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A 15 años de la fundación del OCNF se redoblan tareas en contra de la violencia contra las mujeres que impera en todo el país

En la sección Mujeres por el 20 octubre 2022 a las 9:23 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

Como parte de las actividades conmemorativas del XV Aniversario de la Fundación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), este 18 de octubre sus integrantes nos reunimos en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, también para recordar la lucha que emprendió Marisela Escobedo para exigir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, quien fue víctima de desaparición y posterior feminicidio en el estado de Chihuahua. Marisela, también fue asesinada años después de que inició un movimiento que sigue vigente hoy en día.

En memoria de ella, de las víctimas de feminicidio y de todas las defensoras de los derechos humanos que hoy no están con nosotras, queremos refrendar nuestro compromiso en la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se lee en un comunicado difundido por el OCNF.

LAS MALDITAS CIFRAS DE FEMINICIDIOS QUE SE INCREMENTAN

Se recordó que en 2009 se registraron mil 858 defunciones femeninas con presunción de homicidio, es decir, 5 asesinatos violentos de mujeres al día, mientras que en el 2021, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas 3,750 mujeres, sólo 1,004 casos se investigaron como feminicidio.

En 12 años el número de feminicidios se duplicó y desde entonces, cada día en nuestro país se asesina a un promedio de 10 mujeres. Hoy vivimos una realidad muy grave de acuerdo a las estadísticas analizadas por el OCNF.

El surgimiento del Observatorio fue una respuesta a la inacción del Estado y a la falta de reconocimiento de una problemática grave que cobraba la vida de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, así como a la necesidad de que organizaciones nacionales dieran seguimiento a las acciones que el Gobierno Estatal y Federal debían impulsar para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres.
El OCNF sostiene que su fundación fue una apuesta colectiva.

LA DIGNA RABIA

“Nos integramos por organizaciones y defensoras de derechos humanos, mujeres comprometidas con trabajo en territorio, que desde diversas disciplinas entregan sus conocimientos, su tiempo y esfuerzo a la lucha por los derechos de las mujeres, quienes consideramos fundamental caminar juntas y concentrar nuestros esfuerzos a la lucha contra la violencia más grave hacia las mujeres: la violencia feminicida, y contribuir en la exigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
En estos 15 años “hemos visibilizado la misoginia y discriminación que se ejerce en los asesinatos violentos de mujeres. México fue uno de los primeros países en tipificar el delito de feminicidio, con ello se contribuyó a identificar las razones de género que obligan a las autoridades a investigar estos casos con perspectiva que garantice el acceso a la justicia”, se lee en el comunicado institucional.

EL OCNF Y LO QUE QUEDA POR HACER

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) seguirá alzando la voz para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales garanticen:

Que cada estado de la República cuente con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo marca la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que dichos protocolos cuenten con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para su efectiva implementación.

Que cada entidad federativa cuente con fiscalías especializadas, con personal capacitado y sensible con las víctimas frente a la problemática del feminicidio, que cuente con equipos periciales en materia de medicina forense, criminalística y disciplinas sociales, con perspectiva de género, que garanticen la acreditación científica del delito de feminicidio y los contextos de violencia en los que estos ocurren.

Que las y los Ministerios Públicos realicen planes metodológicos de investigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de criminalidad organizada, incorporen en sus investigaciones líneas de investigación identificadas por las Unidades de Análisis y Contexto, que permita la sanción oportuna de agresores y eviten que éstos vuelvan a delinquir, como lo han hecho los denominados “feminicidas seriales” bajo el cobijo de la impunidad.

Que las y los funcionarios públicos que obstruyan el derecho al acceso a la justicia sean sancionados, a fin de evitar la revictimización y para poner un alto a la violencia institucional. Asimismo, que la “Ley Ingrid” esté presente en todo el país, con el fin de sancionar a quienes atenten contra la dignidad de las víctimas a través de la difusión de imágenes claramente revictimizantes.

Que se sancionen de manera efectiva los casos de tentativas de feminicidio, incluyendo como tales los ataques con ácido, que se han convertido en una nueva y cada vez más frecuente modalidad de las agresiones feminicidas.

Que se generen acciones de prevención, atención y sanción integral a la problemática del feminicidio, a partir de la propuesta de la Ley General contra el Feminicidio, en el que se retome el tipo penal que ha demostrado eficacia en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la problemática como las estrategias de prevención, la reparación del daño y la atención a las niñas y niños en situación de orfandad por este delito.

Que se generen las políticas públicas y procedimientos necesarios para la adecuada implementación de las órdenes y/o medidas de protección para las mujeres y niñas en situación de violencia, las cuales requieren de una efectiva coordinación interinstitucional.

La tarea que tenemos en todo el país es ardua para defender los derechos de las mejores y para ello requerimos de una organización civil articulada que priorice los intereses de las víctimas y sus familias, para que en cada uno de los casos se llegue a la justicia y se haga efectiva la no repetición.

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