Congreso de Quintana Roo en la mira nacional e internacional por convertirse en cuna de retrocesos en materia de DDHH
Necesariamente Incómoda
**Para evitar que la clase política cumpla con principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas la Legislatura pretende criminalizar a periodistas y a las audiencias.
**Las pretendidas reformas al Código Penal buscan encarcelar, hasta por ocho años, a quien ejerza el Derecho a la Información que consiste en recibir, investigar y difundir cualquier tipo de información.
Graciela Machuca Martínez
Luego de un desempeño gris e improductivo como integrante de la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, la diputada Iris Adriana Mora Vallejo, protegida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 21 de septiembre de 2021, presentó al Congreso una iniciativa de decreto para reformar el Artículo 194 Bis y 194 Ter del Capítulo denominado Violación de la Intimidad Personal o Familiar del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
De acuerdo a la normatividad vigente del Congreso, dicha iniciativa tiene como fecha de vencimiento para dictaminar el 18 de febrero de 2022 y para ser discutida en el pleno el 20 de marzo del mismo año, por lo que le urgió a quienes cobran como legisladores elaborar el dictamen correspondiente antes de la fecha de vencimiento y tunarla de inmediato al pleno para lograr su objetivo de dejar como herencia un elemento más de criminalización a quienes ejercemos el periodismo y a toda persona que decida ejercer con plenitud su derecho a la libertades de pensamiento, opinión, expresión, prensa e información.
Sin duda, el actuar de las personas legisladoras locales de Quintana Roo en perjuicio de la sociedad a la que están obligadas a servir se verá reflejado en el comportamiento del electorado en la jornada del próximo domingo 5 de junio, porque al hacer un recuento de los beneficios que ha tenido el pueblo durante la presente Legislatura, solo encontramos retrocesos, principalmente en materia de derechos humanos.
Además, de que los plazos para dictaminar y someter al pleno la referida iniciativa están a punto de fenecer, a la diputación quintanarroense se ha subido a la tendencia impuesta por el gobierno federal de criminalizar, denostar y desacreditar todo intento de ejercer la libertad de expresión de este país, con lo que se le estaría haciendo el trabajo sucio en contra de la actividad periodística, con lo que se nos demuestra que los representantes populares solo están al servicio de los grupos de poder calificados como integrantes la mafia o de la llamada ala demócrata, pero al fin al servicio del poder.
A partir de consumarse la imposición del Congreso local en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, esperamos una avalancha de reformas a la normatividad interna del Congreso, así como retrocesos en materia de derechos humanos, al realizar adecuaciones a modo para criminalizar a quienes se atrevan a cuestionar a la clase política en la entidad.
Las funciones de la XVI Legislatura están a punto de terminar, por lo que las fracciones parlamentarias han hecho un pacto para protegerse mutuamente, sin interesarles que estén violentando principios constitucionales como los de progresividad y propersona.
Al iniciar los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVI Legislatura de Quintana Roo, hasta el 20 de marzo próximo, se concretará un atentado más a la libertad de expresión en la entidad, que se caracterizó por ser unas de las primeras que llevó al Código Penal la agravante en los casos de delitos cometidos contra la libertad de expresión, pero quienes ahora les toca legislar, lo que menos les importa es saber que mientras más se fortalezcan derechos fundamentales com o el de la libertad de expresión, se fortalece aún más la democracia.
El autoritarismo que se vivía en México en tiempos cuando el PRI y el PAN estuvieron en el gobierno federal, ahora solo toma un nuevo vestido, respaldado por el pueblo, pero es el mismo en el que la clase política actúa con una visión patrimonialista de la administración pública.
Quienes le laboraron el proyecto de iniciativa a la diputada Mora Vallejo tienen muy claro que las referidas reformas permitirán que las mujeres y hombres que viven de la política partidista y gubernamental, puedan beneficiarse con el silencio de la prensa ante el temor de ser denunciados penalmente y correr el riesgo de ser encarcelados por ocho años.
Pero la propuesta de reforma, además de criminalizar la actividad periodística también va dirigida a penalizar a las audiencias, con lo que se concretiza el atentado al Derecho a la Información, que debe ser garantizado por el Estado Mexicano, el cual reconoce que este Derecho consiste en difundir, investigar y recibir todo tipo de información que sea del interés de la persona.
El Poder Legislativo de Quintana Roo tiene agendado, en contra de los principios de progresividad y propersona, retroceder en materia de derechos humanos, debido que sus integrantes están convencidos que el Capítulo IV denominado Violación de la Intimidad Personal o Familiar debe quedar como sigue:
Artículo 194 Bis. – Para efectos de los dispuesto en el presente capítulo, deberá entenderse, por derecho a la intimidad, la manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público, es decir, la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás que tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros.
El derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado para sí y para su familia.
Por lo tanto, la violación de la intimidad personal o familiar, consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar, publicar o amenazar con publicar información y/o comunicaciones de índole personal, profesional o confidencial, vinculadas con la vida privada de una persona, que se realicen en su domicilio o en cualquier lugar dentro de un entorno privado o familiar, sin su aprobación o sin su autorización expresa de la persona que sufre la afectación.
Al responsable de violar la intimidad personal o familiar, se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 200 a 300 días multa, así como el pago total de la reparación del daño y perjuicios ocasionados.
Artículo 194 Ter. – Se aumentará una pena de tres años de prisión, a quien, sin consentimiento o sin autorización judicial y con el fin de violar la intimidad personal o familiar, utilizando cualquier medio:
I.- Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase;
II.- Reproduzca los documentos u objetos que contengan información relacionada;
III.- Escuche, observe o grabe una imagen fija o en movimiento, el sonido o ambos.
IV.- Acceda a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietarios o poseedor legítimo.
Esta aberración en materia de derechos humanos no pasa un análisis jurídico de lo que se entiende por ámbitos privado y público, porque el espíritu de esta reforma es político, de opacidad, para que la clase gobernante siga despachándose con la cuchara grande en perjuicio de los intereses de la sociedad.
A la diputada perredista o a sus asesores, se les olvidó que existen principios en materia de transparencia y rendición de cuentas, que ubican a las personas servidoras públicas como responsables que sus actos privados no afecten los intereses públicos.
Es muy sabido en una sociedad que tenga la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, que las personas servidoras públicas están más expuestas al escrutinio público y no por su ámbito privado, sino por su quehacer público, porque es la sociedad, la que les paga un salario por desempeñar una función pública, por lo que se deben apegar a la transparencia y a la rendición de cuentas y quien no esté dispuesto a exponerse púbicamente, que no se alquile como servidora pública.
La administración pública hoy en día debe operar con el principio de máxima publicidad, el cual está consagrado en el Artículo Sexto de la Carta Magna y en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El Congreso de Quintana Roo seguirá en la mira de observadores nacionales e internacionales, por haberse convertido en un generador de retrocesos legislativo en materia de derechos humanos y desprotección a víctimas del delito, de violaciones de derechos humanos y del poder político.
Graciela Machuca
