Necesariamente Incómoda 

Graciela Machuca Martínez 

La falta de panteones forenses e instalaciones para preservar los cadáveres que por alguna razón no han podido ser identificados legalmente en todo el país se ha convertido en un grave problema de salud pública que debe ser resuelto de manera inmediata por los tres niveles de gobierno con fundamento en la reciente legislación en materia de búsqueda de personas desaparecidas, de lo contrario seguirá agudizándose.

 

Miles de familias buscan en México a sus seres queridos desaparecidos y cifras oficiales conservadoras hablan en los Servicios Médicos Forenses, en hospitales y funerarias privadas hay unos 30 mil cadáveres sin identificar, principalmente víctimas de hechos violentos, por lo que le compete al Estado mexicano encontrar una solución de fondo, tanto para evitar una crisis de salud pública como para identificar esos cadáveres y sus familias les puedan dar una sepultura digna de acuerdo a sus creencias y a la vez encuentren la certidumbre que les hace falta y por ello están en búsqueda por todos los rincones del país, siendo que hay al menos 30 mil cadáveres que pueden significar la paz relativa de un importante porcentaje de familias mexicanas.

 

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo han reconocido que existen unos 700 cadáveres sin identificar en los distintos SEMEFOS de la entidad, para lo cual ya se realizan los trabajos para habilitar un panteón forense en Cancún que tiene capacidad para unos 600 cuerpos, con lo que se resolverá esté asunto que preocupa a la ciudadanía y particularmente al personal que labora en las áreas contiguas a los depósitos.

 

Recientemente, se volvió a difundir la información que en el Hospital de Playa del Carmen se tiene un frigorífico móvil donde se almacenan decenas de cadáveres lo que ha causado la preocupación de muchas personas, porque al no tener un suministro regular de energía eléctrica esa unidad, los cadáveres están en descomposición, lo que, además, del foco de infección que representa, se disminuyen las posibilidades de obtener la información física y genética para integrar las fichas técnicas y en el futuro sean identificables.

 

LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DEBEN PARTICIPAR EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

 

Este asunto, no es solo de una instancia estatal o de algún organismo autónomo en particular, sino de la conjunción de esfuerzos de los tres niveles de gobierno que deben ser coordinados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como por las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, porque cada una de estas instancias, cuenta con los organismos y la normatividad para resolver el problema.

 

Instancias como las comisiones de Derechos Humanos, de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas a nivel estatal, tienen las facultades para proponer políticas públicas para resolver el asunto, lo que hace falta es voluntad política y capacidades técnicas, porque no se trata de proponer ocurrencias, sino del diseño de propuestas basadas en metodologías multidisciplinarias presupuestadas.

 

La Secretaría de Salud en Quintana Roo tiene la obligación de resolver el problema, derivada de los convenios colaborativos con la Federación, pero esa instancia, desde la administración anterior solo fue utilizada para imagen política y desviar recursos destinados a la contingencia sanitaria por la pandemia (solo hay que recordar el tan visto de las carpas de Jorge Brizuela el venezolano algo así como 600 millones de pesos que hasta hoy no se aclaran); ahora corresponde directamente a la titular del Poder Ejecutivo Estatal tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario, quien actualmente dirige esa secretaría no hará nada hasta que su jefa superior se lo ordene.

 

El 19 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación de publicó el Acuerdo SNBP/001/2019 por el que se aprueba la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), con carácter extraordinario, multidisciplinario, con autonomía técnico-científica, que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia.

 

“El MEIF se compondrá de expertos forenses nacionales y/o internacionales, de carácter extraordinario y multidisciplinario, especializados en las diferentes ciencias que intervendrán en la práctica de peritajes multidisciplinarios de cadáveres o restos humanos, de conformidad con lo previsto en el presente Acuerdo; los estándares internacionales y mejores prácticas en la materia y que incluye protocolos vigentes en la materia y directrices nacionales e internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones jurídicas aplicables constitucionales y legales, y los convenios de colaboración, coordinación y concertación que se suscriban entre los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y autoridades competentes en la materia”.

 

Este mecanismo desarrollará su trabajo en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, su duración estará determinada por el cumplimiento de su mandato, lo cual será verificado por el Sistema, y tendrá independencia técnica y de operación en la emisión de sus dictámenes multidisciplinarios y las opiniones que genere.

 

Desafortunadamente, la integración y operación de este mecanismo a nivel nacional tiene muchos obstáculos y las fiscalías, hacen lo que sus facultades legales y financieras se lo permiten, como es, entre otras acciones, enviar al Instituto Nacional Electoral (INE) las huellas digitales obtenidas de los cadáveres, para intentar su identificación. Ha habido resultados positivos, pero en un número reducido de casos, tomando en cuenta el elevado número de cadáveres sin identificar.

 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE HA NEGADO A CONSTITUIR EL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES

 

La habilitación de un panteón forense que reúna todas las características técnicas que ya ha definido la ley, así como remodelación y ampliación de los depósitos de servicios médicos forenses, dotarlos de equipos para mantener los cadáveres en las mejores condiciones posibles, es necesario la integración de los equipos forenses multidisciplinarios se multipliquen por todo el país, porque estamos ante una crisis forense que deriva en un problema de salud pública y que debe ser atendido de manera urgente.

 

Al rubro de infraestructura hay que agregarle el cumplimiento cabal de la ley, porque instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), se ha negado sistemáticamente a emprender las acciones que se requieren en el ámbito de la búsqueda de personas.

 

El 20 de octubre pasado se dio a conocer que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República habilitar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) en un plazo de 40 días hábiles, en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, aprobada en 2017.

 

Quien promovió el amparo, Olimpia Montoya,  busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato, dijo que la resolución de Óscar Macías Guerrero, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacateas, “va a beneficiar a cientos de familiares y a personas que perdieron la vida en el país, como los migrantes centroamericanos, y que no han podido ser localizados”.

 

Montoya explicó que en la actualidad, sin el BNDF, “es difícil encontrar a nuestros desaparecidos porque tenemos que llevar nuestro perfil genético a varias partes del país para que sea cotejado, porque no sabemos si nuestro familiar fue llevado a otro estado o a la frontera; con un Banco de datos forenses, va a ser más accesible la identificación entre los cuerpos de personas fallecidas, que están bajo disposición de las fiscalías”, de acuerdo a lo publicado por la Revista Proceso.

 

El juez consideró  que los 40 días hábiles impuestos a la FGR a partir de que la sentencia cause ejecutoria es un plazo “oportuno (…) debido a que a la fecha ha transcurrido un lapso considerable desde que se hizo exigible que ambas herramientas (el BNDF y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas) del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzaran a operar”, toda vez que, y de acuerdo con la ley, “debían estar operando a más tardar el 16 de enero de 2019”.

 

En lo que respecta al cúmulo de cadáveres en diversos espacios del estado de Quintana Roo, la Secretaría de Salud y el Congreso del Estado tienen la palabra para asignar recursos y definir como se soluciona esta crisis.

FOTO: FORBES MEXICO

Graciela Machuca