la entidad, estos grupos les interesa tener a los tres poderes del estado a su servicio, porque Quintana Roo es el territorio propicio para usufructuar sus recursos desde el ámbito de la delincuencia organizada, infiltrando y apoderándose de las instituciones del Estado.

A los grupos políticos y económicos que decidieron imponer al magistrado Heyden José Cebada Rivas, como presidente el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, no les importa la justicia a la que tiene derecho la sociedad quintanarroense, sino tener a un cómplice para que atienda sus casos judiciales.

Con este tipo de maniobras políticas y gansteriles el Poder Judicial en la entidad sufre una emboscada, lo están secuestrando y de esta manera la división de poderes desaparecerá de la entidad y eso se llama autoritarismo, por lo que les caería muy bien a las personas que integrarán la próxima Legislatura unas clases de historia de México sobre las razones jurídicas, sociales y políticas que fundamentan la división de poderes y si les queda algo de congruencia política, la XVII Legislatura tendría que asumir su autonomía y soberanía establecidas, tanto en la constitución local, como en la federal.

Los cuestionamientos en contra del elegido, así como el propio proceso de selección al interior del Tribunal ensucian a la institución y hay que recordar que las instituciones fueron creadas para el servicio del pueblo, no para camarillas que las utilizan para pasar por el tamiz de la legalidad sus tropelías.

Diversos medios de comunicación en Quintana Roo han documentado ampliamente las irregularidades cometidas por Cebada Rivas a su paso por la administración pública estatal.

Por ejemplo, se encuentra el juicio contencioso administrativo iniciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo, mediante el cual, Dairi Guadalupe Barrera Mendoza busca echar atrás el decreto número 171 emitido el 24 de noviembre de 2021, el cual sirvió para cambiar las reglas del juego y ser nombrado magistrado, a pesar de que no reunía los requisitos establecidos por la ley.

El expediente de referencia es el 07/2022-SU4-I presentado en la Cuarta Sala del TJA, con sede en Cancún, presidida por Isabel Cecilia González Glennie, magistrada que desechó la demanda al argumentar que la promovente no tenía interés jurídico.
Al comprobarse las inconsistencias en los argumentos de la magistrada, el caso, bajo el número 90/2022, se encuentra en la Segunda Sala del TJA, con sede en Playa del Carmen, porque la demandante presentó un recurso de queja. derivado de un recurso de queja.

Hasta el momento, ni el Congreso del Estado, instancia que nombró magistrado a Cebada Rivas, ni el propio impugnado, han podido demostrar que con su nombramiento se vulneró el artículo 101 de la Constitución Política de Quintana Roo, a tal grado que el Congreso no ha enviado los informes respectivos cuando le fueron solicitados por el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no tienen elementos constitucionales para justificar su aberración, una más de la XVI Legislatura en materia constitucional.
El precepto constitucional en mención dice que “los nombramientos de los Magistrados se realizarán en apego al principio de paridad de género, y deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia”.

Al imponer a Cebada Rivas, una de las violaciones a la ley es que ese lugar vacante tenía que ser ocupado por una mujer para cumplir con la paridad, toda vez que el Pleno del Tribunal está conformado por siete hombres y cuatro mujeres.

Al revisar los requisitos para ocupar el cargo, solo se le encontró de antecedente válido, haber sido síndico municipal de Benito Juárez, donde se le acuso de nepotismo al nombrar a su padre en un cargo público.

La abogada y activista por los derechos humanos Fabiola Cortés Miranda, recuerda en un artículo difundido recientemente que el 29 de noviembre de 2021, en la 29 sesión del Primer Periodo Ordinaria de Sesiones de la XVI Legislatura fue de mero trámite, y en unos cuantos minutos, ‘se puso a consideración la terna señalada en el dictamen’; se abrió el módulo de votación por dos minutos y Heyden José Cebada Rivas fue electo con 21 votos a favor y se le tomó protesta.

Entre los argumentos presentados por la litigante, menciona que las personas integrantes de la Comisión de Justicia de Quintana Roo –presidida por la diputada panista Kira Iris San– violaron el decreto en materia de paridad de género, de publicado en el Periódico oficial del estado de Quintana Roo el 14 de julio de 2020, que en el artículo transitorio segundo estableció: “La observancia del principio de paridad será progresiva y aplicable a los nombramientos que se realicen a partir de la entrada en vigor del presente decreto”; es decir, el principio de paridad de género cobró vigencia desde el 14 de julio de 2020.

La llegada de una persona con estos antecedentes, por medio de un proceso de selección desaseado, pone en entredicho la legalidad y legitimidad del nombramiento, vulnera a la institución y pone en serio peligro a la ciudadanía al quedar en estado de indefensión, porque la institución que le debe garantizar su derecho de acceso a la justicia está viciada.

Deja un comentario