Fracciones parlamentarias del Congreso de Quintana Roo le apuestan al caos en la entidad para obtener ganancias políticas y económicas
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Los cambios de gobierno generan severas sacudidas en los grupos de poder formal y facticos, los reacomodos en un periodo de transición gubernamental son normales entre la clase política de las entidades federativas y desde luego a nivel del gobierno federal, conforme pasa el tiempo las aguas toman su cause y el nuevo gobierno empieza a trabajar con su dinámica propia, pero el equilibrio que permite la división de poderes es fundamental para preservar el orden institucional, pero en Quintana Roo, el Congreso con su ineficacia y ostracismo está permitiendo la anarquía, el caos y el retroceso institucional, tal parece que quienes tienen se siente dueños del poder legislativo quintanarroense lo que quieren es que el Poder Ejecutivo se desgaste para que después ellos se repartan las ganancias.
Quienes integran la XVII Legislatura en Quintana Roo se han olvidado que, además, de su responsabilidad legislativa, también tienen responsabilidades políticas y éticas para cogobernar al estado, que su obligación es llevar a la agenda legislativa temas importantes para la vida cotidiana del estado, como es la seguridad pública y la procuración de justicia, porque al no intervenir y modificar las reformas constitucionales mal hechas en estas materias se convertirán en cómplices de los gobiernos del pasado y ya no tendrán elementos para echarles la culpa.
La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene muy claro para que llegó al Congreso, llegaron con una línea, de legislar y hacer tráfico de influencias para los negocios sucios de sus dirigentes estatales y nacionales, mientras que los de MORENA solo esperan las órdenes del nivel central o de quien gobierna la entidad, a tal grado que no tienen una agenda definida como fracción, solo van a por donde los lleve el viento presidencial.
Un asunto que la Legislatura escondió en las “letras chiquitas” fue el aumento al Impuesto Predial, entre otros impuestos y derechos, que afectarán directamente a la población residente en la entidad y desde luego a los miles de visitantes, a quienes se les cobra por venir a gastar su dinero a Quintana Roo.
El llamado Observatorio Legislativo le hace un llamado a quienes integran la XVII Legislatura, para que se pongan a trabajar y a revisar asuntos urgentes que afectan a todo el estado, la movilidad, la estructura orgánica de la administración estatal y municipal, así como reformas al Código Penal que se han ido posponiendo por falta de interés de los partidos políticos representados en el Congreso, ha declarado a la prensa, Eduardo Galaviz Ibarra, su representante.
Lo que han realizado durante el primer periodo ordinario de sesiones solo fue de trámite para aprobar asuntos que podrían ser de rutina, pero que involucran a la economía del pueblo, como es la Ley de Hacienda y el Presupuesto.
Hace unos días, el mismo observatorio alertó a la ciudadanía sobre aumentos de hasta 1,362% en el impuesto predial para algunas zonas de Cancún con las nuevas tablas catastrales aprobadas para este año por el cabildo de Benito Juárez, derivado de las modificaciones legislativas que en la materia hizo la XVII Legislatura local, por lo que esos mismos criterios utilizarán el resto de ls ayuntamientos para incrementar el impuesto predial y satisfacer las ambiciones de los concejales y de quienes se reparten los recursos municipales.
“En estos días ya se están publicando en la lista de acuerdos de los juzgados federales la aceptación de los amparos interpuestos por diversas personas físicas y morales que consideran que sus incrementos son excesivos y como mencionamos desapegados al debido proceso de legalidad”, declaró Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio.
De acuerdo al análisis del organismo civil, a supermanzana 56 de Cancún tendrá un incremento de 227 por ciento; la supermanzana 3 en el centro de la ciudad un aumento de 140 por ciento, mientras que el más alto de 1,362% se pagará en la supermanzana 336.
Además, este análisis del Presupuesto de Ingresos 2023 hecho por el Observatorio indica que hay otros incrementos en derechos y servicios que cobra el ayuntamiento, como el de recolección de basura, respecto del cual se reportan quejas de un comercio que el año pasado pagaba 30,000 pesos y para este año pagará 45,000 pesos.
Ya está en trámite un recurso de revocación para anular las nuevas tablas, pero es el Congreso del Estado, la instancia que le debe explicar al pueblo, el por qué dejó vacíos legales en el cobro de impuestos para que los Ayuntamientos ahora se despachen con la cuchara grande.
Otra exigencia que se le hace el Congreso adecuar Ley de Movilidad, que incluya temas de entrada legal de Uber, regular a los mototaxis, así como supervisar de manera más precisa las concesiones en los servicios de transporte en general, sin embargo, estos temas son de poco interés para la agenda legislativa quintanarroense.
Legislar por encargo en perjuicio de la sociedad quintanarroense ocasionará que la ciudadanía vaya dándose cuenta que cada error legislativo se puede enmendar por medio del recurso de amparo, solo de esta manera se puede demostrar que el Poder Legislativo, más que generar un equilibrio solo le apuesta al caos en la entidad para llevarse ganancias políticas y económicas.
Graciela Machuca
