Rosa Lilián Rodríguez, asesinada durante la búsqueda de su hijo desaparecido en Sinaloa

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

**Las huellas de la desaparición de personas en Quintana Roo.

La inseguridad pública a lo largo y ancho del país, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el clima de impunidad en la procuración y administración de justicia ha generado un fenómeno social y político durante las últimas décadas, cuando de víctimas directas o indirectas pasan a la defensa de los derechos humanos, circunstancia que incomoda a las autoridades, así como a perpetradores de feminicidios, desaparición forzada de personas y todo tipo de violencia.

En el proceso de búsqueda de personas desaparecidas han surgido organizaciones de familiares en busca de sus seres queridos, encabezadas, principalmente por mujeres, quienes además de buscar “hasta con sus uñas”, asumen el rol de defensoras y guías de las familias que inician el calvario de la búsqueda.

Quien no recuerda el caso de Marisela Escobedo en el norte del país, asesinada presuntamente por el feminicida de su hija. Este tipo de asesinatos se ha incrementado drásticamente en diferentes regiones a pesar de la presencia de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

Mientras se realizaban diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se dio a conocer el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, quien fue privada de su libertad el día 30 de agosto y al día siguiente fue encontrada asesinada en el municipio de Elota, en el estado de Sinaloa.

Rosario Lilián era madre de Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, desaparecido desde 2019, integrante del colectivo “Corazones sin Justicia” y buscadora solidaria, como otras tantas personas en México, dio a conocer la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en México (ONU-DH), institución que documentó que la víctima estuvo presente en brigadas de búsqueda con otros colectivos durante el mes de agosto en Sinaloa, “en las que habrían localizado cuerpos de personas fallecidas”.

ONU-DH sostuvo: “La privación de la libertad y el asesinato de la señora Rosario Lilián se da en el marco de la conmemoración del Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, fecha en la que colectivos y familiares de personas desaparecidas se manifiestan públicamente para exigir justicia a las autoridades, así como la localización de sus seres queridos. Resulta atroz y desgarrador que mientras amplios sectores de la sociedad se solidarizan con las madres buscadoras, haya quien les agreda a todas ellas, asesinando a una de sus hermanas de causa. Pese al dolor de este cruel mensaje criminal, sabemos que la marcha de las madres que buscan a sus seres amados en México no se detendrá”, sostuvo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de ONU-DH.

El organismo internacional recordó a las autoridades mexicanas la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda de acuerdo con lo establecido en el Principio 14 de los Principios Rectores de Búsqueda del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, mismo que indica que “la búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras”. La vulnerabilidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas que participan en las búsquedas debe llevar a adoptar medidas de carácter preventivo para que hechos como estos no se repitan, en los términos recomendados en el informe de misión a México del Comité contra la Desaparición Forzada.

En la edición del 28 de agosto del periódico Cambio 22 leímos sobre la localización de una fosa clandestina en terrenos cercanos a Xpu-Ha municipio de Solidaridad, en dónde se encontraron al menos cuatro cuerpos humanos, lo que confirma que el corredor turístico Riviera Maya “se ha convertido en un cementerio clandestino del crimen organizado”.

La misma nota informativa indica que en lo que va del año (2022) desde Cancún, hasta Tulum, se ha reportado el hallazgo de más de 40 cuerpos en diversos sitios, algunos de ellos producto del ajuste de cuentas entre las bandas criminales que operan en la zona Norte de Quintana Roo. Así como cadáveres, víctimas de secuestros y de otros delitos de alto impacto, que por una u otra razón los delincuentes ajustician a sus víctimas, pese a que las familias pagan su rescate o el derecho de piso que generan estas desapariciones forzadas.

En la edición digital del referido medio se puede leer que de acuerdo a los primeros informes, un grupo de trabajadores de ranchos cercanos al lugar hallaron la mencionada fosa clandestina la mañana del jueves 18 del mes en curso, cuando realizaban sus labores cotidianas. Tras observar unas bolsas negras con restos humanos que descubrieron en una cueva ubicada en terrenos que hacen colindancia entre los ranchos Cascabel y San Carlos.

Las cifras sobre desaparición de personas en Quintana Roo son diferentes para las autoridades como para los colectivos de búsqueda, por lo que hace falta que se establezcan protocolos y metodologías para llevar el recuento de este tipo de víctimas, así como el de personas no localizadas para que la sociedad tenga certeza tanto del trabajo de las autoridades como de sus pendientes, así como para que los colectivos tengan herramientas que les faciliten sus acciones de búsqueda.

Graciela Machuca

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