Clic Para Compartir

Se agrava la tortura en las cárceles de México

En la sección Polí­tica por el 9 agosto 2022 a las 10:41 am

Carlos Barrachina Lisón

Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (IMEESDN). Profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP)

3 de agosto 2022

El general de brigada retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió a principios del año 2019 como coordinador operativo de todas las cárceles federales de México. De la mano del entonces comisionado del sistema penitenciario, Francisco Garduño Yáñez, inició la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte del nuevo gobierno para reconducir la política penitenciaria. Fue nombrado con el respaldo de una brillante carrera militar, en la que llegó a ser director del Heroico Colegio Militar; y ya retirado, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. En el 2020 incluso sonó con fuerza como candidato para sustituir a Alfonso Durazo, como Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, cuando éste se lanzó como candidato a la gobernatura del estado de Sonora.

Existían altas expectativas en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la política penitenciaria mexicana. Se habló en la campaña y los primeros momentos de su administración de conceptos como “reconciliación”, “derecho humano”, e incluso se emitió un decreto, para que todas las personas que hayan sido torturadas en prisión fueran liberadas.

A día de hoy, la secretaria de gobernación, ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación, y empiezan a organizarse colectivos que señalan que el gobierno está prestado oídos sordos a los planteamientos de familiares e internos sobre la continuación, e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), en especial los gestionados de forma privada, que se conocen por el nombre de Centros Penitenciarios Concesionados (CPS).

Las principales quejas tienen que ver, en el mejor de los casos, con la escasa y deficiente alimentación, con la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas; con la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar, o de desarrollar una actividad laboral. En el peor de los casos, con el abuso de autoridad, con la tortura, y con la sistemática utilización de amenazas, tanto a los internos, como a sus familiares.

En el último año aproximadamente mil quinientos personas privadas de la libertad, de la mano de la asociación civil “Dignidad y Derechos Humanos”, han presentando más de doce amparos frente a la justicia federal para mejorar sus condiciones de vida en los CEFERESOS de Michoacán, Chiapas, Durango, Oaxaca y Guanajuato. Por otra parte, la periodista Guadalupe Lizárraga a través del medio Los Angeles Press, ha visibilizado diferentes casos particulares de abusos a derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario federal como local y se ha implicado en el activismo por mejorar las condiciones de vida de los presos; así como en detener las actividades de tortura que cada vez son más recurrentes.

El pasado 19 de julio, el día internacional de las Reglas Mandela, este colectivo se manifestó frente a Palacio Nacional, y posteriormente se acercó a las oficinas del representante del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, para denunciar al estado mexicano y demandar una intervención del organismo internacional.

Inicialmente los amparos tuvieron efectos positivos, y se atendieron alguna de las reclamaciones; pero últimamente se han empezado a incumplir las demandas, y se ha desatado una campaña de represión en contra tanto de los internos, como de sus familiares por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Ello se ha manifestado en golpes, negación de alimentos, agua, medicinas, y tiempo fuera de la celda; en traslados arbitrarios, y en acciones directas de abuso de poder y tortura.

El 14 de mayo de 2021 los internos del CEFERESO número 4, que se encuentra en el estado de Nayarit se rebelaron y señalaron a la directora Jazmín Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura. Estalló una huelga de hambre e incluso se acusó a la directora de la muerte de un interno.

El 14 de marzo del 2022 fue en el CEFERESO número 17, de Michoacán, en dónde los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al director Alfredo Reyes Vázquez, y al comandante de seguridad Roberto Lázaro Chavarría por abusos de autoridad. Derivado de ello, entró la Guardia Nacional al penal, y George Khoury Layón, a cuatro días de su audiencia de preliberación, y ocho internos más fueron trasladados a Guanajuato, y torturados tanto en su traslado, como en su llegada al nuevo centro penitenciario.

Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos, en el CEFERESO número 15, que se encuentra en Chiapas; la directora del penal Erika Adriana Tenopala Chausse, decidió no cumplir con las medidas ordenadas por los jueces, y endureció las medidas de represión en contra de las 235 personas amparadas. Derivado de ello, desde el día 4 de julio iniciaron los internos una huelga de hambre, que en estos momentos ha cesado, pero que ha continuado en rebelión al no regresar los internos a sus celdas.

La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder en el interior del penal y los traslados sin notificación, con efectos de represión, son algunas de las medidas que se han ido complicando en los últimos meses en el sistema penitenciario federal.

Las autoridades enfrentan un gran reto para quebrar esta cultura penitenciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Ello no sucede únicamente con el sistema federal, ni específicamente en los CPS.

El sistema local es todavía mucho más difícil de controlar, y los abusos a los derechos humanos, y los casos de tortura están a la orden del día. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada.

En el caso de la Ciudad de México, el caso del periodista desplazado Héctor Váldez, está evidenciando la falta de control tanto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como del Secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch. Desde el reclusorio oriente varonil, el periodista denunció no sólo las golpizas a las que había sido sometido, sino incluso las amenazas directas de Enrique Serrano, subsecretario del sistema penitenciario. Finalmente fue trasladado de forma intempestiva a mediados del mes julio del 2022 al reclusorio de Santa Martha Acatitla, siendo golpeado en el traslado y a la llegada del centro penitenciario. Estuvo cinco días sin tomar agua, y fue arrojado a una celda insalubre, que deliberadamente había sido entregada con excremento humano regado por todo el espacio.

Deja un comentario