Ernesto Méndez, otro periodista asesinado en México en la era de la 4T

0

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

Ernesto Méndez es el nuevo periodista asesinado en México, el crimen se perpetró el martes 2 de agosto por la noche en San Luis de la Paz, Guanajuato, una de las entidades más violentas del país por la presencia de la delincuencia organizada, la cual, a más de tres años y ocho meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creador de la Cuarta Transformación, no ha podido ser replegada, por falta de políticas públicas y acciones de gobierno eficientes.

Cuando se encontraba en un establecimiento de venta de cerveza, de su propiedad, un grupo de personas armadas llegaron y le dispararon a quemarropa al igual que a otras personas, perdiendo la vida dos más, mientras que otras dos resultaron lesionadas.
Este caso debe ser investigado por la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que, como ocurre en muchos estados, la sociedad ya no le tiene confianza a la fiscalía estatal, por las evidencias que han surgido de complicidad con grupos delictivos.

Como periodista, Ernesto Méndez se desempeñaba como director de su propio periódico denominado La Voz en el mismo municipio de San Luz de la Paz, también paso como reportero de medios como El Correo y Zona Franca; como empresario se dedicaba a organizar ferias y diversos espectáculos. Horas antes de su asesinato dio a conocer a los medios de Comunicación de la zona, que había obtenido la concesión para organizar una importante feria en San Luis de la Paz.

Hay antecedentes de que había recibido amenazas de muerte, las cuales debe investigar la FEADLE, institución que tiene la responsabilidad de iniciar las investigaciones por la línea de su actividad periodística, la cual se tiene que trabajar siguiendo todos los protocolos existentes en materia de Libertad de Expresión.

Hasta el momento la Fiscalía estatal es la que ha iniciado las investigaciones, porque la FEADLE no se ha pronunciado por la atracción como lo hizo en Tamaulipas para indagar el asesinato de otro periodista en Ciudad Victoria, pero hay que recordar que era época electoral y al gobierno morenista no desaprovechó la oportunidad para decir: yo me quedo con el caso, aunque hasta el momento los resultados hayan sido nulos.

Esperemos que en esta ocasión, desde la presidencia de la República, se le den instrucciones a la FEADLE para que atraiga el caso y se pongan a trabajar en serio, pues de los casos que lleva desde su creación, esta fiscalía no ha dado resultados positivos, pues se la pasa litigando para evadir su responsabilidad de atracción.

EL MECANISMO DE PROTECCIÓN Y LAS MALAS PRÁCTICAS QUE LO ESTÁN LEVANDO AL COLAPSO

Como está sucediendo en diferentes estados del país, en Quintana Roo estamos conociendo de prácticas de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación que se han constituido en una mafia para vender estrategias a otras beneficiarias para que la Junta de Gobierno no les retire medidas de protección como los escoltas.

Desde luego que todos tenemos el derecho de defender derechos humanos, por medio de la gestoría o el litigio, en sus diversas modalidades para lograr que una institución como este Mecanismo cumpla con sus obligaciones establecidas por ley, pero hay evidencias de personas que solo buscan presionar a esta instancia de protección para que no les quiten los escoltas a pesar de que sus casos no lo ameritan, porque la información que proporcionan a la hora de la entrevista para su análisis de riesgo es falsa.
Estas personas supuestas periodistas o defensoras de derechos humanos, en su mayoría no requieren la protección de escoltas, porque solo las utilizan para intimidar a quienes pretenden extorsionar o para hacer mostrar fuerza y poder en sus actividades delictivas como el despojo de bienes inmuebles en ejidos como sucede en Quintana Roo.

Colegas de diferentes estados del país han ido documentando casos de personas beneficiarias que se colaron al Mecanismo y que no hacen periodismo, ni defienden derechos humanos, pero al no existir normatividad para hacer una adecuada selección, ocurren este tipo de prácticas que perjudican a las personas que realmente necesitan protección.

Otro asunto que debe explicar la Junta de Gobierno del Mecanismo es el análisis de riesgo que motivó que le retiraran la mayoría de medidas de protección a la periodista de Cozumel, directora del portal “Todo Incluido” a pesar que su situación de riesgo no se había resuelto, ni tampoco el Mecanismo pudo atender su salud física y emocional.

Es el momento, antes que las decisiones presidenciales desaparezcan al Mecanismo, hacer auditorias externas a los análisis de riesgo, porque no se puede estar invirtiendo millones de pesos en medidas de protección como escoltas y vehículos a personas que no tienen ningún riesgo, mientras que otras pierden la vida porque no son incorporados al Mecanismo o porque las medidas que les otorgan son insuficientes.

Quien también debe rendir cuentas de sus acciones en torno a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien se ha olvidado tanto de la Unidad de Derechos Humanos como del Mecanismo, porque está muy ocupado en ser candidato por el estado de México o tener otro cargo público de mayor jerarquía, sin tomar en cuenta que la encomienda fue defender y proteger los derechos humanos.

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA RINDE HOMENAJE A PERIODISTAS MEXICANOS ASESINADOS DE OCTUBRE DE 2021 A JULIO DE 2022

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desde su sede en Miami, dio a conocer que otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in memoriam a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha, además, dio a conocer a los ganadores de los premios a la Excelencia Periodística 2022 en sus 15 categorías.

Los trabajos premiados, seleccionados entre más de mil postulaciones, incluyen a periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

«El ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de nuestra América lo es tanto como en México. Este premio póstumo a 13 colegas que dieron la vida por informar verazmente es más que merecido», afirmó la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero.

En cuanto a los trabajos premiados este año, Mulero reflexionó que «representan la razón de ser del periodismo como instrumento esencial para informar y educar al público, así como para denunciar a los males de la sociedad».

Los 13 periodistas mexicanos asesinados a quienes se les confirió el Gran Premio a la Libertad de Prensa este año son: Sheila Johana García Olivera, Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso Echeverría y Fredy López Arévalo.

Graciela Machuca

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *